Tras las movilizaciones de los vecinos y los cuestionamientos del Frente Amplio (FA) e integrantes del Partido Nacional (PN), el intendente de Río Negro, el nacionalista Omar Lafluf, anunció este martes que dará de baja 11.000 multas que ya fueron notificadas pero todavía no están cargadas al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Anteriormente, la Intendencia de Río Negro (IRN) había resuelto rescindir el contrato que tenía con la empresa argentina Teslights, cuyos radares generaron malestar en la ciudad de Fray Bentos desde fines de 2022.

Después de comparecer por cuatro horas ante la Junta Departamental, el martes, Lafluf señaló en una rueda de prensa que el término del contrato con Teslights se hará mediante “el agotamiento de la licitación abreviada, que está próximo a cumplirse”. A partir de esto, “11.000 multas que están notificadas pero que no [se] han subido al Sucive, se dan de baja”, indicó, y apuntó que “después de cumplir la licitación abreviada, lo que esté en el Sucive también se va a dar de baja”.

Lafluf explicó que en total hay 26.000 multas impagas que se aplicaron desde que rige este sistema, de las cuales “hay alrededor de 15.000 que no están ni convenidas ni pagas”, pero ya fueron ingresadas al Sucive. El jefe comunal indicó que para el caso de las multas convenidas “habrá que ver de qué forma cumplimos la licitación abreviada”.

El acuerdo entre la IRN y Teslights establecía que la empresa privada, que operaba el sistema de fotomultas, recibía a modo de pago 50% de lo cobrado por cada multa, aunque esta comisión se redujo a 35% tras las primeras movilizaciones. Las infracciones detectadas por los equipos de la empresa eran analizadas por inspectores de tránsito de la IRN y después se cargaban al Sucive. Actualmente, hay una denuncia en Fiscalía respecto de la forma de ingreso de los radares al país, y el FA sostuvo que 54% de las multas que se subieron al Sucive entre junio y diciembre del año pasado corresponden a vehículos empadronados en Río Negro.

Autoridades de Teslights han resaltado que sus equipos están validados por el LATU. Esto mismo subrayó este martes Lafluf: “Las multas cobradas están bien cobradas, porque están avaladas por el organismo nacional que se encarga de medir si [el control] es real o no”, señaló. No obstante, admitió que se trata de “un episodio que estuvo complicado”. “Yo tengo 13 años de gobierno y he hecho muchas cosas que son muy buenas. Esta no salió bien del todo y lo tengo que reconocer”, manifestó.

En el PN destacan que Lafluf “dio la cara”

“Quizás faltó más monitoreo”, señaló a la diaria el edil nacionalista Samuel Bradford, del sector de Lafluf (Lista 58). De todos modos, destacó que el intendente “fue y dio la cara”, “reconoció que había algunos errores” y “contestó lo que tenía que contestar”.

Una vez que se anule el contrato con Teslights, la intención de la IRN es abrir un nuevo llamado a licitación para que otra empresa privada opere el sistema de fotomultas. “Es barajar y dar de nuevo”, afirmó Bradford, quien consideró que para dicha instancia habrá que “hilar muchísimo más fino en el pliego de condiciones”.

Por su parte, el edil nacionalista Fernando Quintana, del Espacio 40, valoró “la presencia” del intendente en la Junta Departamental y sostuvo que Lafluf “se mostró abierto a buscar soluciones”. Sin embargo, señaló que su sector considera que “sigue faltando” una “solución para los vecinos que se sienten afectados”. “El vecino se sigue sintiendo robado”, aseguró a la diaria.

Ahora, tras la resolución de Lafluf, el principal problema son aquellas personas que ya pagaron las multas. Quintana planteó la posibilidad de “estudiar la devolución del 100% de las multas de la famosa ‘pisada de la línea blanca’”; estas son las infracciones por invasión de la senda peatonal. También propuso crear una comisión para analizar las multas por exceso de velocidad; a su entender, es la IRN quien debe “demostrar que la multa se aplicó bien”. Señaló que la devolución del dinero podría hacerse “en tres o cuatro períodos” mediante impuestos, tales como la contribución o la patente.

El FA le retiró la confianza a Lafluf

En una declaración divulgada este martes y consignada por Rincón FM, la bancada de ediles de la oposición en el departamento exigió “la baja total de multas cargadas y no pagas” y también la devolución de las multas “ya cobradas a los contribuyentes”. Asimismo, el FA le retiró la confianza a Lafluf y definió la instalación de las fotomultas como “un acto de gobierno abusivo y autoritario con fines recaudatorios que en nada ha contribuido a bajar la siniestralidad y aumentar la seguridad vial”.

En diálogo con la diaria, Álvaro Debali, quien fue secretario general de la IRN durante la administración del frenteamplista Óscar Terzaghi, sostuvo que la resolución de Lafluf deja “el problema de que ya hay un montón de personas que pagaron alrededor de unos 18 millones de pesos”. “¿Qué hacemos con esa gente? Por un criterio de justicia, parece lógico que si no le cobraste uno, no le cobres al otro”, consideró.

“Si el intendente entiende esto, seguramente deberá mandar alguna propuesta a la Junta Departamental, en donde estaremos dispuestos a dar un tratamiento justo para todos los vecinos”, continuó Debali. A su modo de ver, “es muy posible que ese sea el camino por el que se termine optando”, aunque aclaró que “la palabra la tiene el intendente”.

Al margen de esto, Debali sostuvo que la IRN “efectivamente se equivocó en la forma de instrumentar el sistema” y “terminó afectando a la población con una cantidad enorme de 30.000 supuestas infracciones”. “Pareciera ser que la necesidad de hacer caja fue lo más importante”, añadió.

Tres de estas multas le competen a Carlos Laborde, uno de los referentes de las movilizaciones de los vecinos. “Yo necesitaba un certificado libre de deudas de la intendencia, voy a sacar el certificado y me saltan tres multas”, contó a la diaria. Laborde, que ya pagó, sostuvo que todo el asunto de las fotomultas “estuvo rodeado de cosas muy fuleras”. Según Laborde, lo “tragicómico” del anuncio de Lafluf es que la IRN pretende “volver a hacer un llamado a licitación para continuar con el sistema de fotomultas”, cuando “la población le demostró que la única finalidad de la fotomulta era recaudar, o sea, había que recaudar de alguna forma y había que meterle la mano en el bolsillo a la gente”. Desde su perspectiva, durante los 14 meses que operó Teslights “cada columna donde estaban colocados esos aparatos era una verdadera caja registradora”.