El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, fue cuestionado luego de que se conociera que, como abogado, presentó un escrito ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar el reexamen de una causa, lo que se barajó como una eventual violación del artículo 124 de la Constitución. Finalmente, un informe de la Dirección Jurídica del Poder Legislativo no detectó inconstitucionalidad y el legislador opinó que ese era “el cierre del tema”, valoración que reiteró este martes en la diaria Radio.

“Yo creo que ya está terminado el tema. Para mí se liquidó. Para mí, al menos, después otros dirán lo que tengan que decir, pero yo lo doy por terminado y en el sentido estrictamente jurídico creo que la Dirección Jurídica del Poder Legislativo le pone la tapa al tema y a nivel político el respaldo de toda la Coalición Republicana y de Cabildo Abierto”, consignó en ese mismo sentido.

El legislador también destacó que “se sienta un precedente muy interesante” porque “de aquí para adelante el ejercicio profesional queda excluido de las prohibiciones del 124”. Ojeda cuestionó, por ejemplo, que “en alguna interpretación” no se pueda “pedir información registral de un tercero” o que un médico que trabaja en una mutualista privada “y el único resonador lo tiene ASSE, no puede ordenar un estudio en ASSE por esto”.

“Creo que cortamos algunas cuestiones que parecían un poco ridículas. Ojo, también capaz que nos permite tener legisladores que antes no lo eran por estas cosas y son gente valiosa que de repente no se animaba a hacer esto por no perder espacios profesionales y ahora lo puede hacer. Creo que le pusimos un coto de razonabilidad al tema y aparte con un informe hipercontundente”, aseguró.

Sobre la Dirección Jurídica del Poder Legislativo, organismo que lo ratificó en el cargo, Ojeda dijo que “tiene cientos de consultas todos los períodos” y “es lo más parecido a un juez que tenemos”. El periodista Eduardo Preve publicó en X que la jefa interina del servicio integra el Partido Colorado, ingresó al Parlamento por cuota política y es hija de un histórico dirigente: “No le voy a responder nada. Yo creo que ya Eduardo Preve hace tiempo que no es periodista y yo no debato con militantes de Twitter porque estaríamos todo el día leyendo Twitter. De mi parte, no existe más que lo que comenté. De ahora en más discutiremos con los senadores, que son los que tienen que tomar decisiones de aquí para adelante, y en lo que a mí respecta no le voy a dar ninguna respuesta”, acotó sobre las declaraciones.

Finalmente, el legislador también negó las acusaciones hacia su persona de presionar a la Fiscalía, tal como relató a la diaria el empresario Gonzalo Najul, involucrado en una de las causas. “Cuando la otra parte está enojada dicen cualquier cosa. Asumo que no habrá mostrado demasiadas pruebas, porque si no estarían publicadas. Yo sería cuidadoso, si fuera él, porque esto lo podría exponer a una denuncia por difamación”, acotó al respecto. Ojeda agregó que “no hubo ninguna presión a nadie jamás” y que patrocinó una denuncia económica en la que acusó a Najul “de haber robado”: “Obvio que no está contento y obvio que va a decir cosas contra mí, porque estoy firmando la denuncia hace casi cuatro años”, cerró.

El informe del constitucionalista Daniel Ochs que espera el Secretariado Ejecutivo del FA y las mayorías

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio resolvió analizar el caso, por lo que ahora espera un informe del constitucionalista Daniel Ochs. Ojeda dijo que Ochs “ya ha hecho pública” su posición y además dijo que el tema “está cerrado” no sólo por el informe, sino también porque “no hay dos tercios”, y “lo que tendrá que decidir el Frente Amplio es qué quiere que pase entre que se cierra”, ya que “tiene margen de elegir cuánto show quiere tener”. Por otro lado, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado –Ojeda es su vicepresidente– también trató el tema y resolvió solicitar informes a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo y a la de Asuntos Jurídicos del Senado: el colorado dijo que esta última “no se dedica a estos informes habitualmente”, sino que “tiene por objeto estudiar las mayorías necesarias” y “está sometida directamente a la presidencia del Senado”, por lo que “claramente no es lo mismo” y “sería muy, muy extraño y bastante boutique que tomara una posición sobre un tema que habitualmente no lo hace”.

El número de votos necesarios para una eventual destitución ha sido punto de debate durante la discusión. Ojeda fue crítico con el constitucionalista José Korzeniak, que elaboró un informe para el FA, y dijo que “quizá lo más grave de toda esta discusión” está representado por “la propuesta, de parte de alguien que hasta esto revestía cierto prestigio, diciendo que en el Uruguay –por la razón que sea– se puede sacar a un legislador por mayoría simple”: “Si mañana tú fueras legislador y te condenan por narcotráfico, sin dos tercios no te vas. [...] Es tan descarnada la confesión de Korzeniak que dice que esta resolución que él saca de la mayoría simple es en virtud de que el FA no tiene las mayorías para ejecutar la sanción que prevé el artículo”, afirmó.

Uno de los argumentos de Korzeniak es que los “preceptos de la Constitución no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva”, por lo que si la norma no especifica una mayoría especial, alcanza con la simple. “Yo creo que propone un golpe de Estado”, valoró Ojeda. “Imaginate que en toda la legislatura echaremos gente con mayoría simple, que la mayoría simple aparte rota. Es peligrosísimo y de hecho no hubo quien no le dijera que esto era un delirio. Esta salida de Korzeniak abroqueló a la oposición fuertemente y, de hecho, no hay ningún otro profesor que haga ni medio comentario parecido a este; quedó en solitario y te diría que hasta en ridículo. No entiendo por qué se juega el prestigio”, afirmó.

“Veo muy poco probable que el FA asuma esta tesis, porque sería netamente un golpe de Estado. Lo descarto de plano y creo que es lo más peligroso que he escuchado en el marco de esta discusión; todo el resto es razonable y lo tendremos, habrá más de una posición, como siempre, dos bibliotecas, pero esto ya bordea el totalitarismo, esto es Venezuela”, aseveró. Agregó que detrás “hay un pensamiento político y no jurídico”.

Sobre la posibilidad de reiterar la conducta, dijo que “claramente” está habilitado e insistió con “el precedente que se generó de razonabilidad a la hora de interpretar una norma constitucional”: “No solamente me habilita a mí a ejercer, habilita a los escribanos, a los médicos, a un arquitecto a pedir un informe en un ente autónomo sobre el estado de un inmueble… Con esto, ahora, para cualquier profesional que ejerza donde no haya un conflicto de interés –que es justamente lo que cautela la Constitución– hay una habilitación clara para hacerlo”, definió.

Caso Cardama y proyecto de Bordaberry sobre prisión domiciliaria a represores

Ojeda también opinó sobre el proyecto de ley que presentó su correligionario, el senador Pedro Bordaberry, para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 75 años condenados por crímenes de la dictadura. Dijo que, si bien lo recibió ayer, “Uruguay debería tener una sola legislación con respecto a la edad y a la prisión domiciliaria”, porque el artículo 26 de la Constitución “dice que las cárceles no servirán para mortificar, sino para rehabilitar y reinsertar”, mientras que “en el caso de esta gente tenés las únicas prisiones perpetuas que Uruguay tiene en los hechos”.

“Creo que no es para estos casos y para otros, es para todos, por cualquier delito, que tenga más de determinada edad”, resumió en ese sentido. “Me parece que no es razonable tener leyes con nombre y apellido; deberíamos tener algo que sea para todos igual, y de hecho Uruguay ya legisló en ese camino recomendando a los jueces que después de los 70 valoren especialmente la prisión domiciliaria”, afirmó. Así, adelantó que “podría ser interesante estudiar que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se haga cargo del Comisionado Parlamentario para las cárceles” o “por lo menos integrarla dentro de la institución”, considerando que “no hay consensos con el nombre y que hemos tratado de darle fuerza a una INDDHH que tiene directores reconocidos”, sostuvo.

Por otro lado, informó que solicitó la denuncia que el Estado uruguayo presentó por su conflicto con el astillero español Cardama Shipyard por la construcción de dos patrulleras oceánicas. “El plazo original venció y el gobierno nos contesta que se amplía a 20 días más”, aunque “ya adelantó que entiende que puede estar en el marco de la reserva de la investigación fiscal”, comentó: “La enorme publicidad que tuvo el tema no se condice con el oscurantismo que tuvo la denuncia”, afirmó. Sobre la presunta falsedad de la garantía, dijo que “no es lo mismo que lo haga la gente de la garantía o el propio Cardama” y, por eso, “en el ruido de versiones periodísticas donde la gente habla y dice, el negro sobre blanco siempre da más tranquilidad”.