Los días van pasando y las posibilidades de que los proyectos de ley se aprueben antes del receso parlamentario, pautado para el 15 de setiembre, se van diluyendo. Este martes, la Comisión de Constitución del Senado tenía previsto aprobar un proyecto que incorpora al Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, que originalmente había sido elaborado por Cabildo Abierto (CA) y que recoge aportes del Frente Amplio (FA), sin embargo, la votación se postergó, en principio, para el próximo martes.

A instancias de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, la comisión resolvió convocar para la próxima sesión al director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Germán Aller, y a las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) para que den su opinión sobre el nuevo delito. Hasta ahora, sólo opinaron sobre el proyecto expertos de la Universidad Claeh y la Universidad Católica.

La postergación tuvo el voto en contra del senador cabildante Guillermo Domenech. En diálogo con la diaria, Domenech dijo que a la interna de la comisión “se había dicho” que se iba “a votar este martes”, pero “el Frente se plegó a la posición de Bianchi y no se votó”. “La verdad que me molestó mucho”, afirmó, y sostuvo que, a su entender, el aplazamiento “no se justifica”.

Para Domenech, “por el bien de la política” y “después de todos los escándalos que ha habido sobre mala utilización de dineros públicos”, el sistema político “tiene la obligación de dar señales de que estamos dispuestos a castigar ese tipo de conductas”. La postergación “no me gustó nada”, subrayó.

El senador del FA Eduardo Brenta sostuvo este martes en rueda de prensa que “la comisión está comprometida a votar esto el próximo martes, luego de recibir a las delegaciones que fueron sugeridas”. Señaló que es importante escuchar la posición de la Senaclaft, dado que “es el organismo que debe controlar el tema de lavado de activos” y “el tema de enriquecimiento ilícito está muy ligado al tema de lavado de activos”.

A grandes rasgos, el proyecto de CA dispone una pena de 20 meses de prisión a seis años de penitenciaría, así como una multa económica de 500 a 10.000 unidades reajustables y una inhabilitación de cinco a diez años para el funcionario público que durante el ejercicio de sus funciones aumente su patrimonio “en forma significativa e injustificada en relación a sus ingresos legítimos”, esto es, “todo aumento en el patrimonio que supere el 30% del declarado bajo juramento al asumir el ejercicio de su función pública”. La iniciativa todavía debe aprobarse en la Cámara de Diputados antes de transformarse en ley.

Se aprobó por unanimidad la suspensión del subsidio

El proyecto que sí se aprobó este martes por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado y que parece encaminarse a convertirse en ley antes del receso parlamentario es el que suspende el derecho al cobro de subsidios por parte de cargos políticos y de particular confianza en caso de constatarse delitos contra la administración pública.

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados; no obstante, la comisión de la cámara alta hizo un cambio en la redacción, por lo que, una vez que se apruebe en el plenario del Senado, el proyecto deberá volver a tratarse en la cámara baja.

El texto original establecía que el derecho al cobro del subsidio se suspendía con la “acusación fiscal”, mientras que la nueva versión establece que se suspende con la “formalización”. En rueda de prensa, Bianchi dijo que esto “es conceptualmente importante” porque en el proceso de formalización “ya está el juez”. La senadora nacionalista aseguró que el proyecto se aprobará en el Senado “en la primera sesión ordinaria de setiembre”.

Consultado sobre este cambio, el autor del proyecto, el diputado colorado Conrado Rodríguez, dijo a la diaria que “está bien”, ya que “la acusación es una etapa posterior, pero no tiene un plazo desde la formalización”. Rodríguez aseguró que este cambio no obstaculizará la aprobación definitiva del proyecto en la Cámara de Diputados.

En la exposición de motivos, Rodríguez sostiene que el subsidio tiene como propósito “asegurar o facilitar a la persona que se dedica por completo al desempeño de un cargo político o de particular confianza su reinserción en la vida laboral”. Asimismo, el subsidio “juega un papel importante en la independencia” de los cargos políticos, “porque les garantiza un ingreso, si bien temporal, cuando cesen en los mismos, lo que les despeja parte de la inseguridad futura que puede dar el ingreso a ese tipo de cargos”. Sin embargo, advierte que “no es algo bueno ni sano para nuestra democracia que un político condenado por delitos de corrupción pueda terminar cobrando un subsidio”.