La Cámara de Senadores aceptó este miércoles en una sesión extraordinaria la renuncia del senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, que resolvió dejar su banca en el Senado ante el pedido de desafuero solicitado por la fiscal Silvia Porteiro, quien pretende indagarlo sobre un presunto delito de abuso de funciones mientras se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017). Carrera ya había anunciado que no se ampararía en los fueros y afirmado que concurrirá a la Justicia “como cualquier hijo de vecino”. La renuncia fue aceptada por 23 de los 24 senadores presentes en sala; el nacionalista Javier García fue el único legislador que votó en contra, bajo el argumento de que el Senado primero debía tratar el pedido de desafuero y no tratar directamente la renuncia. A su entender, “lo que correspondía [era] que no se permitiera la trampa de saltar el desafuero por razones electorales”.
La investigación penal fue iniciada por una denuncia del Ministerio del Interior, en aquel entonces a cargo de Luis Alberto Heber, y ampliada a partir de un informe de la comisión investigadora del Parlamento que, liderada por el senador nacionalista Jorge Gandini, estudió justamente las supuestas irregularidades en la gestión del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017.
Porteiro investiga la entrega de tickets de alimentación y la atención irregular en el Hospital Policial de Víctor Hernández, quien en 2012 fue víctima de una bala perdida que podría haber llegado desde la casa de un funcionario policial en La Paloma, aunque el caso fue archivado por la Justicia al no encontrarse elementos para probar el origen del disparo. Porteiro señala que, tras el incidente, Carrera entregó irregularmente tickets de alimentación por 20.000 pesos a Hernández desde 2013 hasta 2017 y que habilitó, también de forma irregular, la asistencia de Hernández en el Hospital Policial desde 2013 hasta 2016, por un costo de 5.214.000 pesos.
En el marco de la campaña electoral, el Movimiento de Participación Popular (MPP) le solicitó a la Corte Electoral que no promulgue al exsenador en caso de que sea electo nuevamente en las próximas elecciones nacionales. Ocupa el tercer lugar en la nómina de candidatos al Senado de la lista 609, por detrás de Alejandro Sánchez y Blanca Rodríguez.
Carrera también anunció este martes que no se amparará en el subsidio que le corresponde por ser exsenador y dijo que volverá a ejercer como abogado luego de las elecciones nacionales.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Jorge Gandini: “Hacerse la víctima no siempre paga”
La sesión extraordinaria comenzó con la lectura en sala de la carta de renuncia “voluntaria y definitiva” de Carrera a la Cámara de Senadores. El dirigente del MPP dice en la nota estar “muy tranquilo” por “el accionar humanitario” que realizó el Ministerio del Interior en aquellos años, “brindando atención sanitaria al señor Víctor Hernández en el Hospital Policial”. También dijo estar “convencido” de que no se han cometido delitos “bajo ninguna circunstancia” y afirmó que dejará su banca para comparecer ante la Justicia “sin ningún tipo de fuero o privilegio”.
Luego pidió la palabra Gandini, quien recordó que el FA no participó en la comisión investigadora y acusó una “persecución política” hacia Carrera. La oposición “no quiso investigar este caso” bajo el argumento de que “el tema estaba en la Justicia”, afirmó el senador del Partido Nacional (PN), a pesar de que en ese momento en la Cámara de Diputados “había una situación similar y paralela en la que el FA había sido el denunciante” –en referencia a la comisión investigadora que analizó la gestión del colorado Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo–.
Según Gandini, aunque Carrera “es todavía inocente”, dado que no existe una condena por parte de la Justicia, “basta con leer la solicitud de desafuero para entender que hay sustento suficiente para solicitar el desafuero por el delito continuado de abuso innominado de funciones”. El Código Penal prevé una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría por el delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley.
Dicho esto, Gandini profundizó en el caso de Hernández. Señaló que, después de ser baleado en La Paloma, Hernández fue ingresado al CTI del Hospital de Clínicas, que era “su prestador de salud público especializado”. “Cuando sale del CTI, inmediatamente es visitado” por Carrera, en aquel entonces jerarca del Ministerio del Interior, quien “le ofrece apoyos diversos y dinero”.
Dijo que Carrera “ordenó” un pago de 20.000 pesos por mes para Hernández que salieron del “fondo para canasta de fin de año de la Policía”; en ese sentido, sostuvo que un tesorero del Ministerio del Interior, como “sabía que estaba haciendo algo fuera de lugar”, pidió una orden por escrito “y durante 36 meses [Carrera] ordenó por escrito y el tesorero guardó, engrampando cada orden”.
Acerca del autor del disparo que dejó parapléjico a Hernández en 2012, Gandini dijo que “la causa está prescripta y no es materia de investigación actual”. Sin embargo, expresó que Carrera ha declarado “pública y privadamente” que “para él la bala salió de la casa del comisario”, cuando, por el contrario, “sus servicios [del Ministerio del Interior] iban a la Justicia para demostrar que eso no podía pasar y tanto lo hicieron que les ganaron el juicio a los hermanos Hernández, porque no pudo establecerse el lugar desde donde partió la bala”.
Gandini añadió que el día del disparo “no se protegió la escena del crimen”, por lo que “no apareció ni una vaina”, y aseguró que “hubo gente que estuvo esa noche ahí que la protegieron y se fue”. El senador del PN dijo que Carrera ayudó a Hernández hasta que este resolvió entablar un juicio contra el Ministerio del Interior: “Ese día le pusieron la camioneta de culata, así está declarado en la comisión, le cargaron sus pertenencias y se las mandaron a La Paloma”.
Lo que “sí está claro”, sostuvo Gandini, es que “este cuerpo analiza hoy la renuncia de un senador porque todo lo que dijo se desmintió, porque todo lo que nos dijo en la prensa cayó, porque no lo estábamos ni persiguiendo ni era producto de un operativo político. [...] Hacerse la víctima no siempre paga”, resaltó.
Por su parte, Heber rechazó que la ayuda prestada a Hernández haya sido “un acto humanitario” y sostuvo que, en todo caso, fue un acto “deshumanitario”, con relación a “una cantidad de policías que tenían la posibilidad de tener un refuerzo de su partida de tickets de alimentación que fueron utilizados para callar a Víctor Hernández”. A su modo de ver, “solamente una mala persona puede actuar de esa manera”.
Daniel Caggiani: “No creo en las casualidades”
A su turno, la senadora frenteamplista Sandra Lazo, integrante del MPP, sostuvo en sala que “no toda irregularidad administrativa configura un delito de abuso de funciones”. No obstante, afirmó que la existencia -o no- de un delito, en este caso, será determinada por la Justicia, y aseguró que el FA “no va a cuestionar en ningún aspecto la decisión técnica de la fiscal Silvia Porteiro”. “Si la fiscal Porteiro tuvo esta causa por aproximadamente dos años y decidió adoptar esta resolución un mes antes de las elecciones, entendemos que debe haber sido porque ese fue el tiempo que le llevó el estudio de esta causa”, expresó.
Asimismo, Lazo dijo que el FA tampoco pondrá en duda que “el ingreso del señor Hernández hoy como funcionario de la Intendencia Departamental de Rocha”, actualmente administrada por el PN, “se haya dado en forma discrecional”. “No corresponde que lo pensemos, porque el hecho que está detrás de esto es lamentable”, manifestó.
En tal sentido, Lazo sostuvo que, frente a “una presunta acción ilegítima de funcionarios del Ministerio del Interior” contra Hernández en 2012, desde el gobierno del FA “se termina adoptando una respuesta humanitaria”. Según la senadora frenteamplista, “es necesario ubicarse en el contexto en el que se da esta lamentable situación”. Dijo que, sin el respaldo del Ministerio del Interior de la época, Hernández hubiese quedado desamparado, ya que no tenía la posibilidad de continuar con su tratamiento en el departamento de Rocha. Apuntó, además, que existe información que muestra que anualmente “se otorgaban en ese hospital aproximadamente 200 autorizaciones por diversos motivos” a personas ajenas a la Policía.
El senador frenteamplista Daniel Caggiani, también integrante del MPP, declaró sentirse “muy apenado” por la situación, pero al mismo tiempo “muy contento” con respecto a la decisión de Carrera de “presentarse ante la Justicia como cualquier hijo de vecino”. Caggiani recordó que, a partir de la denuncia que presentó junto al senador del FA Mario Bergara por la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, Carrera “fue investigado por servicios de inteligencia contratados”.
“No creo en las casualidades, y en los cuentitos de hada tampoco, todos nuestros actos tienen responsabilidades, políticas y penales, y no tengo duda de que acá hay un ensañamiento con el senador Charles Carrera, políticamente hablando”, manifestó Caggiani. Dijo que “algunos senadores” del PN están “hasta contentos con esta situación, como con una sed de venganza”. Caggiani aseguró que el FA no siente vergüenza por el accionar de Carrera y afirmó que “vergüenza deberían sentir aquellos que se organizaron para mentirle al Parlamento”, en referencia a la interpelación por el pasaporte entregado a Sebastián Marset.
Carrera también fue respaldado, nuevamente, por el presidente del FA, Fernando Pereira. Este martes, en entrevista con Canal 5, Pereira dijo que “hubiese hecho lo mismo” que Carrera si hubiese estado en ese momento en el Ministerio del Interior. “¿Charles Carrera se vio beneficiado por esta acción? Para nada, en todo caso se ha visto perjudicado. ¿Charles Carrera se enriqueció con esta decisión? Ni un solo centésimo”, agregó.