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Política Gobierno nacional
Gonzalo Civila (archivo, abril de 2026). · Foto: Gianni Schiaffarino

Gonzalo Civila (archivo, abril de 2026).

Foto: Gianni Schiaffarino

Gonzalo Civila: hay “zonas de la ciudad donde ha disminuido notoriamente la cantidad de personas en situación de calle”

Sobre el conflicto con los trabajadores tercerizados, el ministro de Desarrollo Social señaló que es la “primera administración en la que se establece un diálogo directo entre el ministro y el sindicato”.

El ministro de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, dijo que, al cierre de agosto, se atendió a 14.698 personas en situación de calle a nivel nacional, y la perspectiva es que este año se dé respuesta a “varios miles más”, lo que asoció con una “expansión muy grande del sistema” de atención. Entrevistado por Panorama informativo de la diaria Radio, el jerarca indicó que “la enorme mayoría” tenía ingresos previos, pero la cartera “no tenía espacio [en sus dispositivos] para recibir a todas las personas que necesitaban atención y las estrategias de vinculación con las personas también eran más débiles”.

Civila indicó que asumieron con 5.500 plazas de alojamiento que aumentaron hasta unas 9.000 y que en el interior del país –salvo en cinco departamentos– no existía respuesta cuando no estaba el plan invierno operativo, pero ahora hay “presencia en todos los departamentos de Uruguay con servicio 24 horas”. “Dentro de lo preocupante que es este tema, de lo duro que es este tema, desde el punto de vista de los medios de que el Estado dispone para garantizar la atención de las personas, [esta información] habla de una política exitosa”, valoró.

Según Civila, en la cartera notan, a través de los reportes de ciudadanos y el trabajo de los equipos en territorio, que hay “zonas de la ciudad donde ha disminuido notoriamente la cantidad de personas en situación de calle”, aunque reconoció que, al mismo tiempo, “las personas que no quieren ingresar al sistema se desplazan a lugares menos visibles”. “Este tema estuvo en el primer punto de la agenda durante mucho tiempo. También el hecho de que haya bajado un poco la intensidad de la consideración de este tema da cuenta de que hay algo en la realidad que ha venido cambiando”, señaló.

Civila explicó que asumieron con “una emergencia instalada” en el tema y por eso buscarán seguir aplicando “respuestas de emergencia”, aunque a la vez implementan “medidas de fondo”. Para 2027 prevén que 1.800 personas accedan a respuestas de vivienda con acompañamiento y la meta de 2028 son 3.000, lo que busca “ir rompiendo poco a poco la lógica de escalera que tiene el sistema”, ya que no se trata de los “méritos de las personas para poder llegar a una respuesta de vivienda, sino de características de la situación”.

Contó que existen unos 15 grupos “con expectativas de una vivienda colectiva”, compuestos por personas que “se eligen” para vivir juntas, y que los equipos del ministerio entienden que se pueden “autogestionar”. También trabajan con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua para “apuntalar algunas cooperativas de vivienda de personas que vienen de situación de calle o de otras situaciones de extrema vulneración”, entre otras líneas de trabajo.

“Esta es una expresión aguda de un problema grave que es el problema de la desigualdad y de la exclusión social. No se puede pensar esto exclusivamente como un problema de trayectorias individuales donde las personas, producto de situaciones de salud mental y consumo problemático de drogas –que a veces se mencionan como si surgieran de un repollo–, están ahí en la calle, no quieren salir y esto genera problemas para toda la sociedad. Es un fenómeno al que hay que mirar en sus raíces estructurales, y las sociedades contemporáneas –la nuestra dentro de ellas– estamos produciendo mucha expulsión”, analizó sobre el fondo del asunto.

Transferencias sociales

La unificación de las transferencias incluida en la Rendición de Cuentas se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora se discute en el Senado. Civila subrayó que atravesó cambios que “robustecieron la propuesta” porque “permitieron que fuera aprobada”: el porcentaje de condicionalidad pasó de “una propuesta que era 20%-80% a una de 40%-60%” –donde el 40% es condicionado–, y se planteó que “la vía sea de medio de pago electrónico”, lo que no implica que sea a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

“Uruguay hace muchos años que discute el tema de las transferencias monetarias y discutimos, en un momento, como si estuviera planteado en el proyecto de ley la incondicionalidad absoluta de las transferencias, y eso nunca estuvo planteado. La discusión, en última instancia, era una discusión de porcentaje”, señaló. Sobre el “control del gasto”, sostuvo que “se han dicho cosas que no se compadecen con la realidad de la operativa del sistema hoy”, ya que no controla “milimétricamente” el gasto de los hogares, sino que se da a través de una red de comercios adheridos donde se puede utilizar la TUS.

Además, dijo que una parte del debate le “sorprendió” porque algunos actores que participaron integraron el gobierno pasado y “después de criticar muy duramente la política de transferencias, la sostuvieron e incluso la potenciaron”, lo que entiende como “un mensaje direccionado hacia algunos sectores del electorado que son muy críticos con la política de transferencias”, con “desconocimiento” y con “algunos prejuicios” sobre el gasto de los hogares que “no se compadecen con la evidencia que existe”.

Conflicto con los trabajadores tercerizados del Mides

La carpa que los trabajadores tercerizados del Mides instalaron frente a la Torre Ejecutiva el 17 de agosto en rechazo a los atrasos salariales sigue estando allí, y el 1° de setiembre se instaló una mesa de negociación con el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga).

Civila dijo que se trata de un “problema estructural” y que “persiste, con menos duración en el tiempo de los atrasos, pero con una cantidad importante de trabajadores afectados”. Por eso, remarcó que la suya es la “primera administración en la que se establece un diálogo directo entre el ministro y el sindicato”, y que, en ese marco, definieron “conversar con otros actores del Poder Ejecutivo” –como el MEF y el MTSS– y “plantear la posibilidad de una mesa de trabajo” para buscar una “respuesta estructural al problema”.

“El problema es que con trabajadores sin cobrar, o con trabajadores con derechos laborales vulnerados no hay ninguna política de calidad que se pueda hacer. Siempre afecta los servicios que haya gente que no está cobrando”, indicó. Aseguró que continuarán trabajando para que “este tipo de situaciones no se sigan perpetuando en el tiempo”.