En retrospectiva, las casi ocho horas de negociación que hubo ayer entre senadores del oficialismo y la oposición para resolver el tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) podrían sumarse al mes y medio de discusión que ya lleva en el Parlamento el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo. Es más, todo este período podría verse como una continuación del debate que se dio a mediados de 2023, cuando fracasó la reforma de la caja paraestatal.

Al igual que en aquel entonces, todavía no hay acuerdo entre ambas partes, aunque las posiciones se han intercambiado. En 2023, el Frente Amplio (FA), junto con Cabildo Abierto (CA), rechazó el proyecto presentado por el entonces oficialismo, que incluía aportes similares por parte de los activos y de los pasivos.

El diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian sostenía en sala que “las soluciones mágicas no existen” y que “para la falta de dinero la solución es poner más dinero”. “En este caso, poner más dinero significa una tasa de aporte mayor para los jubilados y un aporte mayor también por parte de los profesionales”, afirmaba Jisdonian. Del otro lado, el entonces diputado del FA Felipe Carballo —actualmente senador— advertía sobre “el riesgo de que haya una corrida importante” de los afiliados a la CJPPU, quienes “si no pueden pagar 19,5%, mucho menos van a poder pagar 22,5%”. Se trata del mismo porcentaje que actualmente propone el Poder Ejecutivo.

En términos generales, el proyecto aprobado el martes en la comisión especial del Senado con los votos del FA establece las mismas fuentes de financiamiento que la reforma de 2023: aportes de los afiliados y transferencias desde Rentas Generales. Sin embargo, las posiciones de los partidos políticos, a excepción de CA —que en la cámara baja se opuso por segunda vez—, son diametralmente opuestas.

La Cámara de Senadores tenía previsto votar la reforma del actual gobierno ayer a partir de las 9.30. Pero no pocos cuartos intermedios atrasaron la discusión y finalmente, sobre las 17.30, oficialismo y oposición acordaron postergar la votación hasta el lunes 30 de junio.

La moción fue justificada en sala por los senadores Daniel Caggiani (FA) y Graciela Bianchi (PN). Caggiani dijo que el oficialismo accedió a la postergación “en función de que los demás partidos políticos de esta casa han solicitado un tiempo prudencial para poder considerar en sus fuerzas políticas algunas alternativas”. Bianchi, en tanto, dijo que el aplazamiento es “a los efectos de consolidar aportes que todos estamos haciendo para la mejor solución de este problema”. La moción se aprobó por unanimidad, 30 en 30.

Andrés Ojeda: “Esta oposición cogobierna”

Al término de la sesión, la senadora del FA Constanza Moreira dijo en rueda de prensa que aún hay diferencias con relación a “las fuentes de financiamiento”, específicamente a “lo que corresponde a activos y pasivos”.

Según informó la diaria, el FA estaba dispuesto a establecer una primera suba de 18,5% a 20,5% para los activos y posteriormente aumentar de manera adicional un punto por año hasta 22,5%. La oposición pretendía subir la tasa un punto por año, pero partiendo desde 18,5%, es decir, sin el incremento inicial.

Moreira sostuvo que en este aspecto “se había avanzado un poco más”, manteniéndose la principal diferencia en la contribución a cargo de los pasivos. La senadora del FA mencionó que desde la oposición se planteó que el nuevo impuesto previsto para los jubilados se aplicara mediante una tasa plana, “es decir, un descuento igual para todo el mundo”. El proyecto del gobierno establece, en cambio, una tasa progresiva que oscila entre 2% y 11% en función del nivel de ingresos.

Por su parte, el senador del PN Sergio Botana aseguró que en estos días “ha habido bastante diálogo” entre los legisladores del oficialismo y la oposición y también con el gobierno, y afirmó que “las propuestas que están arriba de la mesa ahora se van a enriquecer cuando los diputados estén participando”.

En tal sentido, Botana remarcó que durante la prórroga de 20 días, que se acordó ayer, los diputados serán partícipes del intercambio. “Sabemos que para que esta decisión pueda ir adelante, para que esta sea una decisión válida y con futuro, tiene que ser igual la decisión del Senado a la de la Cámara de Representantes”, expresó el senador nacionalista.

En efecto, si el Senado reincorpora a la reforma los aportes de los activos y los pasivos, los cuales fueron eliminados en Diputados a instancias de la oposición, el proyecto deberá volver a tratarse en Diputados que, como tercera cámara, sólo puede aceptar o rechazar el proyecto. “Los diputados y los senadores, junto al gobierno, trabajaremos en conjunto en la edificación de la solución”, manifestó Botana, quien sostuvo que “hay voluntad política de darle solución al tema”.

También en rueda de prensa, el senador del Partido Colorado (PC) Andrés Ojeda dijo que la salida a la crisis que atraviesa la CJPPU es “un tema árido que merece más conversación” y sostuvo que hasta ahora “las soluciones que hay arriba de la mesa no son de recibo”. Ojeda valoró el “perfil unido” que mostró el miércoles la oposición: “No nos dejemos correr, no nos dejemos prepotear y no nos dejemos llevar puestos, porque esta oposición es la oposición más importante del siglo XXI, esta oposición cogobierna, como lo está haciendo ahora”.

¿Qué puede pasar si no se vota el 30 de junio?

En diálogo con la diaria, Fernando Rodríguez Sanguinetti, uno de los actuales directores de la CJPPU, explicó que el instituto previsional paga las pasividades “el 31 de cada mes”. “La pasividad de junio se cobra en julio y la de julio se cobra en agosto”, señaló Rodríguez Sanguinetti.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había dicho días atrás que la CJPPU no tendría reservas suficientes para pagar las pasividades de julio, las cuales, según explicó Rodríguez Sanguinetti, se cobran en agosto. Esto le da a un plazo acotado al Poder Ejecutivo para poner en marcha la reforma, esto es, promulgar la ley, publicarla en el Diario Oficial y posteriormente emitir el decreto reglamentario, siempre y cuando el proyecto se apruebe en ambas cámaras, como se pretende, el 30 de junio.

Consultado sobre los tiempos, Ojeda dijo que, “en su caso, lo que conversamos es que la Constitución obliga siempre al Estado a pagar las jubilaciones; eso está fuera de discusión”. Por lo tanto, “en el caso de que hubiese algún tipo de desfinanciación de la Caja, que veremos hasta qué día y cómo, se conversará algo puntual para ese caso”, afirmó el senador del PC.

El artículo 67 de la Constitución establece que, “si fuere necesario”, las pasividades se financiarán sobre la base de “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado”. Al respecto, Moreira sostuvo que “al artículo 67, lamentablemente, no se aplica inmediatamente”, ya que requiere un proyecto de ley. Asimismo, afirmó que “esta idea de que 'ah bueno, cualquier problema que tenemos aplicamos el 67 y el Estado paga', es una pésima idea”.

La senadora del FA dijo que “Uruguay tiene una gran tendencia a patear los problemas para adelante hasta que se transforman en una cosa gigante”, y sostuvo que el problema de la CJPPU “ahora es una cosa gigante y hay plazos perentorios”. “Hay que encontrarle una solución a la Caja de Profesionales”, sentenció.