En principio, el domingo 11 de mayo no habrá ninguna consulta popular en simultáneo a las elecciones departamentales y municipales. La última oportunidad que tenía Cabildo Abierto (CA) para convocar a un plebiscito “contra la usura y por una deuda justa” transcurrió entre el domingo y el lunes, los dos días en los que la Corte Electoral habilitó distintos locales en diferentes puntos del país para quienes quisieran ratificar la adhesión a la iniciativa cabildante.

El partido encabezado por el exsenador Guido Manini Ríos había presentado en octubre del año pasado más de 320.000 firmas para convocar al plebiscito, esto es, un número mayor del que exige la Constitución de la República. Sin embargo, en el proceso de validación de las papeletas, la Corte Electoral terminó aprobando sólo 245.134 firmas, por lo que a CA le hacían falta 27.154 firmas para realizar la consulta popular en las departamentales.

En ese marco, a pedido de CA, el organismo electoral autorizó entre el domingo y el lunes a un total de 43.400 personas cuya rúbrica fue rechazada en primera instancia para ratificar de manera excepcional su firma; esto implicaba que, por lo menos, 63% de los convocados tenía que volver a firmar para que el plebiscito se concretara.

Desde la Corte Electoral señalaron a la diaria que la Oficina Nacional Electoral cerró los locales a las 18.00, por lo que el organismo electoral recién comunicará la cantidad de ratificaciones el martes o el miércoles. Sin embargo, el vicepresidente de CA, Ignacio Curbelo, adelantó a la diaria que “no se va a llegar” a las firmas necesarias.

Curbelo sostuvo que “es muy difícil que la gente se traslade voluntariamente” para firmar por segunda vez por una consulta popular, sobre todo porque a veces el local habilitado por la Corte Electoral “ni siquiera está en el propio departamento” de la persona. A su entender, la normativa vigente “deja en evidencia que es un proceso que hay que mejorar”.

El vicepresidente de CA señaló que para convocar a un referéndum la adhesión se plasma con la huella digital, pero en el plebiscito “se comparan firmas que tienen 30 o 40 años de antigüedad”. Afirmó, además, que de las 43.400 firmas rechazadas “la gran mayoría son auténticas y legítimas”.

Al igual que le pasó al exdiputado cabildante Martín Sodano, quien participó activamente en la campaña de recolección de firmas, y también al exintendente de Rocha y dirigente del Partido Nacional, Irineu Riet Correa, que respaldó públicamente la iniciativa, la firma del propio Curbelo fue rechazada en primera instancia por la Corte Electoral.

De todos modos, Curbelo sostuvo que el tema que pretendía abordar el plebiscito “está instalado en la agenda política” y, a su entender, “es una situación que hay que atender”, porque “no se tolera más”. “Hay situación de usura prohibida por la Constitución de la República que se da todos los días; hay más de un millón de uruguayos en el Clearing”, señaló.

Curbelo sostuvo que, una vez que la Corte Electoral confirme que no se alcanzó la cantidad de firmas necesarias, “quedará el trabajo legislativo”. “Pero es una situación que el país va a tener que atender sí o sí en este período”, subrayó.

El diputado Álvaro Perrone llevará el tema al Parlamento

En diálogo con la diaria, Álvaro Perrone, uno de los dos diputados que tiene actualmente CA, confirmó que iniciará “un diálogo con el resto de las bancadas” con el propósito de avanzar en una solución para los deudores. “Habrá que buscar la forma de que sea lo más abarcativo posible”, expresó, y señaló que “tal vez no sea un proyecto de ley, [porque] la discusión se puede llevar adelante en el presupuesto o en algunas de las rendiciones de cuentas”.

La papeleta de CA proponía modificar la Constitución para establecer que el Parlamento debía aprobar con una mayoría especial de dos tercios una ley que determinase “el interés máximo por todo concepto”. Mientras no se sancionase dicha ley, se impondría como disposición transitoria “una tasa efectiva anual del 30%” como “interés máximo por todo concepto”, entre otras modificaciones temporales.

Por otro lado, Perrone aseguró que el programa voluntario de reestructuración de deudas que llevó adelante meses atrás la Asociación de Bancos Privados –en el que participaron más de 200.000 personas– se debió al “impulso” que le dio CA a este tema.

Si bien señaló que este programa fue “positivo”, Perrone sostuvo que todavía “queda otro tanto de miles de uruguayos para los que hay que buscar una solución”. Señaló que entre este programa y la reforma del plebiscito “hay una diferencia enorme”, porque la “propuesta llega a 1.200.000 pesos y la reestructura de deuda que presenta la banca privada es sólo por 100.000 pesos”.

El diputado de CA es optimista en cuanto al tratamiento del tema en la presente legislatura: “Habrá que buscar la forma, [pero] hay instancias de negociación favorable por cómo quedó conformado el Parlamento; yo entiendo que ese es el lugar para poder intercambiar y buscar que salga algún tipo de solución por ley”, manifestó.