A 25 días del traspaso de mando, el presidente Yamandú Orsi reunió este martes por primera vez al Consejo de Ministros, a la vicepresidenta Carolina Cosse, al secretario y al prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, respectivamente, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. Al término del encuentro, que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva y duró cuatro horas, Orsi anunció cuatro medidas, todas ellas vinculadas a resoluciones adoptadas por el gobierno anterior.
En una conferencia de prensa, acompañado por Arim y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el presidente anunció que, por medio de un decreto, se constituyó formalmente una “comisión sectorial de protección y seguridad social” para llevar a cabo el diálogo social sobre seguridad social que había sido prometido durante la campaña electoral.
Orsi señaló que habrá un ámbito ampliado con representantes sociales, tanto del PIT-CNT y las organizaciones de jubilados como de las cámaras empresariales, y una comisión con carácter ejecutivo que tendrá delegados de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Social, Salud Pública y del Banco de Previsión Social. El presidente señaló que la coordinación de dicha comisión “recae en los hombros de la OPP”.
Consejo de Ministros, el 25 de marzo, en la Torre Ejecutiva, en Montevideo.
Foto: Alessandro Maradei
En tal sentido, Arim señaló que el objetivo que se trazó el Poder Ejecutivo “es llegar al primer semestre de 2026 con un diálogo culminado, con los acuerdos y discrepancias que se puedan generar y con un proyecto de ley que será remitido oportunamente al Parlamento”. De este modo, el actual gobierno se prepara para modificar la reforma jubilatoria (Ley 20.130) que aprobó el anterior gobierno, con el rechazo de la oposición, a mediados de 2023.
El director de la OPP sostuvo que se abrirá “un diálogo social comprensivo” para “discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas”, esto es, “desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte”. El exrector de la Universidad de la República puntualizó que cualquier cambio deberá mantener la “sustentabilidad fiscal” del sistema previsional, “asegurando que las prestaciones que brinda el sistema sean adecuadas para el desarrollo en el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos”.
Consultado sobre la posibilidad de bajar la edad jubilatoria, Arim dijo que la “idea original” del actual gobierno es que haya “cierto grado de flexibilización en los mecanismos de la jubilación”, pero siempre “con el supuesto básico de que en la medida en que la esperanza de vida de las personas va en aumento, es también importante generar incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral”.
Fondos para el Casmu, revisión del proyecto Neptuno y descuento de IVA en restaurantes
En segundo lugar, Orsi comunicó que el Poder Ejecutivo enviará en las próximas horas al Parlamento un proyecto de ley para “seguir trabajando y resolviendo el tema tan conocido por todos del Casmu”, institución que fue intervenida –aunque sin desplazamiento de autoridades– durante el último gobierno. Según Orsi, la situación actual de la mutualista “necesita sí o sí de algunas disposiciones legales que nos permitan hacer frente a algunos compromisos o algunos criterios fijados de antemano”. La normativa vigente, sostuvo, “nos ata de manos”.
Foto: Alessandro Maradei
Lustemberg indicó que este proyecto tiene como propósito “dar las máximas garantías para liberar los fondos”, en referencia al fondo de garantía previsto en la Ley 20.325, que fue promulgada en agosto del año pasado. La ministra de Salud Pública señaló que actualmente los interventores “están haciendo un seguimiento muy estrecho” de la institución y aseguró que el Poder Ejecutivo permanece “atento a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución”.
La tercera medida que anunció Orsi este martes está asociada a una decisión que tomó el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, pero ya en el marco de la transición: la firma del contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo –conformado por las empresas Ciemsa, Berkes, Saceem y Fast– para la construcción del proyecto Neptuno, el pasado 23 de enero.
“Nuestra posición crítica nos obliga o nos empuja a analizar la situación y a generar un ámbito de renegociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad [de la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí], porque consideramos que hay caminos como para avanzar”, manifestó Orsi; no obstante, puntualizó que esto se hará en cumplimiento de “los compromisos que como Estado el Uruguay ha asumido”, porque “los gobiernos pasan” pero “el Estado es uno”.
Orsi anunció la conformación de un grupo integrado por representantes de los ministerios de Ambiente y de Economía y Finanzas, OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo que funcionará bajo la órbita de Presidencia y tendrá “un objetivo claro que es no innovar”. El presidente reiteró que el contrato firmado por la anterior administración “hace correr plazos” y también establece “compromisos económicos”.
“Nuestro objetivo es sentarnos con los privados que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, [tales como] el tema ambiental, el tema económico, sin duda, y lo fundamental que es resolver de manera correcta y accesible, y por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable”, expresó.
Orsi señaló que la intención del Poder Ejecutivo es que dentro de 90 días haya “un acuerdo” con el consorcio privado. “No tenemos más remedio que entrar a ver cómo alivianamos esas cargas que para nosotros son muy pesadas”, subrayó.
Manifestantes piden "no construir ningún Neptuno"
Al igual que el día que se firmó el contrato entre el Estado uruguayo y el consorcio privado Aguas de Montevideo, aunque con una menor convocatoria, este martes un grupo de personas se manifestó en la plaza Independencia en contra de la construcción de la planta potabilizadora en la zona de Arazatí. Delante de una pancarta que decía "no construir ningún Neptuno", Iván Kortysz, referente de la Coordinación por el Agua, dijo a la diaria que el actual gobierno "debería hacer respetar el artículo 47 de la Constitución", que, entre otras cosas, establece que el servicio de saneamiento y abastecimiento de agua debe ser prestado "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". Esto, sostuvo, "implica decir que este contrato es inválido, que es nulo".
Kortysz señaló que el proyecto Neptuno tiene un costo estimado de 900 millones de dólares, que se pagarán durante 17 años, y aseguró que, en caso de concretarse, "se van a destruir los recursos naturales, a miles de [formas de] vida de todo tipo, van a querer mandar a Melilla, por un caño de 80 kilómetros, millones de litros de agua del Río del Plata, el río más contaminado del sur de América".
Por último, el presidente informó que el actual gobierno resolvió extender por un año el descuento de nueve puntos porcentuales de IVA en los servicios gastronómicos, el cual “caía ahora el 30 de abril”. Este beneficio, que corresponde únicamente a los residentes, fue otorgado en el marco de la pandemia. “Los operadores turísticos y gastronómicos nos venían pidiendo que lo podamos mantener”, expresó Orsi.
Orsi sobre oficina uruguaya en Jerusalén: "Debemos tratarlo por separado"
Durante la conferencia de prensa Orsi fue consultado sobre la reanudación de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, en general, y, en particular, sobre el pedido por parte del Partido Socialista y organizaciones sociales de que el actual gobierno cierre la oficina de innovación que su predecesor inauguró en Jerusalén.
Sobre el conflicto, Orsi dijo que "lo que ocurrió estos últimos días fue una señal muy negativa". Sostuvo que Uruguay tiene "vocación de paz" y, por lo tanto, "cada señal que apunte hacia el otro lado nosotros la condenamos". "No es buena cosa lo que está ocurriendo", añadió.
Con relación a la oficina uruguaya en Jerusalén, que corresponde a un convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea, Orsi dijo que se trata de "un acuerdo por un tema científico y de investigación". A su modo de ver, "habría que separar lo que son esas señales positivas de investigación, de avance, de tecnología, de esto otro que es política internacional". "Yo de verdad, personalmente, considero que debemos tratarlo por separado, [pero], por supuesto, cuando se trata de relaciones entre países, nada de esto se separa", expresó.
.