La Comisión Especial de Seguimiento contra el Lavado de Activos, Lucha contra el Crimen Organizado y Transparencia recibió el lunes al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, para conversar sobre la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, creado por decreto para articular las políticas públicas en la materia y que ha sido cuestionado por la oposición.

En ese ámbito, Díaz se refirió a las carencias en el combate al lavado de activos en Uruguay. Dijo que en esta materia hay “un sistema normativo razonable”, pero que “en la práctica, en la faz represiva, no funciona”. “Hay pocas investigaciones y, dentro de las investigaciones que hay, hay muy pocos resultados. De hecho, tengo entendido que en los últimos dos años hubo algo así como cuatro condenas que, en realidad, refieren a dos investigaciones que motivaron condenas por separado”, mencionó, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.

Remarcó que es un tema que “hay que enfrentar, porque lo que muchas veces vemos en la práctica es que se imputa y se condena por el delito precedente, pero no se imputa por el lavado de activos”. “Creo que si tenemos que sintetizar el problema, lo deberíamos sintetizar ahí: el lavado de activos queda impune, con las consecuencias que tiene luego, porque la condena por el lavado de activos permite la posibilidad del decomiso de aquellos bienes que son la conducta material del delito y, en definitiva, todos sabemos que quienes se dedican a este tipo de actividades lo hacen por plata”, afirmó el prosecretario.

Díaz se comprometió a asistir al Parlamento cada vez que lo convoquen

Durante la sesión de la comisión, Díaz se refirió a una de las críticas de la oposición al sistema, relativa a que no tendrá control parlamentario porque no dependerá de un ministerio, sino de la Presidencia de la República. “El día que ustedes quieran, este prosecretario -más allá de que no tiene la obligación constitucional de hacerlo- acá estará para dar las explicaciones que entienda del caso”, se comprometió Díaz.

Sobre este tema, afirmó que en los últimos años y a través de los sucesivos gobiernos se ha establecido “el procedimiento de crear agencias en la Presidencia de la República” en lugar de ministerios, que sí tienen control parlamentario. “Por un lado, le decimos a la población que no creamos más ministerios, pero, por otro, creamos agencias en Presidencia de la República. Y ahí hay una contradicción elemental desde el punto de vista político y, de alguna manera, tenemos que reflexionar sobre ella. Si ustedes me preguntan a mí, como jurista, yo eliminaría todas las agencias de la Presidencia de la República y crearía los ministerios que correspondan; esa sería la forma de llevarlo adelante”, aseguró. Acotó que “tampoco podemos tener ministerios que tengan realidades con treinta mil funcionarios, con doscientas mil competencias y con un Estado dentro del Estado que se torna absolutamente inmanejable. Entonces, alguna solución tenemos que encontrar. Creo que podemos discutirlo y hasta buscar consensos entre los diferentes partidos políticos porque, si no, la tentación de seguir colgando cosas de Presidencia va a continuar”, señaló. “Si queremos control parlamentario asegurado y que no dependa del buen relacionamiento, tenemos que ir a la lógica de los ministerios y empezar a eliminar agencias”, consideró.

Tope a las transacciones en efectivo: “Cuanto más bajo, mejor”

El proyecto de ley sobre lavado de activos enviado en junio por el Poder Ejecutivo al Parlamento propone bajar el tope para las transacciones en efectivo de aproximadamente 150.000 dólares, como está en la actualidad, a 40.000 dólares.

Díaz defendió que es “imprescindible bajar sustancialmente el límite del dinero en efectivo, porque acá, y en el mundo entero, la manera más fácil de lavar plata es con el manejo en efectivo”. “Creo que tenemos que ser claros en ese sentido: el manejo de grandes cifras de dinero en efectivo es una operación de lavado, prácticamente, no voy a decir que sea de libro, pero bueno, creo que tenemos que resolverlo. Si el límite tiene que ser cuarenta o si tiene que ser veinte, es una discusión que podemos dar”, señaló. Añadió que, en el caso del Poder Ejecutivo, “hubo una discusión intensa; el presidente de la República entendió que la cifra es la que está en el proyecto, pero me parece que se puede discutir en el ámbito parlamentario. Si me preguntan a mí, cuanto más bajo, mejor”, opinó.