Al cierre de la legislatura, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con los votos tanto del oficialismo como de la oposición, el proyecto de ley que introduce en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad la semana pasada en la Cámara de Senadores, por lo que se transformará en ley una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto, que consta de un solo artículo, establece una pena de 18 meses a seis años de penitenciaría, una multa de entre 50 y 15.000 unidades reajustables y una inhabilitación de dos a cinco años para aquel funcionario público que, teniendo “la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos”, obtuviese “indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos” un incremento patrimonial “significativo e injustificado” con relación a sus ingresos legítimos.
El diputado del Partido Nacional Juan Andrés Ramírez, quien argumentó a favor del proyecto en el plenario de la cámara baja, sostuvo que la iniciativa “llena un vacío penal importante”, al mismo tiempo que envía un mensaje: “Que los funcionarios públicos con estas características sepan que si están cerca de alguna situación de enriquecimiento ilícito que no puedan justificar, lo que son, son delincuentes”.
Si bien sostuvo que el proyecto tuvo “una larguísima discusión”, Ramírez consideró que debió incorporar “un agregado que estaba en el proyecto original” del entonces senador colorado Pedro Bordaberry, que disponía un agravante “para quienes tenían un cargo electivo o de particular confianza”. De todos modos, Ramírez valoró positivamente la iniciativa como una herramienta contra la corrupción, que “es el abuso del poder público en beneficio particular”.
Nueva regulación para los alojamientos turísticos
Por otra parte, la Cámara de Diputados también aprobó este miércoles de manera definitiva el proyecto de ley que regula las actividades de alojamiento turístico en inmuebles particulares, también con los votos del oficialismo y de la oposición, pero con el voto discorde del diputado del Partido Constitucional Ambientalista, Eduardo Lust.
El proyecto, que fue aprobado en el Senado a mediados de agosto, establece que el propietario, administrador o explotador de un inmueble de uso turístico deberá presentar una declaración jurada en el registro de operadores turísticos del Ministerio de Turismo; a su vez, establece que el titular de la propiedad estará sometido a las inspecciones que determine el ministerio y a “informar periódicamente al Ministerio del Interior la identidad de los sujetos alojados”, entre otras cosas. El proyecto fue avalado en la cámara alta por los exministros de Turismo Tabaré Viera (Partido Colorado) y Liliam Kechichian (Frente Amplio).
El miembro informante de la iniciativa, el diputado colorado Raúl Sander, dijo este miércoles en el plenario de la cámara baja que el proyecto “viene para regular la igualdad de condiciones para quienes ofrecen las mismas cosas”; en ese sentido, afirmó que en el último tiempo “la modalidad de alojamiento de viviendas particulares ha tenido un gran auge y se ha llegado a una competencia desleal”.
Por su parte, el diputado nacionalista Diego Echeverría sostuvo que, una vez vigente, la ley no supondrá una limitación a “la actividad de alquileres por la vía digital en plataformas como Airbnb o Booking”. No obstante, Echeverría, que es de Maldonado, sostuvo que “es necesario regular” el uso turístico de inmuebles particulares porque actualmente “hay edificios enteros que se terminan convirtiendo de hecho en hoteles, con los mismo servicios que un hotel, con gastronomía, y terminan siendo, sin lugar a dudas, una competencia desleal a la industria hotelera”.
Para Lust, en cambio, el proyecto no ofrece garantías contra la “voracidad” del Estado. Dijo que en Uruguay “hay un exceso de reglamentación” y advirtió que con este proyecto “el propietario está corriendo el riesgo de que le caiga una inspección”. “Acá no hay monopatines porque apareció uno con un monopatín y le cayó toda la infantería hasta que la persona se fue”, agregó.