A tres semanas de asumir el gobierno, el Poder Ejecutivo que lidera el presidente, Yamandú Orsi, tendrá el próximo martes su primer Consejo de Ministros. Durante este tiempo, los titulares de los diferentes ministerios evaluaron el estado de situación de cada una de las carteras y trabajaron en las prioridades de gobierno.
Los diferentes ministros presentarán las condiciones de las diferentes carteras y se espera que surjan los primeros anuncios de propuestas legislativas de parte del Ejecutivo, señalaron fuentes legislativas a la diaria. Si bien aún no se terminó de “sustanciar” ningún proyecto, se aguarda que este martes aparezcan los “ejes prioritarios”, que tienen que ver con los compromisos de campaña en las tres líneas definidas: economía, seguridad y protección social.
De todos modos, hay algunos temas que urgen y que ya tienen algunos aspectos definidos: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsará un proyecto de ley para tratar el déficit de la Caja de Profesionales, que será enviado al Parlamento en las próximas semanas, y trabaja en la Rendición de Cuentas. Su ministro, Gabriel Oddone, anunció ese proyecto en la reunión que mantuvo con las bancadas frenteamplistas a mediados de marzo, en la que pintó un escenario complejo en cuanto a las deudas que dejó la administración anterior, aunque sin mostrar una “catástrofe”. Según supo la diaria, el MEF aún no culminó el afinamiento de esos números y se espera que pueda comunicarse con el presidente Orsi sobre finales de marzo o principios de abril.
Otro de los temas que se robarán la atención en la reunión de los jerarcas será la renegociación del proyecto Neptuno. La idea de Orsi, según él mismo declaró la semana pasada, es que los ministros que tienen competencia en el tema (como Ambiente y Economía, entre otros) “vuelquen” sus opiniones sobre los lineamientos de la negociación con el consorcio Aguas de Montevideo, que firmó un contrato con el Estado en los últimos días de la gestión del gobierno anterior.
El grupo de empresas está dispuesto a “negociar” algunos aspectos del proyecto, según ha dicho Alejandro Ruibal, presidente de la constructora Saceem, una de las integrantes del conglomerado. El Ejecutivo –que es crítico con la iniciativa– buscará por lo menos generar modificaciones en los puntos que señala como más críticos, como la toma del agua, el pólder y el modelo de negocios. Algunos de estos puntos están mencionados en el memorándum de entendimiento que el consorcio firmó con OSE al momento de estampar la firma del contrato del proyecto.
El margen del gobierno en este tema no es amplio. A la existencia del contrato (el Ejecutivo ha reiterado que los acuerdos están para cumplirse) se le suman los cuestionamientos que la iniciativa recibe de parte de la sociedad civil y del propio Frente Amplio (FA). El presidente del FA, Fernando Pereira, ha reiterado en varias ocasiones que el partido de izquierda deberá “analizar qué hacer” con esa firma, [mientras que este sábado en la marcha por el Día Mundial del Agua el proyecto fue blanco de críticas.
A su vez, el gobierno tiene arriba de la mesa la construcción de una represa de agua dulce en Casupá, Florida, un compromiso de campaña, y que los representantes del Ejecutivo han señalado que, si bien Neptuno produce limitantes a la salud financiera de OSE, no debería echar por tierra la construcción de Casupá.
Oficialismo confía en que en abril se vote la venia de Mario Layera
A nivel parlamentario, el Senado tendrá el miércoles una sesión extraordinaria en la que se votarán las venias de los servicios descentralizados y las empresas públicas que no fueron votadas la semana pasada. Se trata de los pedidos para concretar la nueva integración de UTE, Ancap, la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Instituto Nacional de Colonización, entre otros.
A su vez, fuentes legislativas señalaron a este medio que se espera que la venia del designado director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Mario Layera, sea votada en la primera sesión del mes de abril, luego de que las bancadas reciban el informe que le fue solicitado a la Fiscalía General de la Nación sobre el estatus procesal del exjefe de la Policía Nacional por el caso de la fuga del italiano Rocco Morabito, uno de los líderes de la mafia calabresa “Ndrangheta”.
En la bancada frenteamplista hay confianza en que se concluirá que Layera no está comprometido en esa causa ni en la de los traslados del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, por lo que esperan que la oposición acompañe la votación de la venia. El Partido Nacional había puesto como condicionante a la votación una aclaración de la Fiscalía, un informe que se conocerá en los próximos días.
La votación de la venia de Layera podría coincidir en la misma sesión con la votación de los cargos que la oposición tendrá en las empresas y los organismos de contralor. Según señalaron las mismas fuentes legislativas, la oposición aún no ha enviado los nombres propuestos y se espera que sean tratados en la primera sesión del próximo mes.
Bicameral del FA recibe a Carlos Negro
Este lunes, desde las 17.00, la bancada bicameral del FA recibirá al ministro del Interior, Carlos Negro, y a su equipo, en el segundo encuentro de los legisladores con los ministros de Orsi. El primero fue Oddone, el 10 de marzo.
La metodología será la misma que con el jerarca de Economía. Se espera que Negro haga una evaluación de cómo recibió el ministerio y que plantee líneas de acción a trabajar en conjunto con el Poder Legislativo. En las próximas semanas, además, los legisladores frenteamplistas recibirán al gabinete social, integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Vivienda, Trabajo, Salud y Educación.
“Hay una necesidad de saber de primera mano con qué ministerio se encuentra, cómo evalúa la situación en materia de seguridad pública, cuáles son las líneas de trabajo”, señaló a la diaria Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados.
La idea con estos encuentros entre los legisladores y los ministros es “jerarquizar” los tres temas en los que Orsi se comprometió en Colonia, cuando presentó las 48 medidas prioritarias: seguridad, economía y protección social.