El designado director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, recibió días atrás a una delegación de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), en el marco de un panorama acuciante: en el organismo previsional estiman que en junio de este año ya no habrá fondos suficientes para cubrir la totalidad de los egresos operativos.

En diálogo con la diaria, la presidenta de la Asociación de Afiliados, Cristina Muguerza, señaló que el colectivo presentó en la reunión “cuatro cosas urgentes para tratar de rescatar a la caja”, porque, si bien en el mediano plazo “hay que hacer una reforma integral”, “todo de entrada no es posible”.

En lo inmediato, la Asociación de Afiliados propone que el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) que pagan los profesionales jubilados se vuelque íntegramente a la CJPPU y no al Banco de Previsión Social (BPS), como ocurre actualmente. También se plantea actualizar y aumentar el valor de los timbres profesionales y la obtención de un préstamo para afrontar los primeros años de aplicación de estas medidas.

Por último, propone incorporar a la CJPPU “a todos los profesionales universitarios, independientemente de la forma como ejerzan su profesión, es decir, libre ejercicio y ejercicio independiente”, a excepción de los profesionales dependientes de otras cajas paraestatales o subsistemas previsionales.

Ninguna de las medidas incluye mayores aportes de los activos ni de los pasivos. Consultada al respecto, Muguerza afirmó que, “si se logra hacer esas modificaciones, no es necesario aumentar los aportes”. Señaló que en el pasado, “cuando se aumentaron los aportes, aumentaron las declaraciones de no ejercicio”; en el caso de los pasivos, sostuvo que ya existe un aporte a través del IASS, “y una doble aportación no sería legal”.

División en el directorio de la Caja de Profesionales

La propuesta de incorporar profesionales en relación de dependencia a la CJPPU no es exclusiva de la Asociación de Afiliados. De hecho, fue discutida intensamente en el directorio de la caja, donde no fue posible llegar a una posición unánime.

El director Fernando Rodríguez Sanguinetti presentó a fines del año pasado en el directorio un anteproyecto de ley –elaborado por El Orden Profesional Universitario– para reformar la CJPPU por medio de varios pilares, uno de los que justamente es el aumento de la base de aportantes. En el anteproyecto de ley, al que tuvo acceso la diaria, se propone la inscripción en la CJPPU de “todos los profesionales con títulos de nivel terciario” que egresen a partir de la entrada en vigencia de la ley; la incorporación sería “automática” y “sin necesidad de anuencia del Poder Ejecutivo”.

Estos profesionales, siempre y cuando “se desempeñen en tareas propias del perfil de su profesión”, harían sus aportes a la CJPPU, “con independencia de que trabajen en relación de dependencia en organismos públicos y/o privados de cualquier naturaleza o de modo independiente”. Se señala que aquellos profesionales que trabajen en forma dependiente aportarían “un porcentaje similar” al que aportaban, por ejemplo, en el BPS. El aporte patronal, en tanto, “sería vertido por el empleador –público o privado– a la CJPPU”.

Se sostiene que estos cambios, que “no perjudican al profesional aportante”, quien tendría “los mismos beneficios y subsidios de que gozaría aportando por el modelo que se modifica”, le otorgarían a la caja “una supervivencia de por lo menos cien años”.

A principios de enero el directorio de la CJPPU discutió qué propuesta de reforma enviar al gobierno electo. De acuerdo con las versiones taquigráficas de las sesiones, la reforma propuesta por Rodríguez Sanguinetti fue un verdadero parteaguas.

La directora Virginia Romero advirtió que el traslado de los aportes patronales desde el BPS hacia la CJPPU “seguramente” implicaría la pérdida de los ingresos de los timbres profesionales. “Si bien hoy nadie nos admite que es nuestro aporte patronal, una vez que empecemos a cobrarlos nos los quitarán”, expresó.

Asimismo, Romero manifestó: “no nos parece acertado presentar, ante ninguna autoridad, un proyecto en el que se determine que sea solamente el Estado el que deba pagar el déficit de la caja”, en el que “no existen aportes de los activos ni de los pasivos, sino solamente del Estado”.

Por su parte, Rodríguez Sanguinetti señaló que la incorporación de profesionales dependientes desde el BPS ya se hizo anteriormente tanto en la Caja Bancaria como en la Caja Notarial. “¿Me tengo que preocupar yo de lo que pasa con el BPS? Que bajen las viviendas que otorgan, las vacaciones gratis, las canastas, los gerentes que contrataron por 500.000 pesos recientemente y seguramente bajará el costo. La caja no tiene por qué pagar la ‘fiesta’ del BPS”, manifestó, y mencionó el Fondo de Solidaridad, los siete puntos de IVA “para subvencionar al BPS” y “los jubilados que pagan el IASS”, entre otros aportes.

En una de las sesiones, el director Elzeario Boix criticó que se proclame “a viva voz que la caja es de los profesionales, pero cuando tenemos un problema le decimos al ‘papá Estado’ que nos salve”. “Me parece inmoral –no sé si el término es el justo– decir a alguien que me salve, pero yo no hago nada”, expresó.

Rodríguez Sanguinetti respondió que, en el caso de la Caja Bancaria, “el Estado es garante”, además de “pasarle aportantes del BPS”, pero, sostuvo, “esas inmoralidades no las captaron”. “Dar millones de dólares al Casmu para salvar el sueldo abultado de sus médicos no es una inmoralidad… Eso lo quita esta administración a los niños pobres... Si habrá inmoralidad”, expresó.

Finalmente, el directorio de la CJPPU resolvió no enviar ninguna propuesta concreta al gobierno electo, aunque se aprobó por mayoría remitir únicamente una serie de “estudios técnicos” elaborados por el organismo previsional.

La reforma de la Caja de Profesionales, aparte

Desde el gobierno electo dijeron a la diaria que la próxima reforma de la CJPPU no se incluirá en el diálogo sobre seguridad social que el Frente Amplio tiene previsto convocar en el transcurso del próximo gobierno. “El diálogo va a llevar un tiempo y, por un tema de plazos, obviamente no va a ser compatible una cosa con la otra”, afirmó un integrante del gobierno electo.

Según supo la diaria, Di Doménico ha transmitido en las distintas reuniones que ha tenido con los grupos de profesionales que el gobierno electo prevé presentar un proyecto de ley 45 días después de haber asumido; también ha deslizado que la solución a la CJPPU requiere aportes de todas las partes involucradas.

Di Doménico, integrante de AEBU, fue consejero de la Caja Bancaria, que en 2023 tuvo su propia reforma, que implicó mayores aportes de los trabajadores, los jubilados, los bancos y una garantía del Estado. En esa reforma participó como asesor del Poder Ejecutivo el futuro ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.