Este miércoles por la tarde, en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el titular de esa cartera, Gonzalo Civila, encabezó una conferencia de prensa para anunciar una noticia que calificó como “muy importante”. Dijo que pudieron avanzar en el diseño de una herramienta para aportar “a la solución de un problema estructural histórico”, ya que “hace muchos años que organizaciones que convenian con el Mides presentan atrasos” en los pagos, “que tienen consecuencias sobre trabajadores y trabajadoras” que se desempeñan en los proyectos de la cartera.

Civila anunció que avanzaron en varios campos para solucionar ese problema, como la transformación “de los propios procesos de la administración pública”, algo que está “en revisión constante”. Pero hay un componente que para el Mides es central –añadió–, “la posibilidad de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y de abrir una línea de financiamiento para esas organizaciones”, así pueden sostenerse en momentos en los que, “como consecuencia de los procesos propios de la administración pública y a veces de las falencias en las rendiciones de cuentas de las organizaciones, como está sucediendo recientemente, no hay un flujo de pagos suficiente como para poder cumplir con todos sus compromisos”. Civila subrayó que esto termina afectando “a la parte más vulnerable de esta cadena, que son los trabajadores de las organizaciones”.

En un comunicado, el Mides informó que se trata de un convenio de la cartera junto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) –persona pública no estatal que coordina con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas– y República Microfinanzas –sociedad anónima que pertenece al Banco República–. El convenio firmado implica que la ANDE abrirá una línea de crédito en República Microfinanzas para que las organizaciones de la sociedad civil “puedan garantizar el pago de salarios” en circunstancias como las que explicó Civila.

“Estos créditos estarán destinados a organizaciones conveniantes con el ministerio y se darán únicamente bajo instrucción de este, obedeciendo a topes de recursos y de utilización de la herramienta, priorizando las situaciones de mayor urgencia”, se señaló en el comunicado. En la conferencia, Civila subrayó que la herramienta tendrá “un aval” del Mides y resaltó que “no es una línea que se vaya a desplegar indiscriminadamente, sino que va a tener un control y un uso racional”. En el comunicado se agregó que el Mides “se hará cargo de los gastos por concepto de intereses asociados a los créditos de República Microfinanzas” a los que accederán las organizaciones.

Además, se informó que el convenio con la ANDE “incluirá una línea de capacitación por parte de la agencia destinada a fortalecer a las organizaciones en sus capacidades de gestión y prevenir situaciones futuras asociadas a incumplimientos y atrasos”.

“No son instrumentos para tercerizar la política pública”

Hace dos semanas, los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) realizaron un paro de 24 horas solicitando al Mides que responda ante la deuda que se mantiene con funcionarios que cumplen tareas en representación de organizaciones contratadas bajo el régimen de tercerizaciones. En el comunicado, el Mides aseguró que mantiene un “diálogo permanente tanto con trabajadoras y trabajadores nucleados en el Sutiga como con las organizaciones con las que realiza convenios”. Y, a través “de mesas permanentes con los actores involucrados, se realizará un seguimiento a este y otros mecanismos”.

Civila subrayó que para el Mides las organizaciones que trabajan con la cartera “no son instrumentos para tercerizar la política pública” como muchas veces se encuentra “en distintos lugares”, y aseguró que la “evaluación permanente va dirigida, justamente, a que no sea ese el uso del instrumento de los convenios”. “Son organizaciones que por su trabajo, su vínculo con el territorio y la gestión comunitaria le agregan valor a la política pública social, y por eso es muy importante contar con ellas y poder tener herramientas para que sea un trabajo sostenible”, indicó.

A todo esto, la prensa le preguntó a Civila de cuántos meses es el atraso del pago a los trabajadores, y contestó que “son variables”. Agregó que durante este tiempo, “en que este tema se ha puesto en la agenda pública”, evitó salir a aclarar algunas situaciones, aunque sostuvo que hay cosas para aclarar, “porque en realidad se han manejado tiempos de atrasos, cantidades de trabajadores, etcétera, que no necesariamente reflejan la realidades del presente, pero hay atrasos en distintas organizaciones”.

“Nosotros hacemos todos los esfuerzos que, dentro del marco de la ley, podemos hacer para que las organizaciones puedan cobrar y pagar los salarios, pero hay garantías que tienen que ver con un uso transparente de los recursos públicos, además de procesos que en la administración pública llevan su tiempo, por las características de los controles”, finalizó.