El viernes, cuando estaba por vencer el plazo legal para trasladar al Congreso argentino su decreto de necesidad y urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei finalmente cumplió con ese envío. De este modo, una comisión bicameral, que todavía debe conformarse, tiene diez días hábiles para pronunciarse sobre esa norma.

Una vez que se pronuncie, deberán tratar el DNU la Cámara de Senadores y la de Diputados, en diferentes sesiones. Sólo si las dos lo rechazan, quedaría sin efecto, con sus 366 normas. En los últimos 40 años no hay antecedentes de que un DNU haya sido rechazado, pero técnicamente es posible.

Si esto no ocurre, la única vía para que deje de aplicarse es que así lo decida un tribunal. Esta semana la Justicia dispuso la suspensión de la aplicación de una parte de este DNU, su capítulo dedicado a la reforma laboral. Entendió que debe quedar sin efecto hasta que exista un fallo firme sobre las denuncias de inconstitucionalidad presentadas por las principales centrales sindicales argentinas. Mientras tanto, el resto del decreto está en vigencia.

El gobierno lanza ahora su defensa del DNU en los tribunales, al tiempo que afronta su tratamiento en el Poder Legislativo. Según informó La Nación, la espera hasta último momento para enviar esta norma al Congreso fue parte de una estrategia para demorar el trámite legislativo. En otros casos, los DNU nunca llegaron a tratarse y, de ese modo, finalmente quedaron ratificados, señaló el periódico. También por ese motivo, el DNU no estuvo en el orden del día de las sesiones extraordinarias del Congreso citadas por el Ejecutivo a partir del 26 de diciembre.

Este decreto, que no puede ser modificado por la comisión parlamentaria, contiene varias de las principales políticas de Milei: allana el camino para la privatización de las empresas públicas, dispone la liberación de precios en los supermercados y en los alquileres, la desregulación del costo del acceso a las empresas que brindan servicios de salud, entre muchos otros puntos.

Para ciertos asuntos que no pueden legislarse por decreto –normas que creen impuestos, modifiquen el Código Penal o cambien el régimen de partidos políticos–, Milei presentó su “ley ómnibus”, que sí deberá tratar el Congreso.

Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo el viernes que el Ejecutivo es “más que respetuoso” de los fallos judiciales adversos que recibió esta semana. Pero también agregó que “esas decisiones van a ser apeladas” y que “el gobierno seguirá analizando paso a paso el trámite judicial y el legislativo”.

Otro fallo contrario a los intereses del gobierno fue el del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que habilitó la posibilidad de tratar durante la feria judicial los recursos presentados contra ese decreto y dispuso que no se unifiquen, sino que lo traten distintos jueces y tribunales según corresponda en cada caso.

De acuerdo con Página 12, pese al respeto a la Justicia declarado por Adorni, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había manifestado que ya desde “el año 2000”, cuando ella fue ministra de Trabajo, el tribunal que emitió los fallos contra la reforma laboral, la Cámara del Trabajo, “era insoportable”. Agregó que sus pronunciamientos “siempre salen a favor de los sindicatos”.

En respuesta, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que repudió esos dichos. Consideró que son “graves” las “descalificaciones” de Bullrich “sobre el funcionamiento de la justicia nacional del trabajo, toda vez que atentan contra la independencia judicial, cimiento de la división de poderes y que hace a la esencia misma del sistema republicano”.

También el viernes se conoció otra decisión de Milei que había sido demorada en las últimas semanas, la de que dejará de vivir en el Hotel Libertador, donde permanece desde el 22 de octubre, día de la primera vuelta electoral, y se instalará en la residencia presidencial de Olivos.

Si bien se había informado que Milei no se mudaría hasta que se instalaran caniles adecuados para sus perros en Olivos, este viernes la prensa argentina informó que la mudanza se hará la próxima semana debido a una cláusula legal sobre la ocupación de la residencia presidencial.

La decisión de Milei de vivir en un hotel había motivado distintas críticas. Se señaló que no está claro quién paga su estadía, que plantea un costo adicional en seguridad, así como un riesgo, y que no hay registro de las visitas oficiales.

Según informó eldiarioar.com, surgieron además cuestionamientos porque Nicolás Pakgojz, quien fue designado como responsable de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es la encargada de controlar la actividad inmobiliaria estatal, es un alto ejecutivo del grupo IRSA, la empresa del dueño del Hotel Libertador, Eduardo Elsztain, uno de los empresarios que acompañaron a Milei en su viaje a Estados Unidos como presidente electo.