Hasta ahora, la coalición de gobierno ha tenido una menor cantidad de interpelaciones que cualquiera de los tres gobiernos del Frente Amplio (FA) y, en retrospectiva, se ubica como el segundo gobierno menos interpelado desde la recuperación democrática. Desde el primero de marzo de 2020 a la actualidad, el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou ha sido convocado al Parlamento 12 veces por la oposición y dos veces por integrantes del propio oficialismo.

Según datos del Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, este número está por debajo de las 18 interpelaciones que tuvo el primer gobierno de Tabaré Vázquez, así como también de las 18 que tuvo la administración de José Mujica y de las 19 que tuvo el segundo gobierno de Vázquez, todas ellas por parte de la oposición. Sólo el segundo mandato de Julio María Sanguinetti, que concluyó con apenas nueve llamados a sala, tuvo menos interpelaciones que el actual gobierno de Lacalle Pou.

Seguridad pública e irregularidades varias

A mediados de 2020, en medio de la emergencia sanitaria, el entonces diputado cabildante Eduardo Lust (hoy candidato del Partido Constitucional Ambientalista) se le adelantó al FA y convocó a la Cámara de Representantes a cuatro ministros: Luis Alberto Heber (Transporte), Azucena Arbeleche (Economía), Omar Paganini (Industria) e Irene Moreira (Vivienda) fueron a la cámara baja a dar información sobre el contrato entre el Estado uruguayo y UPM, en el marco de la construcción de la planta de celulosa de la empresa finlandesa en Pueblo Centenario.

La primera interpelación por parte de la oposición demoró más de un año y fue a partir de la exoneración fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas concedió a una empresa de Isaac Alfie. Alfie, en ese momento director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, renunció a los beneficios cuando se conoció la noticia. De todos modos, el diputado frenteamplista Gonzalo Civila interpeló a Arbeleche y manifestó: “Gobiernan para beneficiarse a sí mismos”.

Después de esto, el FA aumentó el ritmo. Entre julio y setiembre de 2021 realizó cuatro interpelaciones: a Arbeleche y Daniel Salinas (Salud) por el manejo de la pandemia, a Heber por la concesión portuaria a Katoen Natie, nuevamente a Heber –ya a cargo del Ministerio del Interior– por asuntos de seguridad, y a Javier García (Defensa) por la compra de los aviones Hércules.

Semanas después, el senador nacionalista Jorge Gandini pasó al frente con un llamado a sala a Paganini para exponer presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena en el anterior gobierno.

En 2022, el tercer año de gobierno de Lacalle Pou, hubo dos interpelaciones: una por la situación económica, a Arbeleche, y otra por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, a Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Heber. Este último llamado a sala, que lideró el senador Mario Bergara, fue el primero que tuvo consecuencias posteriores. Luego de repasar el acta de la sesión con las respuestas de los ministros, la Fiscalía ordenó iniciar una investigación penal, que aún no ha finalizado.

Las últimas cinco interpelaciones que tuvo el actual gobierno fueron en 2023. El FA convocó a Karina Rando (Salud) y Robert Bouvier (Ambiente) por la gestión de la crisis hídrica, por quinta vez a Heber por el aumento de los homicidios, a Rando por el cierre de Casa de Galicia, a Bouvier por el proyecto Neptuno y, finalmente, a Bustillo y Arbeleche por las contrataciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En la interpelación por seguridad, Heber se retiró de sala sin una moción de respaldo del oficialismo.

En total, a 230 días del final del mandato de Lacalle Pou, hubo 12 interpelaciones por parte de la oposición, la mitad de ellas a cargo de legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP). Por el momento no hubo ningún llamado a sala este año, que es electoral.

¿Responsable o excesivamente responsable?

En diálogo con la diaria, Enrique Rubio, exsenador de la Vertiente Artiguista que interpeló al Poder Ejecutivo por su responsabilidad en la crisis hídrica, consideró que el FA ha hecho “un uso responsable” de la herramienta parlamentaria, sobre todo en comparación a los gobiernos anteriores, cuando, a su entender, existió “un uso tremendamente abusivo de las interpelaciones”. “El caso récord fue la secuencia de interpelaciones interminables a [Eduardo] Bonomi como parte de una campaña política”, apuntó.

La oposición intentó “no desgastar el instrumento”, afirmó Rubio, y señaló que “muchas veces se optó por hacer convocatorias a comisión general y no interpelar”. “Hubo una diferencia de criterio. Las interpelaciones se hicieron focalizadas en temas gruesos, importantes, y se procuró no reiterar la interpelación como instrumento sobre un eje temático”, expresó.

Rubio sostuvo que “la sucesión de escándalos” en este período de gobierno “fue tan grande” que “obligó al uso de las herramientas parlamentarias con mayor fuerza que la que podía ser previsible”. No obstante, dijo que “no se trataba de pegar en el mismo punto, como fue la práctica que se siguió en las interpelaciones que se hicieron en el período anterior, fundamentalmente en seguridad”, subrayó.

Para Felipe Carballo, diputado de la lista 711, que llevó a cabo la interpelación por el proyecto Neptuno, en cambio, la postura del FA fue “excesivamente responsable”. “Me hubiese gustado mucho más”, comentó a la diaria. A modo de ejemplo, el legislador apuntó que, en mayo del año pasado, “renunció la ministra de Vivienda [Irene Moreira] por entregar viviendas a los amigos” y, sin embargo, no hubo ningún llamado a sala. “Si el ministro de Vivienda hubiese sido cualquiera de los compañeros del FA, acá en el Parlamento ya lo hubiesen colgado en la plaza”, señaló.

Asimismo, Carballo lamentó que la oposición no haya interpelado a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque, si bien hubo una instancia de comisión general, “fue en pleno receso” parlamentario. “Muchas de las obras [por las] que hoy se golpean el pecho son producto de las obras que ya venían proyectadas desde el gobierno del FA”, afirmó, pero sostuvo que “momentos tienen las cosas” y, en este caso, “ya pasó el tren”.

El diputado del MPP Sebastián Valdomir, que encabezó la segunda interpelación a Heber por temas de seguridad, coincidió con Carballo: “Creo que nos quedamos cortos. Habría que haber interpelado a un par de ministros más un par de veces más”. A su parecer, “faltó alguna interpelación muy potente más”, como, por ejemplo, un llamado a sala al actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

Valdomir dijo a la diaria que en este período de gobierno la herramienta parlamentaria se utilizó únicamente en “temas muy pesados” que “evidenciaron que la bancada de la coalición, en muchos casos, estaba atada con alfileres, porque muchas veces se generaba como un mecanismo de negociación dentro del oficialismo para ver si podían hacer alguna declaración intermedia”.

Por otra parte, Valdomir mencionó dos atenuantes para la cantidad de interpelaciones en este período de gobierno: por un lado, el efecto que tuvo la pandemia en el Parlamento, que mermó su actividad, y por otro, “la composición de la bancada”. Señaló que, al inicio de la legislatura, “muy poquitos” integrantes de la bancada del FA tenían experiencia como legisladores en la oposición, entre ellos, Rubio, José Carlos Mahía y Lucía Topolansky. “Después, el resto, en su enorme mayoría, habían sido solamente parlamentarios de oficialismo”, apuntó.

“La práctica de ser parlamentario de oposición es muy distinta a la de ser parlamentario oficialista, porque tenés que tener una mayor preparación en algunos temas y ser muy astuto en el uso de los instrumentos parlamentarios; eso a nosotros nos llevó un tiempo acomodarnos, uno o dos años, que coinciden con la pandemia”, expresó Valdomir.