La Justicia suspendió el proceso del proyecto Neptuno y ordenó a OSE “no innovar” y que “no suscriba” el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast, tras el reclamo de distintas organizaciones sociales, con base en la defensa del artículo 47 de la Constitución.
En ese marco, Felipe Carballo, diputado frenteamplista que interpeló a las autoridades del Ministerio de Ambiente y de OSE el año pasado, señaló a la diaria que queda “sumamente claro” que los jerarcas “mintieron en el Parlamento”.
Por un lado, Carballo señaló que “obviamente no tenían los estudios presentados en cuanto a los impactos ambientales” y en materia de salud. “Vemos que esta resolución de la Justicia es muy buena. Muchos de estos elementos se lo advertimos en el Parlamento cuando se hizo la interpelación. Les dijimos claramente que no debían de avanzar en la firma de este contrato, que nos iba a endeudar a todos y que iban a endeudar a los próximos gobiernos”, expresó.
Asimismo, Carballo remarcó que constitucionalmente estaban “por fuera” de lo que marca la carta magna. “Vemos como una muy buena noticia esta información; las organizaciones sociales han sido las que han estado en forma permanente trabajando y peleando para defender el agua de todos”, apuntó.
Por otra parte, dijo que las empresas no deberían presentar una denuncia contra el Estado, sino que deberían hacerlo contra los jerarcas que decidieron firmar el contrato. “No tienen que ir contra OSE, tienen que llevar a juicio a los directores que llevaron esto adelante, porque nosotros lo advertimos y en cada uno de los recursos también se hizo hincapié en eso, y aun así han avanzado en la firma del acuerdo”, sostuvo. Añadió que entienden que la decisión es “en defensa de la vida y en defensa del agua”, por lo que el fallo “es muy importante”.
La senadora frenteamplista Sandra Lazo opinó, en diálogo con la diaria, que hay una justificación “muy bien fundada” por parte de la sociedad civil que denunció el proyecto. “Tenemos unos colectivos que se han movilizado y que están preocupados no solamente por el ambiente, sino también por el tema del agua, por ese recurso finito que, además, a través de lo que fue en su momento una legitimada resolución plebiscitada en nuestro país, reafirma que nos preocupa y que el agua debe estar en manos de Estado”, subrayó.
En tanto, Eduardo Brenta, senador del FA, sostuvo que el proyecto Casupá “era el adecuado” para que este gobierno avanzara, ya que durante la última administración del FA el expresidente Tabaré Vázquez dejó “todo pronto”. “Era la inversión adecuada a los efectos de fortalecer el abastecimiento de agua a todo lo que es la ciudad de Montevideo y zona metropolitana”, añadió.
De acuerdo con Brenta, más allá de la decisión judicial de hoy, que el gobierno apelará “porque está empecinado en llevar adelante el proyecto”, Neptuno tendrá un costo adicional “de varios cientos de millones de dólares de lo que sería la inversión de Casupá”.
Por su lado, el senador nacionalista Sergio Botana consideró en diálogo con la diaria que es “vergonzosa” la decisión judicial. “Si mañana medio país se queda sin agua, sabemos quién es el culpable. [Se trata de] una interpretación absolutamente infeliz de un artículo de la Constitución [en alusión al 47]. El agua la sigue manejando la OSE. Acá no hay privatización de nada”, expresó.
A su vez, señaló que hay un contrato de suministro al ente que administra el agua “y ese es el único que maneja”. “No la maneja ninguna empresa privada. La OSE le compra servicios a la empresa privada, así como compra servicios de muchísimas otras cosas”, dijo, y puso como ejemplo que la empresa estatal compra servicios cuando hace obras de saneamiento.
“Cuando hace reparaciones de tuberías compra obras a empresas privadas, compra múltiples servicios en distintas áreas de su trabajo, por lo que no comprendemos esta decisión”, agregó.
En tanto, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo a la diaria que “honestamente” le preocupa “tomar agua de esa zona del Río de la Plata”. En ese sentido, opinó que “habría que hacerlo más cerca de Colonia”. Si bien no tiene una opinión sobre el fallo judicial, sostuvo que lo que le preocupa es “cómo afecta” esta iniciativa a los productores de la zona del Arazatí. “Me gustaría hablarlo con los productores de la zona, porque eso afecta muchísimo a esos productores. Creo que hay que tener en cuenta la opinión de esa gente”, añadió, y finalizó diciendo que la financiación del proyecto también le genera “dudas”.