Con el reloj corriendo, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) compareció este lunes por segunda vez en menos de un mes ante la comisión especial de la Cámara de Diputados que tiene a estudio el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para reformar el organismo previsional, cuyas reservas, se estima, se agotarían en el muy corto plazo.
Al término de la sesión, el presidente de la CJPPU, Daniel Alza, advirtió sobre el factor tiempo: “Esto debería estar resuelto ya en mayo, es decir, antes del 31 de mayo tendría que haber pasado por diputados y senadores para que esté vigente a partir del 1° de junio. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque la caja tiene que hacer frente a determinadas obligaciones”, manifestó.
Dicho esto, Alza afirmó que en la caja paraestatal hay “optimismo” en cuanto a que el proyecto se apruebe en ambas cámaras antes de fin de mes. “Estimamos que los caminos están bastante limados como para encontrar soluciones”, afirmó.
Consultado sobre la reducción de la cantidad de directores electos que el gobierno propone en la reforma, Alza dijo que “esto limita seriamente la participación, sobre todo, de grupos pequeños de afiliados que quieren presentarse a la elección”. El proyecto dispone la eliminación de dos de los cuatro cargos que actualmente corresponden a los activos en el directorio, el cual, además, debido a la reforma jubilatoria aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou, tendrá carácter honorario a partir de las próximas elecciones de la CJPPU.
Pero este no es el único punto de la reforma del gobierno que ha sido cuestionado por el directorio de la CJPPU. En un documento elaborado por las actuales autoridades del instituto previsional, al que tuvo acceso la diaria, el directorio advierte que el aumento propuesto en la tasa de aportación –de 18,5% a 22,5%– “puede aumentar las declaraciones de no ejercicio”, y con respecto al nuevo gravamen que se plantea para los pasivos, que varía de 2% a 12%, pide que “se incluya una facultad al Poder Ejecutivo para reducir las tasas si las reservas de la caja superan el 50% del presupuesto anual”.
Por otra parte, Alza reconoció que “cada movimiento que sale en prensa” con relación a la crisis financiera que atraviesa la CJPPU acarrea “algún coletazo”. Admitió que en el último tiempo se han registrado “algunas altas de jubilaciones mayores” y también “gente que está parando de aportar”. “Por eso también precisamos una resolución cuanto antes para cambiar esa visión que tenemos del instituto en este momento”, afirmó.
Con todo, el presidente de la CJPPU transmitió “tranquilidad” a los afiliados, particularmente a los pasivos, ya que “tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento están comprometidos en brindar una solución y darle continuidad al cobro de las pasividades”.
Ingenieros agrónomos criticaron el proyecto
Luego de la CJPPU ingresó a la comisión una delegación de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. Su presidenta, Martha Toyos, dijo a la diaria que la reforma del gobierno no supone “una solución a largo plazo” y sostuvo que el incremento propuesto de la tasa de aportación de la magnitud va a implicar que “la gente que está trabajando busque otra solución”, sobre todo, “con la imagen que se está dando de una caja que es un agujero negro que se lleva todo”.
Toyos mencionó como una posible alternativa que se revierta el descalce que se ha constatado en los últimos años en el valor de los timbres profesionales, que, a diferencia de los ingresos y egresos de la CJPPU, se ajustan en función de la inflación y no de los salarios. “Eso redujo el aporte de timbres, que era un 50% de los ingresos de la caja, a un 30%; eso se ha ido acumulando y ha generado que no haya dinero para pagar las jubilaciones”, afirmó.
Según supo la diaria, subir el costo de los timbres es uno de los planteos que en estos momentos está evaluando la oposición, que todavía no ha enviado al oficialismo una “contrapropuesta”. El Frente Amplio tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto en la comisión, pero una vez que la reforma pase al plenario necesita dos votos de la oposición.
El diputado colorado Adrián Juri, miembro de la comisión, sostuvo en rueda de prensa que la oposición está a la espera de que “el gobierno nos envíe los números notariales”, porque, de lo contrario, “no podemos avanzar en consensos”. “Si no nos dan la información clara, nosotros no podemos tomar una posición”, expresó. Se prevé que, al igual que la CJPPU, el Poder Ejecutivo comparezca por segunda vez ante la comisión este jueves.
El diputado frenteamplista Gabriel Otero, también integrante de la comisión, afirmó en rueda de prensa que la reforma del gobierno “financia los próximos 20 años [de la CJPPU] hacia la convergencia hacia el sistema único”, lo cual tendría un costo aproximado de 3.000 millones de dólares. “Las fuentes de financiamiento nadie las puede discutir; una parte de los activos y los pasivos de la caja y otra parte de la ciudadanía”, expresó.