Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional reconocieron ante la Comisión de Defensa del Senado el error de dejar ingresar el buque estadounidense Cutter James de la Guardia Costera al puerto de Montevideo sin el aval parlamentario. En una rueda de prensa, el titular de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, dijo que hubo una “incoordinación” entre ambas carteras en el envío del proyecto de ley. Tras ese error, Castaingdebat dijo que “inmediatamente” los dos ministerios comenzaron a trabajar en un “protocolo de acción”.

Castaingdebat sostuvo que, para su “sorpresa”, al procurar saber por qué se había dado la descoordinación se encontraron con que “en el pasado, ante situaciones similares –en no menos de 20 ocasiones y no con guardacostas sino con buques de guerra– las administraciones se basaban en la aplicación de un decreto, que nosotros consideramos que no corresponde”.

“Reconocemos que cometemos un error y rápidamente tratamos de solucionarlo”, pero “en el pasado no se reconocía, se trataba de justificar”, aseguró el jerarca. Castaingdebat afirmó que “en ese entendido se dieron las explicaciones, se informó del proyecto de protocolo que se está elaborando y las partes se entendieron”.

De acuerdo con Castaingdebat, los informes jurídicos con los que cuentan concluyen que ese decreto al que se apeló “no está por encima” de la Constitución, por lo tanto “no es válido haber usado ese decreto ni en el pasado ni ahora para justificar esto”. Sandra Lazo, senadora del Frente Amplio, sostuvo que ese decreto es “bastante laxo” y mediante su uso el Poder Ejecutivo puede “resolver” sin recurrir a la venia parlamentaria, en caso de que se trate exclusivamente de actividades protocolares.

OPV para la Armada

Por otra parte, el ministro de Defensa dio cuenta de que Presidencia aceptó las garantías presentadas por el astillero español Francisco Cardama SA para poder seguir con el proceso de compra de dos buques OPV (Offshore Patrol Vessel) para la Armada. Señaló que sobre el fin de semana anterior, el estudio Delpiazzo, que es el que trabajó en todo el proceso, resolvió que la documentación y las garantías “eran suficientes para salvaguardar al Estado uruguayo”.

El costo total de los buques asciende a 82 millones de euros. “Es una muy buena noticia para Uruguay”, consideró Castaingdebat. En tanto, Lazo dijo a la diaria que van a seguir “muy de cerca” el proceso porque los plazos establecidos están “recontra vencidos”. “Esto no hace más que confirmar que esto sigue tratándose de un proceso que fue bastante desprolijo”, concluyó la legisladora.