En entrevista con la diaria Radio, el sociólogo Gabriel Tenenbaum, especializado en el estudio de las violencias, la criminalidad y el lavado de activos, conversó sobre el tratamiento de los delitos de cuello blanco, las herramientas del sistema para combatir el narcotráfico en Uruguay y las modificaciones a la Ley de Lavado de Activos incluidas en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

“La construcción de nuestros estados nación y de la ley como máxima –y nada por fuera de la ley– da lugar a la construcción de un sistema de justicia, y ese sistema de justicia se ha desarrollado con base en el liberalismo”, sostuvo Tenenbaum. Para el sociólogo, una de las puertas hacia el estudio de las lógicas del crimen organizado se abrió al entender que existe una “complejidad para tratar de desentrañar” en la criminalidad, a la que se pretende reducir a “criminalizar determinados individuos particulares por la acción que cometieron”.

“La Justicia se ha desarrollado con base en el liberalismo: la responsabilidad se destina a un individuo en particular. Sabemos muy bien que, desde el punto de vista explicativo del fenómeno criminal, no es sólo en la agencia [donde] recaen las responsabilidades, hay una complejidad muy grande”, señaló, y profundizó mediante un ejemplo: “Cuando se piensa en la inserción social, el sistema de justicia piensa que el individuo puede sobreponerse a ese conjunto de factores de riesgo y condicionamientos estructurales que tenía previo a cometer un delito y que hicieron más probable que cometiera un delito, pero cuando sale de privación de libertad, la mayoría de esos factores de riesgo y condicionamientos estructurales sigue estando. Entonces, no hay una transformación real; la probabilidad de que vuelva a cometer un delito está presente”.

Por otro lado, el sistema no percibe de la misma manera los delitos cometidos por personas de bajos recursos que aquellos perpetrados por individuos con mayores privilegios económicos. Entre las razones que lo evidencian, el sociólogo mencionó que la “distribución de vigilancias y castigos” y la “persecución criminal” se dan de “manera muy desigual”. “La política criminal que la Policía lleva adelante se distribuye de manera muy desigual”, agregó.

Explicó que eso se vincula no sólo con la política criminal, sino también “con la construcción normativa”, que “se da en las esferas de la élite política y la élite económica” y, por lo tanto, “hay una suerte de distribución desigual de lo que se produce desde ahí”. El sociólogo afirmó que “la norma penal es una disputa de poder” detrás de la cual hay “intereses” y “formas de entender la sociedad”.

Esto puede observarse en la duración de las penas impuestas para distintos delitos, según la llamada dosimetría penal. Para Tenenbaum, se trata de un “concepto muy positivista” y “fenomenológico”, “en el sentido de que es una dosis de reproche penal, y esa dosis es métrica: tiene una medición”.

“Un homicidio que ocurre en un barrio particular tiene que ver con quien le lava el dinero”

En relación con el proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley de Lavado –entre ellas, la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la modificación del tope para pagos en efectivo–, Tenenbaum dijo que, en términos generales, “comprende varias de las discusiones que los especialistas estaban, de alguna manera, exigiendo para que se cambien algunas cosas”. Sin embargo, señaló que no le convence la eliminación de las fiscalías especializadas.

El sociólogo consideró que, si bien la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos “no ha sido eficaz” y “los casos que ha resuelto han sido muy escasos”, no deja de ser “una herramienta muy buena” que debe fortalecerse. Para eso, señaló, “los actores que están llevando adelante la Fiscalía tienen que tener voluntad y una alta percepción de riesgo del lavado de activos”, y agregó que “por declaraciones, me parece que eso no está presente”.

Uno de los argumentos que respaldan la eliminación de esta fiscalía es que su trabajo se superpone con el de otras fiscalías especializadas que investigan los delitos precedentes al lavado de activos. Por eso, se plantea que sean los mismos fiscales encargados de esos delitos precedentes quienes investiguen, en paralelo, el delito de lavado. Para Tenenbaum, esto responde a un tema de “diseño institucional”, pero “todas las fiscalías tienen que hacer investigaciones paralelas”, señaló.

Además, recordó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos trabaja con casos en los que el delito alcanza la cifra de 1.200.000 unidades indexadas (UI) –unos 180.000 dólares–. “Las otras fiscalías podrían trabajar [en los casos de cifras que estén] por debajo. Entonces, no se obstaculizan unas a otras, no se limitan unas a otras”, sostuvo.

En cuanto a la reducción del tope para pagos en efectivo –que pasaría de 145.000 dólares a una cifra aproximada a los 40.000 dólares–, Tenenbaum señaló que “los umbrales son arbitrarios; no hay una construcción metodológica del umbral, eso no existe”. Aunque consideró que la cifra debe bajarse y que, de aprobarse el proyecto, sería “un muchísimo mejor escenario”, Tenenbaum señaló que “capaz que hay que discutir un poco más el umbral”, ya que “no sé tampoco si 40.000 es la cifra correcta”, apuntó.

Consultado sobre cuánto podrían repercutir en el crimen organizado estas modificaciones legales, Tenenbaum respondió que, “en general, todo el sistema es muy ineficaz”, pero “no hay que facilitarles”. El sociólogo explicó que “quien va a lavar dinero utiliza mecanismos que sabe, que ya tiene información y que confía en que le van a permitir lavar el dinero”. Entonces, puede lavar de a montos bajos o, incluso, utilizar el sistema financiero y no financiero, como, por ejemplo, las casas de cambio.

“¿Por qué el sistema es ineficaz? Porque todo lo que está hecho para detectar quién va a lavar no lo va a utilizar; va a utilizar [aquellos lugares] donde sabe que se va a poder lavar su dinero”, añadió.

Sobre cómo se vincula el lavado de activos con los delitos de cuello azul o cometidos por delincuentes de bajos recursos, Tenenbaum explicó que eventualmente se busca utilizar las ganancias generadas por los grupos semiorganizados que operan en los territorios para comprar una casa, un comercio o para invertir. Y “para todo ese tipo de transacción se necesitan especialistas que laven el dinero, si no, no lo pueden hacer”.

“Un homicidio que ocurre en un barrio particular tiene que ver con quien le lava el dinero, y si no se entiende eso, no podemos comprender cómo funciona el fenómeno criminal. Quienes lavan dinero están manchados de sangre, y eso hay que afirmarlo con contundencia porque se suele disociar”, aseveró.

La magnitud de las estafas de los fondos ganaderos “solamente es posible cuando se protege el negocio”

“Se dice mucho de que el tema de los fondos de ahorro agropecuarios no estaban en el radar. Eso quiere decir que nadie se dio cuenta. Yo opino todo lo contrario, por la evidencia”, sostuvo Tenenbuam respecto de la caída de las empresas República Ganadera, Conexión Ganadera y Grupo Larrarte, que provocaron señalamientos a los controles del Banco Central.

Para el sociólogo, “estas cosas ocurren porque hay protección” y, a su vez, “hay corrupción”, dado que “la magnitud de todo esto solamente es posible cuando se protege el negocio”. El crimen organizado y los delitos de cuello blanco “no funcionan en mundos oscuros o en mundos paralelos [en los] que nadie se da cuenta”, acotó; por el contrario, “funcionan porque se los protege y porque hay corrupción”.

Relacionándolo con el tráfico de drogas, que “utiliza las mismas rutas comerciales que mercancías legales”, Tenenbaum señaló: “Es imposible mover cargamentos de toneladas de cocaína de un lugar a otro. No se puede. Siempre tiene que haber protección, siempre tiene que haber corrupción. Eso es una máxima en todo esto”.