Los diputados Sebastián Andújar (Partido Nacional) y Ope Pasquet (Partido Colorado) presentaron días atrás un proyecto de ley que ingresó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes para reformar el Código Penal, que, si bien ha tenido varios cambios a lo largo de su historia, data de 1934. En la exposición de motivos, los dos legisladores del oficialismo sostienen que existe una “notoria necesidad de revisar, depurar y actualizar” la normativa vigente en función de “situaciones y actividades de relativamente reciente configuración”, tales como la “protección del ambiente” y la “informática”.
Para este trabajo, a través de una resolución de Presidencia, fue contratado el abogado penalista Gastón Chaves, quien redactó la reforma. El proyecto tiene unos 300 artículos y, entre otras cosas, plantea una nueva modificación de la pena por homicidio. En la última Rendición de Cuentas, el oficialismo aprobó un aumento de dos a cuatro años de penitenciaría en la pena mínima por homicidio simple y dejó una pena máxima de 18 años de penitenciaría. El proyecto deshace este último cambio y dispone que quien “diere muerte a una persona será castigado con 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría”. No obstante, en circunstancias agravantes muy especiales, el proyecto mantiene el máximo vigente de 30 años de penitenciaría.
La reforma también propone una reducción de la pena por rapiña. Para este delito la normativa vigente establece un máximo de 16 años de penitenciaría, mientras que el proyecto dispone nueve años de penitenciaría como máximo, si no hay utilización de arma de fuego.
Asimismo, se prevé una reducción del castigo por abuso sexual. Actualmente, el Código Penal establece un máximo de 12 años de penitenciaría para quien “por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual sobre una persona”; para este caso, la reforma propone un máximo de ocho años de penitenciaría.
Por otra parte, la reforma tipifica por primera vez como delito la corrupción privada, y establece que aquella persona que, “teniendo el poder de decisión” de una empresa o persona jurídica, “solicitare o aceptare o recibiere dinero, beneficio o cualquier otro provecho o ventaja de cualquier naturaleza extraña a la retribución o beneficios legítimos de su cargo, a los efectos de beneficiar indebidamente una marca, proveedor de productos o servicios o procurar a un tercero cualquier ventaja o beneficio patrimonial indebidos”, tendrá un castigo de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría.
Homicidio piadoso y ayuda al suicidio
La reforma también incluye un cambio en la consideración del homicidio piadoso. Actualmente el Código Penal establece que “los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”. En cambio, el proyecto, sin mencionar a la Justicia, dispone que quedará exento de pena “el autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima”.
La modificación de este apartado del Código Penal había sido propuesta por el director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, Germán Aller, como una alternativa al proyecto de ley de eutanasia que actualmente se discute en el Parlamento.
Asimismo, para el caso de alguien que “determinare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo”, la reforma mantiene la pena máxima vigente de seis años de penitenciaría, pero añade que, “si sólo se tratare de un acto de ayuda al suicidio, el sujeto será eximido de pena, si la ayuda se hubiere prestado por móviles de piedad y mediando súplicas reiteradas de la víctima, en tanto fuere capaz y mayor de 18 años”.
“No compromete la opinión de nadie”
Desde el Ministerio del Interior señalaron a la diaria que el Poder Ejecutivo no intervino de ningún modo en la redacción de la reforma, si bien puntualizaron que “es un tema en el que, legítimamente, el Parlamento avanzó”.
Consultado por las rebajas de las penas que incluye la reforma, Pasquet dijo a la diaria que se trata de “un aporte técnico de Chaves”, el cual “no compromete para nada la opinión de nadie”. Pasquet aseguró que la discusión en el Parlamento será “con total libertad” y “sin ninguna obligación” con respecto a la propuesta de Chaves, quien “trabajó con absoluta independencia técnica”. “Nadie le dijo lo que tenía que hacer”, subrayó.
En diálogo con la diaria, Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, señaló que en el gremio todavía no hay “una posición tomada” sobre el proyecto. Advirtió que actualizar el Código Penal “no es una cosa sencilla”, “por eso [los códigos] duran los tiempos que duran”.
Acerca del planteo de disminuir algunas penas máximas, Méndez dijo que “la academia siempre va en la línea de no aumentar penas”. Afirmó que “los que saben explican que la represión no es la herramienta efectiva, y te ponen como ejemplo Estados Unidos, que tiene pena de muerte, [pero] hay una criminalidad muy fuerte”.
Para el próximo período
Por ahora el proyecto está a estudio de la Comisión de Constitución de la cámara baja. Su presidente, el diputado nacionalista Mario Colman, dijo a la diaria que cuando comience a discutirse, “sea en esta legislatura o en la próxima”, el texto será “objeto de críticas y de mejoras”.
Consultado al respecto, Pasquet sostuvo que “es muy difícil estudiar un código” en campaña electoral y consideró que en este último tramo de la legislatura no habrá tiempo “para ponerse a trabajar en esto”. “Estamos lejos todavía”, señaló.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, miembro de la comisión, confirmó a la diaria que la actualización del Código Penal “no aparece como prioridad para este último año” en el Parlamento. “La prueba evidente de que no es prioridad es que para las tres próximas sesiones [de la comisión] el tema ni siquiera figura en el orden del día”, señaló. El diputado cabildante Eduardo Lust, en tanto, aseguró a la diaria que “es un tema que pasa para el próximo gobierno”.
“No está de acuerdo con la política criminal de este gobierno”
El tema tampoco está en la agenda de la oposición. De hecho, la diputada frenteamplista Cecilia Bottino, vicepresidenta de la comisión, cuestionó que la Cámara de Representantes haya encargado un estudio a un experto, cuando, a instancias del Frente Amplio, ya había “un trabajo similar que no fue considerado en el período pasado”.
Por otra parte, Bottino dijo a la diaria que “es raro” que mientras el oficialismo ingresa un proyecto para reformar el Código Penal, en paralelo se sigan sancionando iniciativas que modifican la normativa vigente, como, por ejemplo, el proyecto de ley sobre delitos ambientales aprobado en el Senado a mediados del año pasado.
En ese sentido, la reforma establece, en línea con el proyecto de delitos ambientales, que quien introduzca en zonas sometidas a la jurisdicción nacional “desechos peligrosos” –esto es, cualquier material físico, químico, biológico o radiactivo que “constituya un riesgo para la salud humana, animal, vegetal o para el medioambiente”– tendrá un castigo de entre 12 meses de prisión y 12 años de penitenciaría.
Sobre el planteo de reducir algunas penas máximas, Bottino expresó: “Capaz que es por eso que no tienen interés en tratarlo; de repente lo miraron y [el proyecto] no está de acuerdo con la política criminal de este gobierno”.