“Somos tu Caja, estamos contigo”, rezaba un banner colocado a las espaldas del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Daniel Alza, cuando anunció la resolución que adoptó este jueves por unanimidad el directorio del instituto previsional, el día después de que, en el Parlamento, el oficialismo y la oposición acordasen postergar hasta el lunes 30 de junio la votación de la reforma que procura atender la crisis que atraviesa la caja paraestatal.
Acompañado por Blauco Rodríguez, uno de los directores de la CJPPU, Alza informó que en junio el instituto previsional pagará las pasividades “normalmente”, pero en julio “las obligaciones previstas van a ser diferidas en dos pagos”. Los jubilados y pensionistas de la CJPPU cobrarán el 75% de sus pasividades el jueves 31 de julio y el 25% restante el jueves 7 de agosto.
“En el mes de julio, el 75% va a ser abonado en la fecha que ya teníamos prevista para pagar en el cronograma, y el resto, el 25%, se va a pagar el 7 de agosto”, recalcó Alza, y agregó que para los funcionarios de la CJPPU “también corre el mismo efecto”.
El presidente de la CJPPU explicó que el complemento se depositará el 7 de agosto porque “las obligaciones de los activos que tienen que pagar el mes de julio terminan de llegar a la caja en los primeros tres días del mes siguiente, entonces, con ese dinero es que vamos a completar el pago del 25% en el mes de agosto”.
Alza señaló que “la causa principal” de esta medida fue “la dilatación de la resolución por parte del Parlamento” en cuanto al proyecto de ley actualmente en discusión. Dijo que el anuncio se hizo con antelación para que los jubilados y pensionistas de la CJPPU, quienes “tienen muy armado lo que es su economía”, “vayan tomando recaudos y se organicen para esa fecha”.
En diálogo con la diaria, la presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores, Cristina Freire, consideró que la medida anunciada este jueves por el directorio de la CJPPU “es un tema preocupante”. A título personal, Freire sostuvo que “el Poder Ejecutivo debió prever esto y tener una respuesta”.
“Es un tema que nos tomó por sorpresa; sí sabíamos que la caja estaba en una situación límite, pero no sabíamos que iban a tomar este tipo de medida”, expresó Freire. A su entender, “el Poder Ejecutivo tiene que responder y cumplir con lo que dice la Constitución” para “preservar y garantizar el pago de las pasividades”, en referencia al artículo 67 de la carta magna, que establece que, “si fuere necesario”, las pasividades se financiarán sobre la base de “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado”.
La CJPPU tendrá diálogo “permanente” con los legisladores
Por diferencias que persisten sobre el financiamiento de la reforma, senadores del oficialismo y la oposición aplazaron este miércoles por un plazo de 20 días la votación del proyecto, que fue elaborado por el Poder Ejecutivo y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
El Frente Amplio (FA) pretende reincorporar las contribuciones previstas originalmente por los activos y los pasivos, que fueron eliminadas en la cámara baja a instancias de la oposición. El FA aspira a que la solución financiera recaiga en un 70% sobre los afiliados y un 30% sobre el conjunto de la sociedad, a través de la recaudación de los timbres profesionales y transferencias desde Rentas Generales.
A pesar de que este esquema fue rechazado por los diputados de la oposición, el tema actualmente divide a los senadores del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). Tanto Graciela Bianchi (PN) como Pedro Bordaberry (PC) han transmitido en las negociaciones parlamentarias su disposición a votar algún tipo de aporte tanto de los activos como de los pasivos. Sin embargo, ninguno ha logrado una posición unánime a la interna de su partido.
En el caso de que el Senado apruebe los aportes a cargo de los afiliados, el proyecto deberá volver a tratarse en Diputados que, como tercera cámara, sólo puede aceptar o rechazar el proyecto; el FA no tiene mayoría en la cámara baja.
Consultado al respecto, Alza dijo que los legisladores “se van a reunir todos los días” y señaló que el directorio de la CJPPU será convocado “en forma permanente” para “establecer un diálogo fructífero”.
En la hipótesis de que el Senado efectivamente apruebe la reforma el 30 de junio, y ese mismo día Diputados sancione el proyecto, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo acotado para poner en marcha la reforma, esto es, promulgar la ley, publicarla en el Diario Oficial y posteriormente emitir el decreto reglamentario. En la CJPPU estiman además que las transferencias económicas no serán inmediatas y demorarán algunos días.
“Nosotros esperamos que el Parlamento pueda, tal como lo planteó en las resoluciones que tomaron ayer, llegar a un acuerdo multipartidario el 30 de junio”, manifestó Alza; y advirtió que, si el tratamiento parlamentario vuelve a postergarse, “vamos a estar en una problemática más compleja”.
Dicho esto, Alza recurrió a la metáfora futbolística: “Estamos tratando de meter el gol en el último minuto”. “Confiamos en que las negociaciones que están llevando a cabo los parlamentarios lleguen a un buen puerto”, añadió.
Nueva movilización contra la reforma
A todo esto, este viernes a las 12.00 en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, tendrá lugar una nueva movilización en contra del proyecto que promueve el Poder Ejecutivo. El grupo Profesionales Independientes en Defensa de la CJPPU convoca a manifestarse ante la “conducta prepotente” del FA y el contenido de la reforma.
Sergio Bedrossian, referente de la asociación, dijo a la diaria que el propósito de la movilización es “actualizar la información” sobre las negociaciones en curso, “contando las presiones que están habiendo”, y al mismo tiempo “preparar a los afiliados para acciones después de la votación” en el Parlamento.
Bedrossian lamentó que durante años se haya permitido que haya un descalce en el valor de los timbres –que se ajustan por la inflación y no por los salarios, como sí lo hacen las pasividades– y sostuvo que con un eventual aumento de 70% de los timbres “salimos del déficit inmediatamente”. No obstante, puntualizó que dicho incremento debería ser gradual, para “no afectar a toda la población”.
Por otro lado, Bedrossian afirmó que, en el escenario actual, el Estado debe transferir recursos a la CJPPU. A modo de comparación, señaló que, mientras “a nosotros nos retacean una asistencia financiera que nunca recibimos, a los militares les meten 583.600.000 dólares para este año”, en referencia a la caja militar.