Una vez más, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó proyectos que proponen otorgar la prisión domiciliaria a represores presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, que dejó 197 personas desaparecidas, según la lista oficial.

El lunes, horas antes de que la Asamblea General conmemorara los 40 años de la recuperación democrática, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y el diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) presentaron formalmente sendas iniciativas al respecto. La de Bordaberry, además de crear una “Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más” bajo la órbita de Presidencia, plantea la excarcelación de “toda persona condenada por hechos ocurridos hasta el 1° de marzo de 1985” que supere los 75 años de edad. Esto se haría mediante una solicitud ante la Justicia en la que se “acredite la edad y la situación de salud que justifique la medida”.

El proyecto de Goñi, en tanto, dispone la prisión domiciliaria preceptiva –sin intervención judicial– a partir de los 70 años de edad. “Tan sólo se requiere petición de parte y cumplimiento de los dos requisitos referidos (edad y antigüedad del hecho)”, se señala en la exposición de motivos de la iniciativa impulsada por el diputado nacionalista.

En una conferencia de prensa de “carácter urgente”, Madres y Familiares –a través de una de sus integrantes, Laura Boiani– afirmó que las iniciativas presentadas por el senador colorado Pedro Bordaberry y por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, “lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar”, en realidad “la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la justicia”.

“Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad”, manifestaron, y resaltaron que los delitos de lesa humanidad “no constituyen hechos aislados”, sino que “son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo”. “Su carácter excepcional los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos de comunes y exige, por parte del Estado, una respuesta penal firme, efectiva y proporcional”, agregaron.

Sostuvieron que el proyecto presentado por Bordaberry “atenta contra todo compromiso institucional y [contra] el reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay”. “Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de delitos de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre crímenes”, apuntaron.

En ese sentido, señalan que “en ningún pasaje” del texto legislativo ni en la exposición de motivos “se reconoce la responsabilidad del Estado y se elige omitir el término desaparición forzada por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, tal como lo reconocen las leyes vigentes”.

El senador propuso, además, la creación de una “Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más”, bajo la órbita de Presidencia de la República y en coordinación con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), cuyos integrantes “podrán actuar en forma conjunta o individual en la búsqueda de testimonios, documentos y antecedentes”.

Sobre este punto, Familiares aseveró: “No queremos nuevas comisiones para la paz que reediten versiones ya comprobadas como falsas, ni comisiones que deslinden responsabilidades judiciales”. Por el contrario, exigen que se fortalezcan los equipos existentes, que se cumpla con la legislación vigente “mediante el trabajo de todo el Estado para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia” y que se respete el trabajo de los equipos de investigación de la INDDHH y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Demandan, también una vez más, “que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que sabemos que poseen”.

“Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan, día tras día, encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Sólo la justicia y la verdad de los hechos –que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares– nos marcan el camino a recorrer”, manifestaron.

Para finalizar, la organización convocó “al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales” a “mantenerse en alerta, a defender activamente la memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad”.

“No ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado”

Elena Zaffaroni resaltó que el término reconciliación propuesto por Bordaberry es “ambiguo”, ya que “hubo un terrorismo de Estado”, y en ese marco, “no hay reconciliación posible con los crímenes del Estado”.

Consultados sobre por qué consideran que los proyectos se presentan el mismo año en que se cumplen 40 años del retorno a la democracia y en el marco de un nuevo gobierno, Zaffaroni aseguró que “esto es una cosa recurrente” a lo largo de las cuatro décadas que pasaron, “de las formas en que se han armado las investigaciones, las comisiones”. “Siempre se fue marcando la impunidad sin reforzar la Justicia, sin aportar los datos verdaderos de lo que pasó con nuestros familiares, con los desaparecidos”, continuó.

Por lo tanto, dijo que están “convencidos” de que “este tipo de accionares son recurrentes en la medida en que no ha existido la voluntad política de poner realmente un antes y un después con el terrorismo de Estado”.

Ignacio Errandonea apuntó que “hace muchos años” reclaman que se dé la orden a las Fuerzas Armadas aunque eso no ha sucedido, así como que “no puede haber prisión domiciliaria para los genocidas”. De todas formas, criticó, “período tras período se presentan estos proyectos”, en referencia a los presentados en el período pasado por Cabildo Abierto y por la exsenadora nacionalista Carmen Asiaín.

Por otro lado, destacó que “es un derecho fundamental que las Fuerzas Armadas dejen de ser autónomas y estén subordinadas al poder civil, porque eso es lo que manda la Constitución”.

Asimismo, dijo que el 21 de mayo la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, “se comprometió a retenerles las jubilaciones a los delincuentes prófugos de la Justicia”, pero que “al día de hoy no se ha hecho, la orden no se ha dado”. Además, contó que solicitaron a los partidos políticos que emitieran una declaración solicitando que quien posea información sobre los detenidos desaparecidos la proporcione. “Al día de hoy el Parlamento no ha hablado de esto, [pero] sí hablaron de prisión domiciliaria para los genocidas”, señaló.

Observatorio Luz Ibarburu expresó su “oposición absoluta” a los proyectos

Más temprano, las organizaciones sociales que integran el Observatorio Luz Ibarburu –entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Crysol, Memoria en Libertad, el PIT-CNT y Fucvam– habían manifestado su rechazo a los proyectos de ley que plantean otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

La directora del Observatorio Luz Ibarburu –especializado en el seguimiento de las causas judiciales vinculadas a la dictadura–, Fernanda Aguirre, anunció en conferencia de prensa la “oposición absoluta” de las organizaciones sociales a la prisión domiciliaria para los represores de la dictadura y encuadró ambos proyectos en “una embestida revisionista que niega los gravísimos delitos de lesa humanidad”.

“Es absolutamente insultante pedirle a una madre que no le han devuelto a sus hijos, pedirle a una persona de la que abusaron sexualmente, pedirle a una persona a la que le robaron su identidad que se reconcilie con los victimarios”, afirmó Aguirre, en referencia a la propuesta de Bordaberry. En la exposición de motivos del proyecto del senador colorado se sostiene, entre otras cosas, que “la reconciliación auténtica no surge del olvido, sino de la integración serena del pasado, de la verdad documentada y del tratamiento institucional adecuado”.

“Conocemos Domingo Arena y parece más un hogar de retiro que una cárcel”

Por su parte, Pablo Chargoñia, abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado y miembro del Observatorio Luz Ibarburu, dijo que, “desde el punto de vista jurídico, estos proyectos de ley violentan el deber internacional que tiene el Estado uruguayo de promover y proteger los derechos humanos”. Auguró que, en el caso de que se aprobaran en el Parlamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores “se debería ver obligado a responder” tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a la Organización de las Naciones Unidas.

“Uruguay tiene el deber de legislar en un sentido exactamente contrario al que proponen estos proyectos de ley; en un sentido de investigar cabalmente, de realizar la justicia eficaz, oportuna y en tiempo, de proteger a las víctimas”, expresó.

Por otra parte, Chargoñia indicó que en estos momentos “aproximadamente la mitad de los imputados, procesados o condenados” por crímenes cometidos en la dictadura ya está en prisión domiciliaria, dado que la normativa vigente prevé que, “en caso de enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, de acuerdo a certificados médicos del Poder Judicial”, puede disponer la excarcelación.

Apuntó, además, que las condiciones de reclusión de los represores que cumplen su condena en la cárcel de Domingo Arena son “absolutamente diferentes a las del resto de las personas privadas de libertad”. “Conocemos Domingo Arena y parece más un hogar de retiro que una cárcel; de modo que cualquier afirmación respecto de una pretensión humanitaria a favor de los detenidos en Domingo Arena es un acto de cinismo, falsedad e injusticia”, afirmó.

Asimismo, Chargoñia puntualizó que los represores condenados “han tenido oportunidad de defenderse plenamente”, en el marco del debido proceso, incluso “a veces con algún exceso en el ejercicio de la defensa”.

“Por estas razones creemos que se deben rechazar enfáticamente los proyectos de ley, que a nadie escapa tampoco que han sido presentados en ocasión de una lamentable gestión del presidente de la República y la ministra de Defensa Nacional, también en aparente beneficio de los alojados en estas prisiones, que también debe ser rechazada”, expresó el abogado, en referencia a la reunión que mantuvo Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, por la situación de los represores en Domingo Arena.

Consultada al respecto, Aguirre dijo que el mandatario “puede saber a través de esta conferencia de prensa cuál es la posición del movimiento social, que esperamos la tenga presente, porque además ya la conoce con antelación”. “Los represores tienen todos los mecanismos a través de la Justicia para dar sus mensajes, y no es a través del presidente de la República que los tienen que transmitir; no pasa así con el resto de los 16.000 presos, que están en condiciones infrahumanas”, afirmó.