Por cuarta vez en este período de gobierno, el Frente Amplio (FA) interpeló este lunes a las autoridades del Ministerio del Interior (MI). El actual ministro, Nicolás Martinelli, compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre la muerte de seis personas privadas de libertad en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) en un incendio intencional, así como sobre las denuncias públicas de ingresos de menores de edad a las visitas de agresores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles.

El oficialismo votó en conjunto una moción en respaldo a Martinelli. Los 11 legisladores presentes, sin embargo, incluyeron en la declaración algunos reclamos al sistema. Entre ellos, se incorporó el pedido de “más cantidad de funcionarios y técnicos especializados”, así como “la creación de un grupo interinstitucional que cree un protocolo de visita para menores”. Por otra parte, se agregó el pedido de “mejorar el equipamiento para trabajadores civiles y policiales”, al igual que tomar “medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras y personal”.

El Frente Amplio (FA) acompañó algunos de los artículos de la moción oficialista, como los que proponen aumentar la cantidad de funcionarios, mejorar el equipamiento de los trabajadores en centros penitenciarios, estudiar la insalubridad en el trabajo penitenciario y la creación de un grupo interinstitucional para trabajar en esta materia –este último punto formaba parte de la moción que presentó la oposición, que no prosperó–.

La moción del FA proponía también la declaración de la emergencia carcelaria y la conformación de un grupo de implementación de acciones de urgencia integrado por el MI, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Sanidad Policial, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Educación y Cultura y el Codicen.

“Yo no vengo a tirarle muertos encima a nadie”, manifestó al inicio de su intervención la encargada de la interpelación, la diputada del FA Bettiana Díaz. Dijo que “enrostrarse muertos no es el debate que hoy necesita la sociedad uruguaya” y, en ese sentido, adelantó que no exigirá “ninguna renuncia” al término de la interpelación, porque “esto no se soluciona pidiendo renuncias”, sino “conociendo a fondo los motivos por los cuales llegamos a instancias como estas después de situaciones fatales que se repiten una y otra vez”.

El asesinato de seis personas privadas de libertad en la última semana de setiembre fue el segundo caso en menos de un año: en diciembre del pasado año, seis presos murieron en otro incendio intencional, también en el ex Comcar.

Al respecto, Díaz cuestionó “la ausencia de medidas para prevenir que esto no siga pasando una y otra vez”. Sobre el último caso, dijo que “en ese momento había 813 personas en un módulo que tiene menos de 400 plazas”, y, en simultáneo, “había pocos efectivos policiales, en el mejor de los casos, cinco, seis o siete”.

Díaz dijo que estos homicidios no son “hechos aislados” dado que “responden a problemas estructurales”. Afirmó que la situación “está cada vez peor” y aseguró que “en los últimos años ha ocurrido un profundo deterioro del sistema penitenciario en nuestro país”.

Dicho esto, la diputada del FA contrastó números de la actual administración con los de gobiernos frenteamplistas. Señaló que la tasa de prisionización –que mide la cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes– aumentó 60% durante los 15 años de gobierno del FA, mientras que en este período de gobierno aumentó 32%, “acelerándose obviamente la tendencia”.

Según el último informe del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la tasa de prisionización en Uruguay es de 435, una de las más altas del mundo.

Con relación al hacinamiento del sistema penitenciario, la legisladora del FA señaló que el promedio de personas privadas de libertad por cada 100 plazas penitenciarias saltó de 95 a 120 entre 2019 y 2023. Esto, sostuvo, “ha derivado en una situación crítica”, que conduce a que “muchas cárceles de nuestro país son tierra de nadie”. “Se cierran unidades con candado y se pierde totalmente el control sobre lo que pasa ahí adentro”, agregó.

En cuanto a las denuncias públicas de la presencia de menores de edad durante las visitas que reciben ofensores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles, Díaz denunció que estos ingresos, que corresponden a “los familiares de estos presos”, se hacen “sin supervisión ni custodia”; en tal sentido, advirtió sobre el riesgo de que haya una revictimización de “las personas que han pasado por situaciones vinculadas al abuso sexual”.

Finalizada su exposición, Díaz leyó en sala 76 preguntas para las autoridades del MI.

La carpeta de Martinelli y las respuestas del MI

A su turno, el ministro del Interior valoró el tono de la interpelación del FA. “Yo podría centrarme un buen rato en hablar de las cosas que pasaron durante los 15 años de gobierno del FA, donde también hubo episodios terribles”, expresó. A modo de ejemplo, mencionó “las 12 personas fallecidas en un incendio en [una cárcel de] Rocha”, en 2010.

Sin embargo, según Martinelli, esto “le haría muy flaco favor al debate, al presente y al futuro”. El jerarca dijo tener en sala una carpeta con “todo lo que se hizo mal durante muchísimos años”, pero abrirla, sostuvo, “sería caer en el barro”. “No voy a entrar en una interpelación dentro de una interpelación”, aseguró.

Con todo, durante el extenso repaso que hizo de la gestión de la actual administración, Martinelli deslizó algunas críticas a los gobiernos del FA. Cuestionó, por ejemplo, que el Mides “durante 15 años no pisó un solo establecimiento penitenciario”, y sostuvo que “tuvo que llegar este gobierno para que en el año 2020 se pudiera fundar dentro de un establecimiento penitenciario la primera oficina del Mides, y fue precisamente en el Comcar”.

Acerca de las denuncias públicas de ingresos de menores de edad a las visitas de agresores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles, el director del INR, Luis Mendoza, informó que se dispuso una investigación administrativa “que está en curso”, así como “una compulsa de datos con el fin de detectar posibles situaciones de ingresos a unidades penitenciarias de menores o víctimas que estuvieran impedidos de acercarse a las PPL [personas privadas de libertad] a las que visitan”.

Sobre el múltiple homicidio ocurrido recientemente en el ex Comcar, Martinelli dijo que “fue una tragedia que nos duele y que lamentamos”, y expresó sus condolencias a “los familiares y allegados de las personas que fallecieron en ese episodio”.

Según Martinelli, entre el primer incendio intencional de diciembre de 2023 y el segundo de setiembre de 2024, el MI avanzó en la construcción de nuevos módulos en la cárcel de Libertad y en la incorporación de más operadores penitenciarios. Asimismo, dijo que se han instalado cámaras de seguridad y se han adquirido inhibidores de celulares.

Según Martinelli, existió “un salto tremendo en lo que tiene que ver con las medidas alternativas”, y apuntó además que “se está en proceso de inauguración del hospitalito dentro del Comcar”.

El ministro del Interior sostuvo que la situación del sistema penitenciario “se arrastra desde hace muchísimos años”, si bien reconoció que en el último tiempo se ha registrado un aumento en la cantidad de personas privadas de libertad. El informe de Petit marca que entre 2019 y 2023 la población penitenciaria aumentó 36%.

No obstante, Martinelli señaló que este crecimiento no implicó un incremento de la tasa de homicidios dentro de las cárceles, que durante este período de gobierno “han sido las tasas más bajas con relación a la cantidad de personas privadas de libertad”. Mencionó que también cayó la tasa de suicidios dentro de las cárceles, que “hoy es la más baja, por lo menos, de los últimos diez años”.

Martinelli: “Vamos a lograr paliar la sobrepoblación carcelaria”

El MI presentó este lunes en el Parlamento nuevas cifras sobre el sistema penitenciario. Actualmente hay 16.098 personas privadas de libertad y 13.442 plazas disponibles, por lo que existe una superpoblación de 2.656 presos.

Martinelli señaló que este gobierno dispuso la construcción de 3.425 nuevas plazas y aseguró que “entre 18 y 20 meses” –es decir, en el próximo período de gobierno– “vamos a lograr paliar la situación de la sobrepoblación carcelaria y quedar con un saldo a favor de 769 plazas”. “Obviamente que a mí me encantaría poder construir una cárcel en 24 horas; [pero] no hay soluciones mágicas y tampoco rápidas”, añadió.

En este punto, el informe de Petit advierte que “la lógica de responder al aumento de población con la construcción de más y más cupos penitenciarios es de muy dudosa viabilidad”. Hoy faltan unos 3.000 cupos, los cuales “al terminarse tendrían una nueva población sin cupo y requiriendo nuevas construcciones”, se sostiene en el documento, en el que se propone apostar a “medidas alternativas fuertes y sustantivas” a la prisión.