Diez días son los que tiene una comisión bicameral del Congreso argentino para pronunciarse con respecto al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el gobierno del presidente, Javier Milei, en el que se instalan varias de las propuestas que formaron parte de la plataforma con la que el libertario se impuso en la segunda vuelta, el 19 de noviembre. Si bien el decreto rige desde el 29 de diciembre, el Congreso igualmente tiene que analizarlo, y si se rechaza en ambas cámaras, queda sin efecto; de lo contrario, seguirá vigente.

Este decreto abre paso a varias privatizaciones en el Estado argentino y desregula mercados, como el inmobiliario. Asimismo, el DNU introduce una reforma laboral que, entre otras cosas, cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido reduciéndolas, además de abrir la posibilidad de que se cambien por un “fondo de despido”; también extiende el período de prueba para los trabajadores, durante el cual podrían ser despedidos sin ningún tipo de indemnización, de tres a ocho meses.

En su capítulo cuatro, el DNU reconoce el derecho de realizar asambleas o congresos para elegir “los representantes sindicales dentro de la empresa”, que tendrán “derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. En el siguiente párrafo, se prohíben ciertas “conductas” que se consideran “infracciones muy graves”, tales como “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza” o “provocar el bloqueo o tomar un establecimiento” y ocasionar “daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros”, lo que puede ser causal de despido.

Si bien estas disposiciones están momentáneamente sin efecto, desde que la Justicia suspendió sus efectos en materia laboral, el gobierno argentino ya adelantó que apelará el fallo y no se descarta que se busquen otros caminos para implementar la reforma.

Previamente, apenas asumido el gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un “protocolo antipiquetes”, con una serie de puntos que bajan la tolerancia con respecto a las movilizaciones en la calle y endurecen la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Con este mar de fondo fue que varias centrales sindicales de la región se posicionaron en contra de las propuestas de Milei, entre ellas el PIT-CNT, que, en una nota enviada a las tres centrales sindicales argentinas, manifestó su “solidaridad con el movimiento sindical y con el pueblo hermano de Argentina ante la embestida de un gobierno reaccionario y negacionista de los derechos de la gente”.

El PIT-CNT rechaza en el texto “las medidas anunciadas por el actual gobierno argentino” por considerarlas “un brutal ajuste que cae directamente sobre las jubilaciones, las pensiones y el salario de las y los trabajadores”, y repudia “la reforma laboral que pretende imponer el gobierno, avasallando los derechos sindicales, cuyo único fin es debilitar al movimiento sindical argentino y al movimiento social organizado”.

Además, sobre el protocolo anunciado por Bullrich, la central sindical uruguaya entiende que se trata de “un condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización, atacando la libre expresión, criminalizando la protesta y violando los derechos humanos de quienes se opongan a las políticas de hambre y exclusión que ya se han comenzado a implementar”.

Bermúdez: es “muy preocupante para el espectro político uruguayo”

En diálogo con la diaria el secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Jorge Bermúdez, caracterizó la llegada de Milei al gobierno argentino como parte de “un proceso de avance de la extrema derecha en el mundo”, por lo que debería ser “muy preocupante para el espectro político uruguayo”, porque si bien es una situación que “tiene características propias de Argentina, es parte de un proceso que se está dando a nivel mundial”.

Bermúdez señaló que Milei define al movimiento sindical “como un actor que busca proteger sus intereses”, cuando la “política” del presidente argentino “es contraria a los intereses populares”. “Por algo aumentaron los precios de la comida de la gente en forma brutal con un tarifazo”, ejemplificó.

“Claramente rechazamos las medidas que enfrentan al pueblo, pero, además, que impiden las libertades sindicales; estamos hablando del derecho de huelga, de movilización”, continuó Bermúdez, y recordó que “en Uruguay juntamos firmas para combatir la LUC [ley de urgente consideración]” que también “afectó el derecho a movilización y a las ocupaciones”; aún así, “la LUC al lado del DNU que quiere imponer Milei es un caramelo”, comparó el dirigente sindical.

Sobre las perspectivas que el triunfo de Milei plantean para el PIT-CNT, Bermúdez señaló que “gente que se contagia de los malos ejemplos hay en todos lados”; asimismo, apuntó que si bien no era “igual a lo que plantea Milei”, hubo en el pasado “visiones que planteaban que el papel del Estado tiene que ser reducido y reducir los gastos, entre ellos, el salario, y así flexibilizar las condiciones laborales”.

“Yo quiero ver, sea cuál sea el gobierno, cuál va a ser el papel de las cámaras empresariales en la próxima negociación colectiva”, adelantó Bermúdez, y se preguntó si habrá propuestas similares “que vayan a estar planteadas de cara a los próximos Consejos de Salarios”.

Mieres: “hay diferencias” con las políticas de Milei

Si bien no quiso dar una “opinión definitiva” sobre el conjunto de las disposiciones del DNU de Milei, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a la diaria que “los procedimientos que tenemos en Uruguay son diferentes: la normativa laboral se dialoga y surge del resultado del diálogo entre los actores sociales, más allá de que el gobierno es el que toma las decisiones”.

En ese sentido, señaló que en este gobierno se han “hecho cambios en materia laboral, pero cambios que no afectan lo sustancial de la negociación colectiva ni de las reglas de juego desde el punto de vista de las contrataciones, de los períodos de prueba, de las indemnizaciones por despido”, y consideró que “ahí hay diferencias”.

Respecto de “las modificaciones que se hicieron en Uruguay en este período de gobierno que tienen que ver con las ocupaciones”, señaló que “son las que este gobierno ha entendido que eran correctas” y están “alineadas con la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”. Asimismo, Mieres aseguró que “no están en la agenda del país modificaciones” del “talante” de las de Milei.