Dentro del despacho del diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar queda muy claro que Canelones es su lugar, porque hay un mapa tamaño familiar de ese departamento, con todos los detalles. Andújar es uno de los tres candidatos que se presentarán bajo el lema Coalición Republicana para competir por la Intendencia de Canelones en las elecciones departamentales de mayo. Los otros dos son Alfonso Lereté, también del PN, y Walter Cervini (Partido Colorado). Los tres competirán contra el candidato único del Frente Amplio (FA), Francisco Legnani. Sobre los problemas de Canelones y sus posibles soluciones, pero también sobre la autocrítica por haber perdido el gobierno nacional en las últimas elecciones nacionales, Andújar conversó con la diaria.

¿Cuál es el principal problema de Canelones?

Canelones está obligado a dar un salto de calidad en general, lo que incluye solucionar problemas que no ha podido solucionar el gobierno del FA, que tienen que ver con la infraestructura y el transporte público. La movilidad de los canarios hoy realmente es una de las cuestiones que no se han podido resolver y que perjudican notoriamente la calidad de vida de todos los habitantes del departamento. No puede ser que en la vida laboral de los canarios y en la educación de los jóvenes el peso del transporte público, tanto en los costos como en los tiempos de espera, sean desmotivantes para encarar cualquier actividad. El centralismo de la capital implica que la mayoría de nosotros tiene que trabajar y estudiar en Montevideo, y para algunas zonas del departamento eso implica estar más de cuatro horas arriba de un transporte, con una distancia de entre 40 y 50 kilómetros.

¿Qué proponés para solucionar ese largo tiempo de viaje?

Como lo han hecho las principales ciudades de todo el mundo: utilizando las vías del tren, modernizarse en ese sentido. Ya tenemos la posibilidad, gracias a la obra del Ferrocarril Central, de poder dar una solución a corto plazo con el eje ruta 5: La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso y Canelones. Tenemos que apostar por la iniciativa privada, algo en lo que ya avanzó el gobierno saliente, en el Tren Tram, la conexión de la costa de nuestro departamento con la capital. Es una inversión millonaria, muy costosa, que llevaría mucho tiempo, pero sin duda puede ser el gran cambio de movilidad en el departamento y también en Montevideo.

¿De cuánto sería la inversión?

Más de 500 millones [de dólares] y una obra que puede demorar entre tres y cuatro años si todo sale bien. Pero la tenés que hacer, porque la movilidad en las ciudades, sobre todo en la zona metropolitana, no admite más demora.

¿Cuánto tiempo de transporte, por día, ahorraría la gente en promedio con ese tren?

Muchísimo, mucho más de la mitad de lo que hoy les cuesta en tiempo, que es lo más valioso que tiene una persona. Hay canarios que rechazan ofertas laborales en Montevideo porque eso implica aceptar un trabajo, a veces de salario bajo, y que tengan que estar fuera de su hogar entre 13 y 15 horas, con un costo que es importante, porque el boleto desde distintas partes de Canelones es caro y con una calidad de transporte que no se adecua a las circunstancias. Entonces, no hay otro camino.

Tu correligionario y también candidato por la CR de Canelones, Lereté, en su campaña hace énfasis en lo que él llama el “clientelismo”. ¿Lo ubicás también como uno de los principales problemas?

No es el principal problema. El manejo de los recursos humanos de un gobierno departamental es parte de la seriedad que debe tener la gestión, y cada intendente sabe cómo puede gestionar desde ese punto de vista, cómo administrar sus propios recursos humanos y el costo que le puede implicar al departamento. Pero está lejos de ser el principal problema.

¿Para vos hay que ir para adelante con el famoso proyecto para transparentar el ingreso a las intendencias, que en el período pasado presentó el fallecido senador colorado Adrián Peña?

Por supuesto. Cuando Peña lo presentó en el Senado, fui el único diputado blanco que anunció que si el proyecto llegaba a la Cámara de Representantes lo iba a votar. Creo que es un tema de equidad: no hay ciudadanos clase A y B para obtener un puesto laboral como funcionario público. Todos tienen que tener la misma oportunidad, y creo que tenemos que avanzar y tenerlo presente para que se expanda en todo el país.

El proyecto de Peña naufragó justamente porque no obtuvo los votos del PN en el Senado. Tu visión no parece ser la misma.

Creo que tiene que ver con una cultura gubernamental, característica del interior del país, que necesita una evolución en busca de una justicia social, para que todos tengan las mismas oportunidades, sin depender de que sean de un partido político o de que conozcan al gobernante de turno. Las oportunidades en este país, lamentablemente, no son las mismas para todos, pero tenemos que ir en la búsqueda de que sean iguales para todos.

Entonces, ¿para vos hay que regular el ingreso?

Por supuesto, y ser estricto en el cumplimiento de la regulación, porque una cosa es regular y otra cosa es cumplirla. No sólo hay que serlo, sino también parecerlo.

En el último tiempo se dieron a conocer sucesivos casos de irregularidades en intendencias blancas, como la de Pablo Caram (Artigas) y ahora la de Guillermo Besozzi (Soriano). ¿Es un llamado de atención sobre el diseño institucional de los gobiernos departamentales? ¿Habría que corregirlo?

Hay cuestiones que hoy tenemos que tener presentes que se analizan de otra forma y que requieren ciertos cambios, que son cuestiones de gestión. No es que yo esté aseverando que se haya procedido de mala forma; simplemente creo que hay cosas que deben cambiar y que tienen que ver con la gestión, desprenderse a veces de la parte política y concretarse en la administración. En el manejo de las situaciones, no solamente de los recursos materiales y humanos, sino tener presente el sentido de equidad hacia toda una ciudadanía que lo que espera de los gobiernos departamentales es la prestación de servicios.

Entonces, ¿qué habría que cambiar?

El enfoque de cómo se gestiona. Hay gente que dice que los intendentes tienen que ser gerentes, pero no, el intendente es un político y conductor. Entonces, hay cuestiones que tienen que ser mucho más profesionales, que se tienen que canalizar por los carriles que correspondan. Porque antes el intendente era el vecino que está cerca, el amigo, el que vive en mi barrio, y eso generó un sentimiento de derecho sobre las personas de poder acudir, pedir y comprometer, y cuestiones que en el mundo de hoy realmente no caminan. En el ámbito privado hay personas que no pueden tener familiares trabajando en el mismo lugar. Creo que hay que caminar en ese sentido en la función pública, poder separar bien los roles del político de cercanía con la gente y las cuestiones administrativas.

¿Habría que hacer algún cambio normativo en ese aspecto?

El cambio no es normativo, sino cultural. Pensando para adelante, tiene que haber un cambio cultural. Antes era peor; en la época de la guerra de las patentes, por ejemplo, cuando ni siquiera había un sentido común en lo que se tiene que pagar de metro cuadrado por tributo en cada departamento, parecíamos 19 países distintos. Hemos evolucionado, pero hay cosas en las que todavía no. Y al jerarca también hay que blindarlo, porque no es una cuestión personal solamente, sino que tiene que haber una adaptación de todo su entorno.

¿Se deberían revisar las mayorías automáticas en la Junta Departamental del partido que gana?

Por supuesto. La ley que hoy rige las juntas departamentales y las intendencias es de las más vetustas que tiene nuestro país [ley orgánica municipal, 9.515, de 1935]; requiere una modificación urgente, porque es de principios del siglo XX, han cambiado muchas cosas.

¿Qué opinión tenés sobre los barrios privados, que en Canelones están floreciendo?

Tengo la mejor opinión. Creo que le han hecho bien al departamento no solamente por la utilización de esas tierras –que podían estar destinadas para otro uso, que sería inconveniente–, sino también porque movilizan la economía, generan trabajo, brindan liquidez en la zona y activan el comercio. Aparte, porque estoy convencido de que nuestro departamento es el mejor lugar que tiene el país para que la gente decida irse a vivir. Esa corriente de migración que hubo sobre nuestro departamento, tanto sea en barrio privado como en barrio no privado, la necesitamos reimpulsar permanentemente. Me encantaría que nuestro departamento pueda volver a ofrecer las condiciones para que todos los uruguayos lo puedan elegir para vivir. Tenemos geografía, territorio, pero tenemos que prestar buenos servicios, y a veces los barrios privados pueden solucionar sus propios servicios, pero el resto de la sociedad no, y ahí es donde tiene que actuar más el gobierno departamental.

El PN, según dijeron varios dirigentes blancos, hará la famosa “autocrítica” por la derrota del gobierno nacional luego de las elecciones departamentales. ¿Ya tenés alguna idea sobre por qué perdieron?

Para mí ya pasaron los tiempos de autocrítica. Primero, no me gusta mucho utilizar el término “autocrítica”, creo que todo esto es parte de un aprendizaje, uno tiene que aprender de las cosas que hizo mal y tiene que intentar hacerlas bien. Ni bien pasada la elección, con el dolor de todos los militantes, que no es ajeno al dolor nuestro –porque también somos militantes–, se hizo ese contacto permanente: fuimos a escuchar a la gente para que nos pueda brindar su opinión sobre las cosas que realmente no se hicieron de buena forma. Creo que la autocrítica no es la redacción de un documento ni una cuestión que tiene que quedar registrada dentro de los partidos políticos, por lo menos dentro del PN. La autocrítica es un ejercicio del día a día, en contacto con la gente, y para mí eso ya pasó, ya está. No estoy de acuerdo con que vendrán tiempos de autocrítica.

¿Para vos en qué se equivocaron?

Nos alejamos de la demanda social, no fuimos capaces de escuchar a tiempo las demandas sociales. Si bien hicimos un excelente gobierno y tuvimos un extraordinario presidente de la República [Luis Lacalle Pou], hay cuestiones que son muy finas, que pesan mucho en la decisión de la gente cuando vota, que van en ese sentido: no haber escuchado a tiempo algunas demandas sociales y haber actuado en consecuencia.

¿Cuáles demandas?

Tiene que ver con políticas sociales, con algunas edades que son muy importantes, como los jubilados y los jóvenes.

¿La reforma de la seguridad social conspiró contra eso?

No sé si la reforma conspiró, pero el mensaje y la comunicación no fue la más adecuada hacia esa franja de ciudadanos que hoy gozan del beneficio de la jubilación en nuestro país. Pero eso es una pequeña parte. Esto es más general: cuando no estás permanentemente en contacto con la gente y esa demanda social del día a día, te va alejando.