Ante el incendio en un residencial de personas mayores en Treinta y Tres, en el que murieron diez personas, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República (CIEN) y el Movimiento de Familiares y Residentes de Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Movimiento Elepem) difundieron un comunicado en el que expresaron “su más profundo pesar y solidaridad con las víctimas y sus familias”, y consideraron que el suceso “es inadmisible en una sociedad respetuosa de la vida y de los derechos de las personas mayores”. Además, apuntaron que esto “resalta la imperiosa necesidad de revisar y reformar nuestro sistema de cuidados, abordándolo como un problema intersectorial y una responsabilidad de la sociedad toda”.

En ese sentido, afirman que “el cuidado en establecimientos de larga estadía es responsabilidad de una ecología de instituciones y personas, que incluye a entidades estatales y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como a profesionales de diversas áreas”. Este lunes la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) pidió la renuncia de “mandos medios y superiores” del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del área fiscalizadora del Ministerio de Salud Pública (MSP) por la muerte de los diez adultos mayores.

Desde el Movimiento Elepem manifiestan que el sistema de cuidados “debe ser concebido de forma integral, superando una lógica de custodia que en la actualidad no ofrece garantías”, y que “impedir incendios involucra no solamente aspectos de seguridad y respuesta de Bomberos, sino que se relaciona directamente con las características de los establecimientos, de su organización, de sus cualidades edilicias, de los sistemas de ventilación, los materiales que determinan la calidad de la construcción, entre otros”.

Por lo tanto, consideran que “la sola habilitación por parte de Bomberos no puede garantizar todas las condiciones de edilicia segura y adecuada para el cuidado”, y destacan que las inspecciones tanto del Mides como del MSP “no son realizadas por arquitectos formados para valorar construcciones”. Al respecto, advierten que aspectos como sistemas de calefacción y refrigeración, proporciones de aberturas para ventilación, medidas mínimas de locales y pasillos “deben regularse a través de permisos municipales, no a través de habilitaciones ministeriales”.

“La normas de habilitación edilicia para los establecimientos de larga estadía son extremadamente insuficientes”, indican. Un ejemplo de ello “es que no consideran las situaciones en las que es necesario movilizar rápidamente a todos los residentes para evacuación de los locales ante incidentes como incendios”, señalan.

Por otra parte, plantean que no es necesario únicamente regular aspectos constructivos, sino que también “tienen que acompañarse de criterios mínimos de cantidad de personas con dependencia por dormitorio, cantidad de cuidadores y sus recursos de acuerdo a las condiciones concretas de cada planta física”. Es por eso que insisten con que el control edilicio sea abordado por organismos municipales y departamentales en coordinación con los ministerios.

“Esta tragedia no constituye un hecho aislado, sino que tiene numerosos antecedentes, respondiendo a un problema estructural de un sistema de cuidados deficiente”, critican.

Para finalizar, el CIEN y el Movimiento Elepem hacen una serie de recomendaciones a las autoridades competentes” que abarcan reimpulsar y repensar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, “superando la fragmentación del mismo y la limitación de derechos que implica un modelo de encierro y de custodia; incorporar aspectos arquitectónicos en las inspecciones “para asegurar que las habilitaciones del Mides y MSP contribuyan efectivamente a disminuir los riesgos”; incorporar a los organismos departamentales y municipales competentes en el control edilicio de los establecimientos de larga estadía; elaborar un protocolo para incendios para los residenciales de todo el país; y, por último, instrumentar el “involucramiento efectivo de autoridades, técnicos, usuarios y funcionarios en planes de afrontamiento realistas de emergencias de diversa índole en este tipo de establecimientos”.

Asimismo, se ponen a disposición “para ofrecer apoyo en este momento tan doloroso a familiares y personas afectadas en el incidente”, así como “recursos técnicos para brindar asesoramiento interdisciplinario y trabajar en conjunto con autoridades nacionales y departamentales y organizaciones de la sociedad civil en aspectos relativos al cuidado, así como las dimensiones edilicias y de higiene edilicia”.

Onajpu llamó a “aunar esfuerzos hacia políticas públicas dirigidas a todos los adultos mayores como sujetos derechos”

Este martes, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) también publicó un comunicado sobre el incidente, en el que saludan “con gran congoja” desde la organización a los “familiares, amigos y a toda la población olimareña”.

“Reafirmamos una vez más nuestros planteos y exhortamos aunar esfuerzos hacia políticas públicas dirigidas a todos los adultos mayores como sujetos de derechos”, subrayan, y al igual que el CIEN y el Movimiento Elepem reivindican que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados tenga una “mejor atención en salud, mayores controles, donde se coloquen los temas de la vejez, en un lugar de debate y búsqueda de soluciones hacia una mejor calidad de vida”.