El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, recibió este martes en su despacho a vecinos y productores de Florida y Lavalleja para intercambiar sobre sus preocupaciones acerca del proyecto de construcción de una represa en Casupá. En setiembre, OSE informó que ya concretó la expropiación de seis fracciones de terreno en el departamento de Florida, que abarcan una superficie aproximada de 61 hectáreas, donde se instalará el obrador de la represa.
A la salida de la reunión, dos de los vecinos, Álvaro Rivadavia y Walter Martínez, hablaron con la prensa y señalaron que la instancia con el ministro “es algo solicitado de larga data” y que lograron transmitirle todas sus dudas y reparos con respecto a la represa. A principios de agosto, vecinos y productores de Casupá se movilizaron en Montevideo en rechazo a la represa y pidieron un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.
El grupo de habitantes del entorno del arroyo Casupá le entregó un documento a Ortuño que sintetiza las principales preocupaciones, así como posibles alternativas. El texto, al que tuvo acceso la diaria, plantea siete “inconvenientes” de la iniciativa en la zona: pérdida productiva, daño ambiental, perjuicio social, aislamiento territorial, pérdida patrimonial, seguridad hídrica, riesgo geológico y sísmico, costo de la obra y alternativas “insuficientemente comparadas”.
Los vecinos consideran que para asegurar el objetivo del proyecto, que es garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, es necesario que “la solución exigida esté respaldada por información actualizada, estudios técnicos suficientes, una evaluación integral de sus consecuencias y una comparación seria con otras alternativas de abastecimiento”.
Rivadavia comentó que tuvieron la posibilidad de manifestarle a Ortuño “una serie de problemas que hasta ahora no estaban siendo considerados”, lo cual valoró como positivo. En esa línea, Martínez dijo que, a partir de la conversación con el ministro, se van con algunas cuestiones “un poco más claras” que antes, cuando tenían “muy poca información”.
En una rueda de prensa, en línea con lo expresado por el presidente de OSE, Pablo Ferreri, días atrás, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que no se va a avanzar en el proyecto hasta que se emita la autorización ambiental previa. En ese sentido, y consultado sobre cuándo terminarán los estudios ambientales, el ministro informó que la cartera ingresó en “la etapa final decisiva que va a llevar estos meses de 2026”.
“Esperamos, a fin de año, poner de manifiesto los resultados, de modo de recibir aportes, críticas que sean insumos para la audiencia pública donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de recibir la información y realizar los planteos correspondientes en relación con el estudio de impacto ambiental”, apuntó.
Vecinos proponen la zona de Areneras de Arrospide como alternativa de almacenamiento de agua
El ministro expresó que se comprometió a dar una respuesta a las propuestas realizadas por los vecinos. Según subrayó, “muchas” ya las han estudiado y descartado, y “otras serán analizadas y respondidas”.
En el documento que entregaron, en términos generales los vecinos solicitan que el Ministerio de Ambiente “garantice una evaluación integral y transparente, que escuche formalmente a las comunidades afectadas y que contribuya a que la decisión final se base en evidencia verificable y en una comparación real de las alternativas”. Una de las sugerencias es directa: “considerar expresamente la alternativa de no construir Casupá” si “la comparación demuestra que otra estrategia puede garantizar el abastecimiento con mejores resultados globales y menores impactos”.
En ese sentido, proponen como alternativas, por ejemplo, la zona de Areneras de Arrospide, en el departamento de San José, puesto que se trata de “un área previamente modificada por la actividad humana, con potencial para evaluar soluciones de almacenamiento de agua que reduzcan nuevos impactos territoriales”.
Otra de las propuestas está vinculada a la desalinización del agua de mar mediante “ósmosis inversa”, que “permitiría incorporar una fuente de agua menos dependiente de las lluvias, aprovechando la extensa costa oceánica del país como parte de una estrategia diversificada”. También plantearon “la reutilización de aguas residuales tratadas para usos industriales, urbanos y productivos no potables” que “permitiría disminuir la demanda de agua potable y reservar prioritariamente para el consumo humano”.
Además, solicitan “actualizar la información técnica y territorial”; que se compare de forma integral las alternativas; que se publique el costo total y desagregado del proyecto en relación con las obras adicionales que puede implicar la represa –sobre lo cual Ortuño les informó que el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe lo contempla–; que se garantice la participación formal de vecinos y productores; que se proteja a las familias y comunidades potencialmente afectadas así como a la producción y el patrimonio; que se informe de las medidas de protección de la calidad del agua, y que se garantice que la decisión contemple “todas las alternativas”.