Medio año después de la renuncia del nacionalista Carlos Albisu a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para modificar la normativa vigente de los organismos binacionales. El texto fue aprobado por unanimidad.

El diputado del Partido Nacional (PN) Javier Radiccioni, que fue designado como el miembro informante del proyecto, dijo a la diaria que la iniciativa “se podría estar votando en la próxima sesión” de la Cámara de Representantes, si bien puntualizó que “va a depender de la coordinación interpartidaria”. Asimismo, apuntó que el proyecto salió de la comisión sin modificaciones, pero durante el tratamiento en sala pueden presentarse algunos artículos aditivos.

En concreto, el proyecto establece que el régimen de designación y cese de los delegados uruguayos en los organismos binacionales, como la CTM de Salto Grande, la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Comisión Administradora del Río de la Plata y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, respetará “el mecanismo constitucional previsto en los artículos 187 y 192 de la Constitución”, que establecen que las designaciones serán realizadas por el presidente de la República “previa venia de la Cámara de Senadores”.

Asimismo, el proyecto establece que los delegados uruguayos en dichas comisiones “deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. También dispone que “los gastos de funcionamiento” de las delegaciones uruguayas “se financiarán de conformidad a lo que establezca el Poder Ejecutivo”, “debiendo rendir cuenta de los rubros ejecutados”.

El diputado del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera, que en octubre del año pasado interpeló a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la designación directa de una treintena de militantes nacionalistas en la CTM de Salto Grande, sostuvo en comisión que el FA está “plenamente de acuerdo con todo lo que establece” el proyecto.

Viera pidió que haya “un trámite ágil” en el plenario de la Cámara de Representantes para que el proyecto se transforme en ley “a la brevedad”, según consta en la versión taquigráfica de la sesión. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Senadores en diciembre del año pasado, por lo que podría convertirse en ley si no sufre modificaciones en el plenario de la cámara baja.

El 17 de agosto de 2023, Presidencia de la República autorizó una partida extra de Rentas Generales por una suma de hasta 200 millones de pesos “por concepto de refuerzo de rubros” para la CTM de Salto Grande, lo que ocasionó acusaciones de “clientelismo” y “corrupción generalizada” por parte de la oposición, que denunció la designación directa de decenas de militantes nacionalistas en el organismo binacional. Pocos días después, Albisu, que actualmente es candidato a la intendencia de Salto por el PN, renunció a la presidencia de la CTM de Salto Grande.