Con una votación dividida entre los cinco directores electos por los afiliados activos y pasivos, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) desestimó la solicitud de la Asociación de Afiliados a la caja paraestatal de entablar una demanda judicial contra el Estado uruguayo por “daños y perjuicios” ocasionados por una “omisión legislativa” en la Ley 18.314, que dispuso la creación del impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS).

El tema se trató en el directorio de la CJPPU el 11 de abril. Votaron a favor del planteo Blauco Rodríguez Andrada, Fernando Rodríguez Sanguinetti y Odel Abisab; votaron en contra Virginia Romero, Luis González y Gerardo López; y se abstuvo el actual presidente del organismo previsional, Daniel Alza.

La Asociación de Afiliados había propuesto iniciar “una nueva vía de reclamo del IASS para nuestra Caja” en base al artículo 14 de la Ley 18.314, que establece que “el producido del IASS será íntegramente destinado” al Banco de Previsión Social (BPS), por lo que el IASS que pagan los profesionales jubilados no se vuelca a la CJPPU.

Según el planteo de la Asociación de Afiliados, este artículo “incurrió en una omisión legislativa” al “no haber tenido en cuenta” que las cajas paraestatales “integran el sistema de la seguridad social”, conforme al artículo 67 de la Constitución. Se sostiene que “el legislador debió afectar la recaudación del IASS a los afiliados pasivos de la CJPPU a esta” y, al no hacerlo, “incurrió en una omisión de la función legislativa que generó una responsabilidad que habilita a la CJPPU a exigir judicialmente el correspondiente resarcimiento económico por los daños y perjuicios verificados desde 2008”.

Los argumentos

Esto se puso a consideración del directorio a partir de una moción presentada por Rodríguez Andrada. De acuerdo a la versión preliminar del acta de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, Rodríguez Andrada, electo por los afiliados activos, sostuvo que la discusión ya se dio tanto en el Poder Ejecutivo como en el Parlamento y “todo fue ‘no’”, por lo que, a su entender, “hay que accionar”. “La única salida es la acción judicial. No se trata solamente de una medida jurídica y por eso el tema es político”, expresó.

Por su parte, Rodríguez Sanguinetti, también electo por los activos, sostuvo que el redireccionamiento del IASS desde el BPS hacia la CJPPU “es un acto administrativo y voluntad del Poder Ejecutivo”, por ende, “es una decisión política”. “Hagamos justicia y exijamos al Poder Ejecutivo que devuelva lo que se ha apropiado de la Caja, este y gobiernos anteriores, cobrando impuestos a los jubilados con el fin de financiar un sistema absolutamente desfinanciado”, expresó.

Previo a la votación, el directorio recibió un informe de la asesoría jurídica de la CJPPU, que analizó los fundamentos del planteo de la Asociación de Afiliados. “No advertimos que el planteo sugerido pueda llegar a prosperar”, consideró la asesoría jurídica, según citó en la sesión Rodríguez Sanguinetti. No obstante, a su criterio, “el informe no es contundente” y “hay dos bibliotecas o tantas como se quiera sobre el asunto”.

En la misma línea, Abisab, electo por los pasivos, sostuvo que la solicitud de la Asociación de Afiliados “está muy bien concebida desde la óptica jurídica, y desde el punto de vista de la inteligibilidad y desde la razón me resultó absolutamente entendible, absolutamente razonable y muy bien fundamentada”.

Aunque se abstuvo, Alza, actual presidente de la CJPPU -electo por los activos-, dijo que “el informe elaborado por nuestra asesoría jurídica es un elemento muy importante a la hora de tomar una decisión”, y señaló su deseo de “tener otra opinión”, en referencia a una consulta que el directorio le realizó al Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República y que aún no había sido respondida al momento de la votación.

Romero fue la única directora de la CJPPU electa por los activos que votó en contra del planteo, en sintonía con los dos representantes del Poder Ejecutivo. “Voté negativamente ya que fui asesorada por el grupo de profesionales que represento”, el cual “sí apoya la visión de nuestra asesoría jurídica en este tema”, expresó. “Personalmente estoy de acuerdo con la posición tomada por esta última y respaldo, por tanto, nuestro servicio”, agregó.

A su turno, González, uno de los dos delegados del Poder Ejecutivo, afirmó que el informe de la asesoría jurídica es “claro y contundente” y señaló que “el cambio de destino del IASS recaudado por la Caja debe tener fuente legal, que no existe”.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la Asociación de Afiliados, Cristina Muguerza, señaló que el gremio no ha recibido “ninguna respuesta por parte de la Caja hasta el momento”, pese a que la votación tuvo lugar hace ya dos semanas. No obstante, manifestó: “Si es así, otra vez los delegados del Poder Ejecutivo están decidiendo por encima de los directores electos por los profesionales”.