Interpelación a Ambiente y OSE por proyecto Arazatí: Carballo afirmó que será un “negocio redondo” para los privados

Desde las 10.00 el diputado por el Frente Amplio (FA) Felipe Carballo interpela en la cámara baja a las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE por el proyecto Arazatí, que fue adjudicado hace poco más de una semana al Consorcio Aguas de Montevideo, que lo integran las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. OSE había recibido otra oferta, que finalmente no prosperó, que fue la del Grupo Arazatí, integrado por Teyma Uruguay y Compañía Electrónica Industrial.

En su larga exposición, en donde criticó y cuestionó el proyecto aceptado por el gobierno, Carballo sostuvo que el ente pagará un canon de 50 millones de dólares por 17 años y medio, lo que en total serán más de 800 millones de dólares. El proyecto Neptuno “resulta para nosotros de enormes y graves consecuencias”, afirmó.

En ese sentido, expuso que implica “perjuicios para el país y su gente, desde el punto de vista económico, medioambiental, sanitario, que afecta al patrimonio del Estado y en particular a una empresa pública del Estado, que tendrá consecuencias e impactos en la producción, en la industria, en el trabajo nacional, y que vulnera la Constitución de la República”. “Vulnera en lo estratégico y en nuestro posicionamiento geopolítico y nuestra soberanía”, agregó el diputado frenteamplista.

Según Carballo, no se habla “de que no pueda ser una alternativa, una posibilidad en sí misma cierta, real o complementaria a otro proyecto. Estamos diciendo que, tal como viene concebido este proyecto, no es el proyecto que el país necesita”.

Asimismo, expresó que garantizar el acceso al agua potable a la población es un “mandato constitucional, y debiera ser una política de Estado en manos del Estado y a cargo del Estado”. “Este proyecto, que entrega el agua a manos de privados, es en sí mismo un ataque a nuestros derechos”, afirmó ante las autoridades y legisladores presentes en el recinto de la cámara baja.

En ese marco, expuso que la inconstitucionalidad “no se resuelve sólo con que OSE opere la planta, produzca y suministre”, y apuntó que “no hacerse cargo de la toma de agua y de la calidad de agua para producir, dejando esto en manos privadas, violenta la disposición constitucional”.

Por otra parte, afirmó que siguen pensando que “debe ser prioritario el proyecto Casupá”, que ya había sido financiado por la CAF.

“Con nombre y apellido”

Carballo expresó que la iniciativa privada “es ilegal” y que en este caso “se ha avanzado un camino para favorecer con nombre y apellido”. “¿Cuáles son los motivos por los que se prioriza la iniciativa privada de un consorcio cuando parte de los responsables del mismo en estudios previos manifestaron la inconveniencia de tomar agua del Río de la Plata? Este no es un proyecto original ni mucho menos, ni que no haya sido estudiado por OSE con anterioridad”, cuestionó de forma tajante.

Además, señaló que “frente a distintas formas de financiamiento posibles el gobierno prioriza la financiación privada”, que según la oposición es “tres veces más costosa para el Uruguay”. “Arazatí o la posibilidad de tomar agua del Río de la Plata son la misma cosa, salvo que este proyecto denominado Neptuno no sólo es una iniciativa privada sino que termina siendo una decisión política del gobierno”, planteó. Además, dijo que ya desde la década de 1970 y en la década del 2000 se hicieron estudios de factibilidad de la toma de agua del Río de la Plata y que cada vez la OSE y “estudios privados rechazaron esa idea”, recordó.

En ese marco, sostuvo que el gerente general de OSE, Arturo Castagnino, reconoció en el informe en el que recomendó la realización de este proyecto que ya existían estudios anteriores al respecto. “Castagnino hizo este proyecto, es el padre de la criatura. También es evidente que alguien lo pasó a una empresa privada para que lo presentara como empresa privada”, estableció.

Por tanto, el FA argumenta que se quiere hacer “pasar gato por liebre” y que este proyecto no se encuadra como iniciativa privada. Por eso, una de las preguntas que planteó Carballo es por qué se impulsó este proyecto que había sido rechazado en años anteriores: “Es evidente que el gobierno está abusando de la herramienta de la iniciativa privada, ya sea por incapacidad o por conveniencia propia o ajena”.

A su vez, sostuvo que a una semana de “venir” al Parlamento las autoridades “entregaron la licitación”, pese a que existe un recurso de no innovar en la Justicia civil, “y hoy nos enteramos también de que ingresó un recurso del sindicato de OSE que pide que se anule la licitación”.

Carballo se refirió también a la modificación del decreto que reglamentó la Ley 17.555 -relativo a la concesión de proyectos de iniciativa privada- en octubre de 2021. “La iniciativa privada de Neptuno se presentó en octubre de 2020, pero modificamos el decreto un año después. Es claro que estando vigente el decreto 442 de 2002 los promotores de la iniciativa privada jamás podrían haberse beneficiado del 12% -de ventaja- sino, a lo sumo, del 5%”, acotó.

El frenteamplista argumentó que al haberlo modificado, este proyecto se ve beneficiado directamente -porque se quitaron requisitos, como, por ejemplo, la declaración de interés de parte del inciso involucrado y la publicación en el Diario Oficial-. “Es gravísimo cambiar un decreto a sabiendas de que lo hace con nombre y apellido”, acusó, y más adelante indicó que el consorcio “ya se aseguraba dos millones de dólares en el bolsillo, una vez que se presentó el proyecto”, en caso de que costara 210 millones de dólares, cosa que finalmente no ocurrirá.

De estudios ambientales

El legislador frenteamplista sostuvo que el proyecto Arazatí no cuenta con el aval de la academia ni de los trabajadores de OSE; además, expresó que el gobierno “no tiene un estudio de impacto ambiental”, por lo que surgen “un montón de dudas” sobre por qué todavía no hay uno. “Durante 17 años y medio vamos a pagarle casi 50 millones de dólares; cuando aparezcan los informes ambientales el Estado va a seguir teniendo que poner plata”, consideró, y afirmó que los informes que se conocen fueron a través de las organizaciones sociales, que se manifestaron en contra.

“¿El ministro [Robert Bouvier] estuvo en la zona de Arazatí? ¿Ingresó por el camino Voulminot? ¿Estuvo en la portera? ¿Bajó por el barranco? ¿Caminó por la arena? ¿Observó los tipos de aves que hay ahí? Yo estuve allí, hablé con los vecinos. Lo que van a hacer con ese habitat, esa playa paradisíaca, no tiene nombre”.

Carballo insistió que “a todas luces” se trata de una mala inversión “para los uruguayos”, mientras que para los que le van a vender el agua bruta al Estado “es un negocio redondo”. En ese marco, se preguntó si van a aumentar las tarifas de agua y cuánto: “¿Le van a dar un mazazo a la ciudadanía de este país o van a pedir plata de rentas generales, que también la terminamos pagando todos? Es importante que la ciudadanía sepa. Este proyecto está pensado para 2045, y hasta 2026 no van a pegar un ladrillo. Nos preocupa el nivel de endeudamiento que va a tener”, expresó, y estimó que serán unos 600 millones de dólares, por lo que será “una OSE fundida” que “en el piso la van a dejar”.

“No hay forma de que los privados pierdan, el único va a ser el Estado uruguayo; de todas las plantas potabilizadoras que tiene OSE es la primera vez que le vamos a estar comprando agua a un privado para potabilizarla”, apuntó.

El objetivo de la interpelación, sostuvo Carballo, es que al final de la sesión “todos los legisladores coincidamos y que se detenga todo este proceso que se viene haciendo con el proyecto Neptuno”.

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