Este jueves, la comisión bicameral conformada para el tratamiento de la conformación del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recibirá a las cinco personas propuestas para ocupar el lugar que quedó vacante tras la renuncia de Wilder Tayler, quien lidera las tareas de búsqueda de desaparecidos en la institución. La próxima semana se dará cuenta de los nombres a la Asamblea General, que, según detallaron fuentes legislativas, se espera que sesione el miércoles 2 para tomar una definición. Para confirmar el ingreso de uno de los candidatos al directorio, su postulación deberá tener el apoyo de dos tercios de votos del total de componentes.

La senadora frenteamplista Constanza Moreira, presidenta de la comisión, comentó a la diaria Radio este martes que quien sea designado se mantendrá en el cargo durante dos años, dado que asumiría en un período –de cinco años– que ya se encuentra en curso, porque las autoridades actuales asumieron en 2022. Luego, la comisión deberá discutir también la sustitución del director Bernardo Legnani, que asumió a instancias de Cabildo Abierto y renunció semanas atrás al cargo. En este caso, la comisión dará cuenta el próximo jueves de la renuncia formal para dar paso al proceso de sustitución.

Entre los nombres propuestos por organizaciones de la sociedad civil hay uno que ha encontrado el respaldo de 24: se trata de la exjueza Mariana Mota, quien ya se desempeñó como directora en la INDDHH –y trabajó con Tayler en las tareas de búsqueda de detenidos desaparecidos–, por lo que sus promotores entienden que asegura “continuidad”.

Al respecto, Moreira consideró que, si bien el nombre de Mota tiene “una trayectoria absolutamente consolidada, reconocida” y además posee “un gran respaldo”, no va a haber unanimidad en torno a su posible elección como reemplazo de Tayler. Por su parte, el representante frenteamplista Alejandro Zavala manifestó a la diaria que por parte de la bancada oficialista, si bien se escuchará a las personas propuestas y se estudiará su currículum, hay una “preferencia” hacia Mota “fundada por el apoyo de las organizaciones”.

En línea con el argumento de “continuidad” esgrimido por las organizaciones sociales, Zavala recordó que en un momento Tayler y Mota fueron los encargados de “codirigir” la búsqueda de detenidos desaparecidos. Más allá de abrir espacio a que se puedan dividir de otra manera las funciones a la interna del directorio de la INDDHH, el representante definió como “razonable” optar por una persona que “tiene experiencia”, y, por tanto, con ella “la continuidad está garantizada”, analizó.

Los nombres

Además de Mota, están sobre la mesa los nombres de la exdirectora de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Rosa Méndez; de la exfiscal Gabriela Fossati, quien estuvo al frente del caso de Alejandro Astesiano, hasta que renunció a su cargo y pasó a la actividad política; del abogado Daniel Bruno y de la exdefensora pública Luz Dupetit. Méndez es la única persona propuesta por un sector político, concretamente por el sector Aire Fresco, del Partido Nacional (PN). Es el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (Cedhu) el que postula a Fossati y Dupetit, mientras que Bruno es impulsado por la organización Todos Somos Uruguayos.

Con Álvaro Delgado como su principal apoyo, Méndez dijo días atrás a la diaria que entiende necesaria una “continuidad” en la búsqueda de desaparecidos, pero, a su vez, considera que se debe “renovar la institución” en la atención de nuevas poblaciones con una mirada de “descentralización” territorial. Como algunos de los temas a atender con mayor profundidad, Méndez se refirió al racismo, la xenofobia, la diversidad sexual y el ambiente.

Bruno es un abogado de origen venezolano que posee un máster en derechos humanos. En ese sentido, desde su vínculo con Todos Somos Uruguayos, ha trabajado para que los inmigrantes puedan acceder a la nacionalidad uruguaya. Desde esta organización se ha predicado que en la actualidad el Estado termina convirtiendo a quienes se vuelven ciudadanos legales en “apátridas”, algo que va en “violación del derecho internacional”.

Luego de renunciar a la Fiscalía, Fossati se integró a filas del PN para apoyar la candidatura a la presidencia de la economista Laura Raffo. Pero luego de la elección interna, y tras molestarse porque Delgado eligió a Valeria Ripoll y no a Raffo para la fórmula presidencial, abandonó filas blancas y apoyó al entonces presidenciable colorado y actual senador Andrés Ojeda.

Dupetit, en tanto, fue defensora pública hasta 2017, cuando, después de 27 años, decidió dejar el Poder Judicial y escribir un libro. Según una reseña publicada en El Observador, en el libro titulado Puesto jodido, Dupetit denunció “amenazas, amiguismos, negligencia y casos de corrupción”.

Los cuestionamientos al Cedhu

El Cedhu, que promueve tanto a Fossati como a Dupetit, consigna en su página web que tiene como objetivo el trabajo con los “derechos humanos centrados en la dignidad y responsabilidad personal, teniendo a la familia y sus valores como base de la sociedad”. Esta organización ha recibido cuestionamientos de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República, que en 2022, a través de un comunicado, luego de su controvertido registro en la INDDHH, advirtió que se trata de una organización que “relativiza el terrorismo de Estado” y promueve el “cuestionamiento de la justicia en casos de crímenes de lesa humanidad”.

En esa misma línea, Tayler se opuso a su ingreso a la INDDHH en ese momento, y señaló que “hay límites que no se deben pasar”.

La visión de la oposición

En diálogo con la diaria, el diputado del Partido Independiente (PI), Gerardo Sotelo, adelantó que propondrá que la comisión, y posteriormente la Asamblea General, traten en la misma instancia tanto la vacante de Tayler como la de Legnani. Sin embargo, Moreira aclaró que, dado que los tiempos de renuncia fueron diferentes –Tayler renunció el 31 de mayo y Legnani el 11 de junio–, ahora el llamado es únicamente para cubrir a la primera renuncia.

Sotelo detalló que esta iniciativa de votación conjunta fue definida el lunes pasado por la Mesa Ejecutiva Nacional del PI y tiene que ver con aprovechar la ocasión para “generar los balances adecuados tanto en los perfiles profesionales como de las sensibilidades de los nuevos directores”. “Ninguna de las dos personas, en principio, nos parece que fueran para descartar”, comentó Sotelo en referencia a Mota y a Méndez. Según profundizó, la idea del PI es lograr “apuntalar” la INDDHH con personas que permitan “impulsar una agenda de derechos humanos amplia”.

Desde filas coloradas, el diputado Maximiliano Campos confirmó a la diaria que Vamos Uruguay se encuentra coordinando sobre el tema, pero que aún no hay una definición tomada. Con los nombres sobre la mesa, sin embargo, puso en duda que la mayoría especial para la designación se alcance en primera instancia.