De los tres anteproyectos de ley que el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) le presentó semanas atrás al Poder Ejecutivo para mejorar su situación patrimonial, sólo uno se transformará efectivamente en proyecto de ley e ingresará al Parlamento, en principio, en el correr de esta semana. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo a la diaria que el gobierno aceptó la iniciativa que propone implementar un régimen de regularización, a través de facilidades de pago, para aquellos afiliados que se hayan atrasado en sus aportes a la CJPPU. Los otros dos anteproyectos, que incluían modificaciones en los timbres profesionales y en las jubilaciones por edad avanzada, fueron rechazados.

De acuerdo al documento que elaboró la CJPPU para presentar los anteproyectos, al que tuvo acceso la diaria, el régimen de regularización que se propone implica “convenios en hasta 120 cuotas reajustables semestralmente” por el índice medio de salarios nominales, así como las posibilidades de “bajar de categoría en forma retroactiva” y de tener un “descuento adicional por pago contado”. En el documento se señala que esto no es nuevo, ya que, entre abril de 2021 y marzo de 2023, gracias a una ley aprobada a fines de 2020, se firmaron 1.612 convenios para la regularización de adeudos, dentro de un total de 4.770 afiliados morosos en la CJPPU.

“Ya lo firmé”, señaló Mieres, y apuntó que ahora el proyecto de ley está a estudio del Ministerio de Economía y Finanzas. “Tengo la esperanza de que sea esta semana [que se envíe al Parlamento]. Seguramente, si no es esta semana va a ser en la otra, pero va al Parlamento”, subrayó. El jerarca dijo que la iniciativa les permitirá a los profesionales con deudas “negociar con la Caja para que se reincorporen como activos”.

Este planteo fue aprobado por unanimidad en el directorio de la caja paraestatal y tiene el respaldo de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, según indicó a la diaria la presidenta de la asociación, Cristina Muguerza. Consultada sobre las facilidades de pago que se otorgarían a los deudores con relación a los afiliados que nunca tuvieron atrasos, Muguerza sostuvo que el instituto “necesita mejorar los ingresos” y señaló que la reestructuración de deudas “ya se hizo en otros períodos y actualmente se encuentran afiliados dispuestos a refinanciar”. No obstante, advirtió que “sólo con eso no alcanza”.

Por otra parte, Mieres recordó que en octubre del año pasado fracasó en el Parlamento una reforma que le daba “viabilidad de mediano y largo plazo” a la CJPPU, porque “lamentablemente no contó con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto”. La reforma establecía, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación, un nuevo impuesto para los profesionales jubilados y transferencias desde Rentas Generales hacia el organismo previsional.

Posteriormente, el directorio de la CJPPU dispuso un aumento de la tasa de aportación de los afiliados activos de 16,5% a 18,5% a partir del 1º de enero de este año. Según Mieres, “eso le da un ingreso que obviamente le viene bien”. Más allá del nuevo proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo, el ministro sostuvo que, en el próximo período de gobierno, “seguramente en el primer año”, el sistema político tendrá que aprobar una reforma integral de la CJPPU. Mientras tanto, sostuvo, “de parte del gobierno hay un monitoreo permanente para ver cómo evolucionan los números”.

Las propuestas rechazadas

Uno de los dos anteproyectos que quedaron por el camino proponía que los profesionales que configuren causal jubilatoria después del 31 de diciembre de 2032 y tengan al menos 70 años de edad y un mínimo de 18 años de cotización efectiva a la CJPPU pudiesen acceder a una pasividad “compatible con el goce de otra jubilación”. La posibilidad de la doble jubilación por edad avanzada existía antes de la aprobación de la reforma jubilatoria, que mantuvo la compatibilidad únicamente para quienes configuren causal jubilatoria antes del 31 de diciembre de 2032.

En el documento de presentación de los anteproyectos, el directorio de la caja sostiene que, “si bien la causal por edad avanzada no constituye un porcentaje elevado de las altas de jubilación anuales”, “sí es un estímulo importante para que los afiliados aporten a lo largo de su vida activa”. En tal sentido, se señala que sólo un tercio de los afiliados aportan exclusivamente bajo el ejercicio libre de la profesión, mientras que un 25% –aparte de ejercer libremente la profesión– tiene “empleos dependientes” por los que aportan a “otros institutos de seguridad social”.

Consultado al respecto, Mieres dijo que “reabrir una discusión de fondo” sobre este tema “es imposible” porque “ya sabemos que en el Parlamento no hubo votos”. Señaló que la compatibilidad de jubilaciones por edad avanzada “está vigente para todos aquellos que configuren la causal [jubilatoria] antes de 2032”, por lo que, a su entender, “no es necesario tocar ese tema” en el último año del actual gobierno. No obstante, añadió que “obviamente ese va a ser uno de los temas de la reforma que tendrá que aprobarse el año próximo”.

El otro de los anteproyectos descartados por el Poder Ejecutivo proponía ajustar los valores de los timbres profesionales por el índice medio de salarios (IMS) y no por el índice de precios del consumo, como sucede actualmente. Según el documento de la CJPPU, esto produce “un descalce entre egresos e ingresos”, dado que las jubilaciones y pensiones se ajustan por el IMS. Este planteo, que en la práctica implicaría un aumento de los timbres profesionales, también fue rechazado por el gobierno el año pasado.

En diálogo con la diaria, el actual presidente de la CJPPU, Daniel Alza, admitió que en este punto el gobierno “siempre ha dicho que no”. Alza dijo desconocer cuándo el Poder Ejecutivo remitirá finalmente las propuestas al Parlamento, pero consideró que “lo mejor sería que las mandara cuanto antes”.

Asimismo, Alza adelantó que cuando la situación patrimonial de la CJPPU se comience a discutir nuevamente en el Parlamento “va a salir de vuelta” por parte del instituto el planteo de que haya un redireccionamiento del impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que pagan los profesionales jubilados hacia la caja. Actualmente, la recaudación del IASS se vuelca íntegramente al Banco de Previsión Social. “Nunca lo bajamos, [aunque] siempre nos dijeron que no”, manifestó Alza.

Consultado al respecto, Mieres dijo que este planteo “hoy no tiene respaldo político en el Parlamento”. Isaac Alfie, por su parte, había señalado que mover el IASS que pagan los profesionales jubilados desde el BPS a la CJPPU sería, “desde el punto de vista del Estado, sacar de un lado y poner en otro y seguir engordando el déficit”.

Números en rojo

La memoria anual de la CJPPU, con cifras auditadas y actualizadas al 31 de diciembre de 2023, marca que el año pasado el organismo previsional tuvo un déficit de 2.180 millones de pesos uruguayos. Se trata del cuarto año consecutivo en que el instituto registra pérdidas debido a la diferencia entre ingresos y egresos. El informe financiero advierte que, sin reformas en el corto plazo, las reservas financieras se agotarían, en el mejor escenario, en el primer semestre de 2026.