A partir del informe que presentó el lunes TV Ciudad sobre la denuncia de funcionarios por visitas de niños, niñas y adolescentes a ofensores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles, la diputada del Frente Amplio (FA) Bettiana Díaz elevó un pedido de informe al Ministerio del Interior para conocer cuáles son los protocolos de actuación, quién autoriza esas visitas y cómo se cargan en el sistema las medidas cautelares de estos niños, niñas y adolescentes para evitar que tomen contacto con sus propios ofensores.

En diálogo con la diaria, Díaz indicó que la intención del pedido de informe es “tratar de amplificar para ver si las autoridades hacen algo”, ya que hasta ahora lo que están haciendo, según indicó con base en lo que le “trasladaron” desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), es “ver si esta situación está pasando y están buscando datos”. Sin embargo, la diputada señaló que “al final no se termina de solucionar nada”.

Es por eso que lo fundamental para la legisladora es “la respuesta rápida” para que estos casos “no se sigan dando”. Estas visitas, según Díaz, datan de 2022, y de acuerdo con la oficina del comisionado parlamentario, con la que se comunicó a pesar de que Juan Miguel Petit está fuera del país, no había denuncia por esta situación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Lo que le pareció “grave” a Díaz es que estas denuncias fueron trasladadas por parte de los funcionarios a las autoridades del INR, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y a la Justicia, que “estaban en conocimiento de la situación”, pero “no pasó nada”, aunque “las situaciones se sigan dando”.

La diputada explicó que los ofensores sexuales que están en la Unidad 6 de Punta de Rieles, que son aproximadamente 100, como “no tienen grandes problemas de conducta” se los mezcla con personas privadas de libertad por otros delitos, como “policías que fueron condenados” o “violencia de género, con otro tipo de perfil”. Puntualizó que estas visitas se dan “sin ningún tipo de supervisión o custodia” y que eso es “lo grave”.

En este caso, lo que se constató por parte de los funcionarios es que “hay niños con medidas cautelares que ingresan a ver a sus propios ofensores”. Esto, según Díaz, parte de “un error administrativo”, porque “no están los datos de lo que dicta la Justicia”. “A veces dentro de los expedientes no están los datos de la víctima, hay todo un desajuste ahí bastante importante”, apuntó.

Díaz puntualizó que hay una “saturación del sistema”, ya que existe una “falta de funcionarios”, lo que “termina en situaciones que son violatorias de derechos y que son de desprotección”.

Tanto esta situación como la muerte de seis personas privadas de libertad en Santiago Vázquez (ex Comcar) en un incendio intencional demuestra esta “saturación” y provoca que la cárcel “sea todavía más violatoria de los derechos humanos”, consideró. En esa línea, agregó que el error administrativo en la carga de los datos de las medidas cautelares de los niños que sufrieron abuso sexual responde a este problema, aunque no haya “intencionalidad”.

La diputada subrayó que esto se “viene planteando hace tiempo ya” y que “no ha tenido respuesta por parte del INR”. Aclaró, asimismo, que si bien hay niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso y están en contacto a través de estas visitas con los ofensores sexuales, no todos lo fueron, “pero sí son parte del núcleo familiar de alguien que es un ofensor sexual”. Destacó que al “no haber un protocolo, no podés separar las situaciones”.

Por otra parte, remarcó que “no se está haciendo nada ni para controlar que estas situaciones no se perpetúen ni para bajar la violencia sexual, porque no hay programas de tratamientos para los ofensores”. “Es una población que tiende a tener baja reincidencia, pero para eso tenés que tener un abordaje técnico para el que no tenés funcionarios”, concluyó.