Durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, el ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que busca que su gestión “establezca un nuevo paradigma en materia de política de seguridad”. El jerarca reconoció esto como imprescindible teniendo en cuenta su convencimiento sobre el “fracaso sistemático y sostenido que han tenido las políticas de seguridad que se han desarrollado hasta el momento” en el país.

Negro hizo referencia a la tasa de homicidios “en más de 10 de cada 100.000 habitantes por año”, y el aumento de otros fenómenos delictivos como la estafa, que pasó de 39 cada 100.000 habitantes por año en 2013 a 870 estafas en la actualidad. El ministro también trajo a colación -entre otros delitos- las cifras de violencia doméstica, actualmente en 1.200 denuncias cada 100.000 habitantes por año.

Con ese diagnóstico general, el jefe de la cartera puso particular énfasis al referirse a la situación del sistema penitenciario, al que describió como “absolutamente colapsado”. En ese sentido, subrayó la persistencia de “una tasa de reincidencia” del 70% en los primeros tres años y apuntó a la importancia de “las medidas alternativas” de la mano de medios tecnológicos o de “justicia terapéutica” (con incidencia de propuestas, según reconoció, del Partido Colorado).

“La experiencia nos indica que hemos caído en el facilismo, muy uruguayo, de aprobar una norma jurídica y luego despreocuparnos del tema. Esto hace que el péndulo vaya hacia el otro lado y, como se registraron altos niveles de impunidad, volvemos a la criminalización de todas las conductas”, cuestionó siempre en referencia a lo jurídico. “Hoy como resultado tenemos 16.500 privados de libertad, lo que nos hace imposible gestionar cualquier tema de seguridad pública en forma exitosa, por lo menos, en los niveles de éxito que nosotros nos proponemos”.

En ese marco, anunció que se considera “reincorporar la suspensión condicional del proceso a prueba”, algo que, según recordó, la “LUC desterró de un hachazo y de forma bastante irresponsable”. “La cantidad de población carcelaria que tenemos hoy también es consecuencia de ese tipo de medidas; los abogados la llamamos 'legislar al golpe del balde'. Tenemos que tratar de evitar caer en esa tentación”, analizó el jerarca.

La descentralización del INR

Negro anunció también que ya está “elaborado un proyecto de reforma y de transformación del INR en un servicio descentralizado”. Según el ministro, este “seguramente” será elevado al Parlamento “en los próximos días”. Teniendo en cuenta algunos comentarios de la oposición durante el tratamiento del presupuesto en Diputados, indicó que se decidió enviar por separado este proyecto para que sea “tratado adecuadamente, dada la importancia de la temática”.

“Por suerte, tenemos una especie de consenso político en la necesidad de esa transformación y eso ya quedó demostrado en nuestra comparecencia en la Cámara de Representantes”, comentó el jerarca. “Hay matices en algunos sectores en cuanto a de quién debe depender el INR, pero creo que son tan sólo eso, matices, por lo que llegaremos a acuerdos que nos permitan arribar a una necesaria, indispensable e impostergable descentralización”, complementó.

Negro reconoció que esas diferencias podrían “generar un debate que debería ser lo más amplio y robusto posible para tener la mejor solución para el INR”. “Entendimos que había que hacer un estudio profundo, con todos los medios con que cuenta el ministerio, tanto en lo académico como con la experiencia que tienen sus funcionarios policiales, que se han dedicado muchos años a esto”, detalló.

Sobre las personas privadas de libertad, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz indicó que se trata de quienes están “en el medio de un proceso de descentralización que obviamente debe pensarse con esa responsabilidad”. “Nunca se ha hecho una experiencia de este tipo y claramente hay que tener mucha cautela”, comentó la legisladora.

“Entiendo que hay algunos diálogos arriba de la mesa que hay que habilitar y que hay que hacerlo con tiempo, porque creo que esta es una transformación profunda del sistema que tenemos que pensar; todos hemos hecho cosas con muy buenas intenciones, pero no han funcionado muy bien”, reflexionó.

Lo que quedó por el camino

Durante su comparecencia en la comisión, Negro se refirió a dos artículos del inciso del Ministerio del Interior que no fueron aprobados en la Cámara de Representantes y explicó de qué se tratan. Primero se detuvo en el que preveía el aumento del sueldo en 29.000 pesos para el subdirector general de Secretaría del ministerio (completando un salario de 157.752 pesos). “Se trata de una norma que intenta hacer justicia con respecto a un cargo que implica una altísima responsabilidad y un conocimiento del ministerio, del personal policial y de la seguridad pública, muy fino, que requiere mucha experiencia en todos estos temas”, argumentó el ministro.

Actuando como senador, el exministro del Interior Nicolás Martinelli respaldó el planteo de Negro y aseguró su apoyo si la propuesta se vuelve a presentar. El nacionalista recordó que el subdirector general “es la quinta persona al mando del ministerio, y hoy el sueldo que tiene es menor al de, prácticamente, todos sus subordinados, los gerentes de áreas y ni que hablar de otros funcionarios”.

Con énfasis en lo “destacable o llamativo” de su no aprobación en Diputados, Negro también se refirió a la propuesta de cambio de nombre de la cédula de identidad a documento nacional de identidad. “La denominación está absolutamente pasada de moda –digamos– y no existe a nivel internacional; todos los países tienen documentos nacionales de identidad”, aseguró el ministro.

“Hoy ya dice documento de identidad y, si se quiere, no tiene base legal”, admitió. “Lo que nosotros quisimos hacer es ponerle una base legal a esa denominación que ya tiene y le agregamos la palabra nacional, porque le corresponde a todo el territorio de la República, cosa que no tienen por qué saber en otros países”, detalló.

Al respecto de la negativa de la oposición, recordó que en noviembre de 2024 se lanzó un llamado a licitación para hacer documentos nacionales de identidad y se hizo un contrato luego de una “resolución presidencial de enero de 2025 que tenía la firma de Luis Lacalle Pou” en los mismos términos.