“Ayer se llegó a límites que, más allá de que sabíamos el estilo del interpelante, desde que comenzó la interpelación lo hizo con un tono de provocación, de agravios, de hacer algunas afirmaciones que están lejos de lo que como uruguayos vivimos la construcción de nuestro país”, sostuvo el senador del Frente Amplio (FA) Aníbal Pereyra en entrevista con la diaria Radio, horas después de que la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores fuera suspendida, tras más de 13 horas de sesión, por “desorden” en la sala.
El tono confrontativo de la interpelación alcanzó su punto máximo durante la exposición del senador del FA Nicolás Viera, cuando se refirió a Da Silva como el “senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándoles a los uruguayos que era un buen negocio invertir en Conexión Ganadera”. Da Silva se ubicó detrás de Viera para discutirle, lo llamó “atrevido” y terminó diciéndole “puto de mierda”.
Para Pereyra, durante toda la interpelación hubo “una clara intencionalidad de desvirtuar el centro de la decisión”, por ejemplo, cuando Da Silva se refirió en varias ocasiones a la estancia María Dolores como “un santuario al santo Pepe”, en referencia a que la compra se dio a conocer en el marco del cortejo fúnebre del expresidente José Mujica el 14 de mayo.
El senador frenteamplista criticó que se pretendiera instalar “que el proceso de compra se hizo el 13 de mayo –día del fallecimiento de Mujica–, cuando “se inició el 11 de abril, tergiversando los hechos centrales de un proceso válido”, con el objetivo de “fortalecer” una postura contraria a los objetivos del INC.
“Siempre las herramientas públicas, gobierne quien gobierne, hay que prestigiarlas. Porque cuando tú desprestigias una herramienta, después queda en el desprestigio y la destrozaste. Acá ha habido históricamente una intención de destrozar las políticas de Colonización”, afirmó Pereyra.
El senador del FA señaló que el 11 de abril “es cuando Colonización marca el interés”, a través del artículo 35 de la Ley 11.029. A partir de ahí, continuó, los diferentes departamentos de Colonización dieron sus informes para la votación del directorio el 14 de mayo. “¿Por qué esa fecha? No es porque haya fallecido Pepe, es porque se vencía el plazo legal que tiene Colonización para tomar la decisión final de compra”, sostuvo.
Antes de la suspensión de la interpelación, la oposición resolvió conformar una comisión preinvestigadora en la Cámara de Representantes –donde el oficialismo está en minoría–, la cual fue presentada formalmente por el diputado colorado Juan Martín Jorge, con base en los cuestionamientos “de orden administrativo, jurídico y constitucional” respecto a la compra de la estancia. La preinvestigadora comenzó a sesionar este jueves a las 10.00 y deberá elevar informes al plenario en un plazo de 48 horas.
Por su parte, el senador colorado Andrés Ojeda planteó “que las actuaciones se revisen por la Junta de Transparencia y Ética Pública [Jutep], así como por la Fiscalía General de la Nación”. A propósito, con suspicacia, Pereyra apuntó que la fiscal de turno es Sandra Fleitas, a quien no le tiene “nada” de confianza por “la subjetividad que ha tenido en todos los casos”. Entre otros casos a su cargo, Fleitas es la fiscal que formalizó al exsenador frenteamplista Charles Carrera por irregularidades durante su gestión como director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) entre 2010 y 2017.
Bordaberry “no soporta la colonización”
Sobre las objeciones que hizo la oposición a la compra, por ejemplo, que el campo destinado a la lechería debería estar más cerca de cuencas lecheras que hoy presentan dificultades, Pereyra sostuvo que “Colonización tiene que estar cerca de lo que significa fortalecer la producción familiar; tratar de generar nuevas condiciones para las familias más jóvenes, y la lechería, sin duda, es un sector determinante”.
El senador del FA sostuvo que la estancia María Dolores “es un campo con características que no se da habitualmente”, ya que tiene el “25% del área con riego” y “está enclavado en un área lechera”. Además, argumentó que “todas las gremiales de lechería” respaldaron la decisión de la compra, “porque la lechería es una de las actividades cuyo mayor problema es la tierra”.
En el caso de otras gremiales agropecuarias, como la Asociación Rural del Uruguay, que expresaron disconformidad con la política que desarrolla el actual gobierno vinculada a Colonización, Pereyra consideró que forma parte del “debate más importante que tiene que seguir dando este país”, esto es, “si Colonización y esas políticas tienen razón de ser o no”. “Son genuinas todas las posturas”, consideró, pero el fondo del problema es cuando se “trata de tergiversar hechos”.
Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento sobre que el precio de la compra del campo estuvo por encima del promedio de otros predios ubicados en el mismo departamento, el legislador oficialista apuntó que, si al costo promedio se “le pone el riego, hay un cálculo claro: eso le aumenta considerablemente el valor de la tierra, por lo tanto ese porcentaje que se hace como referencia no tiene razón de ser, porque no es lo mismo comprar un campo pelado que comprar un campo con determinadas inversiones”, sostuvo.
“El precio incorpora todo el sistema de riego, por lo tanto tú tienes que calcular el valor de la hectárea con todo lo que está dentro de la estancia, que tiene un gran valor”, reafirmó Pereyra.
Pereyra rescató la postura “central” del intendente de Florida, Carlos Enciso, quien “ve desde otro lugar” la inversión y consideró que la adquisición “es un factor de desarrollo a apoyar y explotar en Florida”. “La Intendencia [de Florida] plantea a Colonización formalmente poder evaluar que en la parte de lo que son las construcciones pueda desarrollarse algo vinculado, en términos educativos, al eje de la producción de la zona”, destacó.
En ese sentido, el senador del FA consideró que “hay dos tajos en la mirada política en este país, y que hay que tratar de hacer el esfuerzo de que ese tajo no exista”. Por un lado, señaló que hay “una mirada que surge de intendentes de un mismo partido con miradas confrontativas a la de dirigentes nacionales que dicen ‘entendemos que, siendo oposición, siendo nuestra definición política que sigue siendo la misma, no vamos por este camino de pegarle a todo lo que se mueve’”.
Los cuestionamientos sobre la legalidad fueron sostenidos en la interpelación por el senador colorado Pedro Bordaberry. Entre otros puntos, objetó la designación de Karina Henderson, quien formó parte del proceso de votación que ratificó la compra, cuando, según Bordaberry, incumple con el artículo 200 de la Constitución al ser colona y, por tanto, no puede ejercer un cargo en un directorio de un ente autónomo relacionado a la actividad.
Pereyra consideró que Bordaberry “tiene intereses genuinos de que no soporta la colonización” y un “condicionamiento histórico que se mantiene”. Reconoció, sin embargo, que sus exposiciones, “en gran medida, salvaron el barro de la interpelación”, que intentó instalar el miembro interpelante, consideró. “Bordaberry fue más quirúrgico”, afirmó, pero, acotó, “históricamente” ha pretendido “instalar la duda de los jurídicos”, y “ha perdido hasta ahora”.
Sobre la designación de Henderson, señaló que el senador colorado sostiene el argumento de una biblioteca, pero hay otras que entienden que “es histórico que en Colonización ha habido directores que han tomado decisiones, las mismas que la colona Henderson, desde 1958 a la fecha, y nunca hubo ningún cuestionamiento o formalidad de las decisiones del instituto”.