Víctor Björgan Barrios habló con Informativo Sarandí luego de que se conociera que el gobierno decidió desvincularlo de su cargo de director de Cooperación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado del Uruguay (SIEE) por su apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi.

Björgan aclaró que su cargo, que ocupaba desde 2020, era un “contrato de arrendamiento de servicios” y no un cargo de “confianza política”, por lo que no se puede decir que falló en este sentido con el Poder Ejecutivo.

El nacionalista también se refirió a la línea de tiempo de lo sucedido y confirmó que el viernes pasado, dos horas después de dar a conocer su apoyo y adhesión como técnico al equipo de seguridad de Orsi —“continuando y conservando mi condición de blanco”, aclaró—, recibió una llamada del director de la SIEE, Álvaro Garcé, quien le manifestó que “personalmente estaba conmovido, molesto por esta situación”, y mencionó que el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, lo había llamado, dijo Björgan.

En este sentido, según Björgan, Garcé le dio dos opciones, que renunciara al cargo o, de lo contrario, se le rescindiría el contrato. Desde ese momento, se le ordenó a Björgan retirarse de su oficina en la Torre Ejecutiva y este martes recibió un mail de la SIEE en el que se formalizaba la desvinculación.

Björgan afirmó que planteará un recurso administrativo porque considera que es “escandaloso y que fue una decisión que el gobierno tomó en caliente”. “El gobierno confunde las cosas porque, en definitiva, no puede tomar decisiones de acuerdo al color y opinión de los ciudadanos. No se puede echar a un ciudadano porque vote A o B o C, así como así”, opinó.

También en diálogo con el medio citado, Garcé expresó sobre la situación que “no es posible que alguien trabaje para el gobierno y asesore a la oposición”, ya que “resulta absolutamente incompatible trabajar en un círculo de confianza como lo es una secretaría de inteligencia y, al mismo tiempo, estar en campaña política”. Además, afirmó que la ley de inteligencia no lo permite, ya que “prohíbe a los órganos de inteligencia realizar manifestaciones que puedan influir en la opinión pública”.

Consultado sobre si la desvinculación fue provocada por un llamado de Delgado, Garcé desmintió “terminantemente” que haya existido la llamada mencionada por Björgan. “Delgado nunca intervino en este tema y me toca a mí, como director de esta secretaría, hacerme cargo de las decisiones; yo actúo de buena fe, en este caso aplicando la ley, y si entiendo que hay una incompatibilidad entre trabajar para el gobierno y hacerlo al mismo tiempo para la oposición, tengo que actuar en consecuencia”, dijo Garcé.

En cuanto a si consultó la decisión con el presidente Luis Lacalle Pou, Garcé declaró que “no hay decisión trascendente que no sea tomada en consulta con el presidente de la República”. Según consignan los medios, el presidente dijo en una rueda de prensa que él mismo fue quien pidió el cese de Björgan por haberle perdido la confianza.

Abogado de Björgan: la pérdida de confianza del presidente “no es una causa para rescindir un contrato”

En diálogo con la diaria, el abogado de Björgan, Hugo Barretto, hizo hincapié en que el contrato de su defendido era de arrendamiento de servicios con Presidencia de la República, en el marco de un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Afirmó que el artículo 7 de la ley de inteligencia, a la que apeló Garcé para justificar el despido, establece que ningún órgano de inteligencia podrá “intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos”. Barretto enfatizó en que quien debe cumplir con esta disposición es el órgano, por lo tanto, esto sí alcanzaría al director, pero no a los funcionarios.

“Incluso, en el caso de Björgan, ni siquiera podemos hablar de que fuera un funcionario público; no era un funcionario, era una persona externa contratada a través de un arrendamiento de servicios”, agregó Barretto, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y apuntó que “las prohibiciones en materia de libertades y derechos tienen que estar especificadas muy claramente, no se puede interpretar así, extensivamente”.

Consultado acerca de las declaraciones de Lacalle Pou sobre la pérdida de confianza en Björgan, Barretto aseguró que “esa no es una causa para rescindir un contrato”. “Perder la confianza política puede hacer que lo expulsen del partido, pero no rescindir un vínculo contractual con el Estado, porque, de ser así, estaríamos en un problema muy grave”, señaló.