Uno de los temas que se robaron el protagonismo durante la transición, y que continuará en estos primeros momentos del nuevo gobierno de Yamandú Orsi, es la firma del contrato del proyecto Neptuno, una iniciativa privada que busca construir una nueva planta potabilizadora de agua en Arazatí, en San José.

Durante las reuniones entre el Poder Ejecutivo saliente y el entrante, el expresidente Luis Lacalle Pou les manifestó a las futuras autoridades que su intención era firmar el contrato, y así lo hizo, a pesar de los cuestionamientos que el proyecto recibe de varias organizaciones sociales y ambientales y del propio gobierno actual.

La firma del contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo se efectuó a pocas semanas de que asumiera el nuevo gobierno; en paralelo, los privados y la pasada administración firmaron un memorándum de entendimiento en el que se establece la posibilidad de que el proyecto pueda ser modificado en atención a los cuestionamientos del actual Ejecutivo. Esa es la etapa que se abre ahora. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tuvo en estos dos primeros días de gobierno varias salidas mediáticas en las que repitió las objeciones del gobierno respecto del proyecto y puntualizó la intención de renegociar el contrato.

“El memorándum de entendimiento no tiene validez por sí mismo”, dijo Sánchez este martes entrevistado por Fácil desviarse, de la emisora Del Sol. Allí enumeró que las críticas tienen que ver con la ubicación de la toma de agua, el financiamiento y el modelo del negocio, así como con los “impactos ambientales que generaría”.

El gobierno ha repetido que el Estado debe “respetar” lo firmado, aunque sostuvo que el “consorcio ha dicho que está dispuesto” a modificar el proyecto. Lo firmado no incluye la serie de modificaciones que el consorcio le presentó al gobierno entrante durante una de las reuniones de transición en la Torre Ejecutiva y que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había señalado que “no eran sustanciales”.

“Yo, Pacha Sánchez, me quedaría contento si no estuviera el proyecto Neptuno”, dijo, y defendió la iniciativa de construir el reservorio de agua en Casupá, un compromiso del gobierno de Orsi durante la campaña electoral. De todos modos, aseguró que en la negociación se intentará ir “por el 100%” del proyecto para ir “bajando” en la negociación. “Nosotros nos vamos a sentar a negociar con alguien que tiene un contrato firmado, y lo primero que vamos a decir es que no nos gusta el proyecto, vamos por el 100 [...].Yo me crie en la feria: y te decían: ‘Pedí el cien y después para rebajar hay tiempo’”, añadió.

“Lo primero que va a plantear el gobierno es que no le gusta el proyecto. Somos claros: creemos que es inconveniente y que, tal como está diseñado, no es una solución”, comentó. Señaló, además, que Neptuno no daría “solución” a los problemas de abastecimiento de agua potable “en los meses que más se precisaría”, porque, dijo, en esos meses es cuando el agua, en la zona de donde se extraerá en este proyecto, presenta mayores dificultades, como la salinidad y las cianobacterias.

Consultado sobre si es posible que en la negociación se trabaje sobre la construcción de una planta potabilizadora en Casupá, en lugar de en Arazatí, dijo que “podría ser un escenario”, aunque “ahí entran lineamientos jurídicos”, como el proceso de licitación llevado adelante.

“Es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas. Hay que ser muy cuidadoso. Hay un problema de fondo, que es el proyecto; después hay otro, que es el contrato firmado; y después, el marco jurídico de Uruguay. Yo no puedo hacer cualquier cosa, porque después viene el Tribunal de lo Contencioso [Administrativo] y me dice: ‘Señor, ¿qué está haciendo?’”.

Sánchez no adelantó cuándo se reunirá con el consorcio para avanzar en la renegociación del contrato firmado. Alejandro Ruibal, director general de Saceem, una de las empresas constructoras integrantes del consorcio, dijo el sábado durante la asunción de Orsi que “ya se está en conversaciones” con el nuevo gobierno y que se le va a “buscar la vuelta” para lograr un proyecto “exitoso para todo el mundo”.

Comisión en Defensa del Agua y la Vida: “No es no”

En paralelo a esta renegociación, los detractores del proyecto nucleados en varias organizaciones sociales y ambientales que llevan adelante acciones judiciales para frenar el avance del proyecto esperan por una convocatoria del actual gobierno para poder manifestar sus opiniones contrarias a la iniciativa.

Anahit Aharonian, integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, dijo a la diaria que aún el Poder Ejecutivo no los ha convocado; a su vez, miran de reojo el intento de renegociar lo acordado. “La comisión no ha sido convocada, [pero] de todos modos nuestra posición es que no es no. No al proyecto Neptuno”, comentó la militante ambientalista. “Esperamos que quienes toman decisiones descarten lo firmado y listo”, añadió.

Entre medio, estas organizaciones prevén impulsar varias acciones judiciales, luego de decidir desistir de las medidas cautelares que habían impulsado en la Justicia civil. Entre esas acciones, los productores de San José preparan un recurso de amparo para impedir el inicio de las obras.

Además de ese recurso de amparo, Aharonian sostuvo que la comisión prepara una medida cautelar con el mismo objetivo: detener el inicio de las obras. En la misma dirección que estas acciones, las organizaciones planean generar instancias de “asambleas públicas”, como la que ya se hizo el 21 de febrero en la plaza Independencia, así como manifestaciones: preparan varias acciones para el próximo 22 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial del Agua.