Senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio (FA) presentaron un pedido de informes luego de que el Ministerio del Interior (MI) resolviera seguir adelante con la licitación para la compra de un nuevo sistema migratorio para la seguridad en aeropuertos, puertos y fronteras, que fue adjudicada a la empresa Veridos México, a pesar de haber recibido observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) y reclamos por parte de las otras empresas interesadas en vender su equipamiento.

La licitación, que tuvo lugar en julio de 2022, se convocó para la “solución llave en mano para la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay”, señala la resolución del TC a la que tuvo acceso la diaria. Al llamado se presentaron Dafiway y Vilnago, como promesa de consorcio entre ambas, y Veridos México, que lo hizo con la promesa de consorcio con la firma Veridos GMBH. Tras el otorgamiento de la licitación a Veridos GMBH por diez años renovables, el 23 de enero Dafiway y Vilnago pidieron que se descalificara a su competidora dado que, entre otras cosas, no había adjuntado en su presentación la garantía de mantenimiento de la oferta por 200.000 dólares.

Este martes el senador frenteamplista Charles Carrera anunció por medio de su cuenta de X que, debido a la “diligencia y riesgo inminente de un nuevo juicio contra el Estado”, los senadores de su sector presentaron un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre el proceso y la adjudicación del Sistema Migratorio. “Según tuvimos conocimiento, se adjudicará a una empresa que no cumplió con el pliego de condiciones y fue observado –en dos oportunidades– por el TC, por unanimidad”, escribió.

Agregó, además, que el MI “violó de manera grosera el pliego licitatorio, porque la empresa ganadora, Veridos, hizo el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta luego de la apertura de los sobres. Un hecho increíble que le va a implicar al Estado uruguayo un juicio contra el resto de los competidores”. En esa línea, solicitó a los diputados del FA a convocar a las autoridades de la cartera, a la que calificó como “controversial”.

En el pedido de acceso, al que accedió la diaria, los senadores del MPP cuestionaron “por qué se siguió adelante con el proceso de contratación a pesar de haber una observación insubsanable de parte del Tribunal de Cuentas de la República”, y “por qué se busca forzar una adjudicación ilegal”, que podría implicar litigios millonarios, dado que la contratación a Veridos es por 30 millones de dólares, a pesar de la existencia de otra oferta válida que cuenta con un puntaje mayor.

Según detallan en el documento, el “punto clave” de la observación del TC refiere a la garantía de mantenimiento de oferta, que implica que los oferentes debían presentar un “comprobante de depósito en efectivo” por 200.000 dólares previo a la apertura de sobres, que se realizó el 27 de octubre de 2022 a las 10.00. Ese día, a las 16.53, Veridos envió un mail informando que no había podido depositar el dinero en el horario de apertura, sino que lo hizo después. “A pesar de que el Ministerio del Interior afirma que la empresa adjudicataria realizó un depósito en efectivo de US$ 200.000 en la cuenta de la cartera en forma previa al acto de apertura, eso no es cierto”, aseguran los senadores.

En esa línea, criticaron que el ministerio resolvió hacer “caso omiso” a las observaciones del TC. Asimismo, aseguran que hubo otro incumplimiento: de los 200.000 dólares que debían ser depositados, ingresaron a la cuenta del Banco República, por un lado, 199.988 y, al día siguiente, los 12 dólares restantes. “Por lo tanto, a la hora de la licitación 10 am no estaba ni siquiera acreditado el monto establecido en el llamado”, reprocharon. “Como ya expresamos, dicho con otras palabras y sumando este nuevo elemento (siendo un requisito excluyente y no subsanable), no es admitible que fuera de hora de la apertura se ajusten los documentos no presentados. Fuera de hora y por un monto menor, dos veces quisieron subsanar el incumplimiento”, sentenciaron.

En diálogo con Búsqueda, fuentes del MI indicaron que “lo que ocurrió es que al momento de la apertura de las ofertas dicho importe aún no se había acreditado en la cuenta del ministerio. Pero el pliego no exigió la acreditación efectiva en la cuenta del ministerio, sino la transferencia realizada con anterioridad al acto de apertura y su acreditación mediante el comprobante respectivo. Ambos extremos fueron cumplidos por el oferente”.