“Creo que sería totalmente negativo que una oposición cerril, porque tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, dejara al gobierno sin presupuesto”, afirmó el presidente de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, en entrevista con la diaria Radio. El exsenador profundizó en las tres propuestas que CA ha planteado al presidente Yamandú Orsi y sostuvo que su partido quiere que se incorporen en un mensaje complementario al presupuesto: la situación de los deudores considerados irrecuperables por el Banco Central, límites a la forestación y el salario de las Fuerzas Armadas.
Manini Ríos consideró que no es “lógico” ni “de recibo” dejar al Poder Ejecutivo sin la “herramienta para llevar adelante su plan de gobierno”. A su entender, es preferible “que lo lleve adelante” y que “después, si fracasa, si no cumple con lo que prometió, si realmente las cosas se hacen mal, que no sea porque no tuvo la herramienta”. Afirmó además que, en términos políticos, sería “una torpeza tremenda” entregarle en bandeja “el gran argumento para que el gobierno le explique al pueblo uruguayo por qué no cumple con sus promesas de campaña y con sus objetivos”.
Sobre las propuestas de su partido, el excomandante en jefe del Ejército dijo que proponen “una mejora salarial a la parte más relegada del personal subalterno de las Fuerzas Armadas”, ya que consideran que “hay una injusticia en el tratamiento salarial que se les hace”. Manini Ríos dijo que los 150 millones de pesos para incrementos salariales a distribuir a partir de 2027 que dispuso el mensaje presupuestal enviado al Parlamento el 31 de agosto es “insuficiente” y además no se aclara “cómo se van a repartir”.
Dado el perímetro fiscal restrictivo del presupuesto, Manini Ríos afirmó que planteará al Poder Ejecutivo un refuerzo de la partida salarial, especialmente para los “sectores más postergados de las Fuerzas Armadas”, en 2026, a partir de una reducción del gasto en otras reparticiones del Estado, el cual “tiene gordura excesiva en algunos aspectos”.
En cuanto a la situación de los deudores –uno de los principales temas trabajados por CA en el período pasado y por el cual impulsó una recolección de firmas para convocar a un plebiscito–, Manini Ríos dijo que el principal reparo que tienen con el proyecto de ley que ha presentado el Frente Amplio (FA) es que deja afuera las deudas con el Estado. Desde Cabildo Abierto se considera que el Estado es uno de los “peores usureros” y que se viola el artículo 52 de la Constitución de la República, el cual prohíbe expresamente la usura. “No podemos seguir mirando para el costado cuando hay 700.000 uruguayos considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Es una inmoralidad, es bochornoso, y cada día que pasa se agrava la situación, porque los intereses siguen corriendo”, dijo.
La tercera propuesta de CA es “ponerle límites a la forestación en las mejores tierras del país”, como aprobó en 2021 la Cámara de Senadores, con los votos de CA y el FA, algo que posteriormente fue vetado por el entonces presidente Luis Lacalle Pou. En base a este antecedente, Manini Ríos consideró que “no habría nada que obste a que de vuelta la misma propuesta vuelva a ser aprobada”.
Algunos “hacen del escándalo y de la farandulización de la política una suerte de campaña electoral prematura”
Por otro lado, las propuestas incluidas en el presupuesto que CA ya ha definido no acompañar son “aquellas que insisten con aquello que se sometió a votación cuando se hizo el referéndum por los 135 artículos de la LUC [ley de urgente consideración]”, dijo Manini; por ejemplo, las vinculadas a la gobernanza de la educación. “Creemos que si el pueblo uruguayo en las urnas ratificó un determinado articulado o determinadas propuestas, no podemos nosotros por ley enmendarle la plana a lo que el pueblo decidió en las urnas”, consideró.
Entre otros artículos que se inclinan por no votar, está el de la flexibilización del secreto bancario, que posibilita a la Dirección General Impositiva a acceder a cuentas financieras sin orden judicial. Sostuvo que lo estudiarán con seriedad y que pueden llegar a “escuchar muchos argumentos que nos hagan cambiar de posición”. No obstante, en principio, “no nos gusta que quede por fuera esto de la decisión judicial”, ya que “puede derivar con el tiempo, y con los distintos gobiernos, en ciertos excesos que no convienen”, dijo Manini.
“Hay artículos que sí y artículos que no los vamos a apoyar. Esa va a ser nuestra actitud, actuando con total independencia de criterio y mirando lo que entendemos que es bueno para la gente”, afirmó. En ese sentido, Manini apuntó a diferencias en el accionar de CA con sus exsocios de gobierno de coalición: “Nosotros tomamos las cosas, me parece a mí, con mucha más responsabilidad que lo que lo toman algunos que hacen del escándalo y de la farandulización de la política una suerte de campaña electoral prematura”.
Denuncia penal por María Dolores: “No tenemos elementos como para hacer una denuncia de este tipo”
Sobre el futuro de su vínculo con los otros partidos de la oposición de cara al escenario electoral de 2029, Manini Ríos consideró que no es posible “aventurar cómo vamos a ir en ese proceso electoral”. Aseguró que CA “actúa con total independencia de criterios” y señaló que, si “llegado el momento, entendemos que una alianza electoral con quienes fueron socios en el período anterior es lo mejor, o lo que nuestra gente quiere, no lo descartamos en absoluto”; del mismo modo que tampoco descartan presentarse de forma independiente, “sin ningún tipo de atadura, que hoy por hoy es lo que estamos haciendo”. “No queremos que nadie nos pretenda llevar con el poncho por delante; Cabildo no va a ser el furgón de cola de ningún otro partido”, aseveró.
Una de las iniciativas de la oposición que CA nuevamente optó por no acompañar es la denuncia penal que impulsan blancos, colorados e Identidad Soberana por presunto abuso de funciones y fraude en la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. “No tenemos elementos como para hacer una denuncia de este tipo”, afirmó Manini. “Quienes la presentan los tendrán, y tendrán que atestiguar después, cuando empiecen las instancias judiciales”, añadió.
“Yo entiendo que no está de más nunca que, si hay alguna sospecha o algún indicio de algo irregular o de presunto delito, la Justicia actúe. Nosotros, simplemente, no hemos participado porque no tenemos esos elementos; no quiere decir nada más que eso”, sostuvo.
CA no se opone al impuesto a las multinacionales, pero hay que “tener mucho cuidado de no pegarnos un tiro en el pie”
Uno de los puntos, por ahora, más cuestionados del presupuesto por parte de la oposición son los cambios impositivos, principalmente porque se entiende que el gobierno incumplió su promesa de campaña de no aumentar impuestos. Consultado sobre la visión de CA, Manini consideró que hay “cierta lógica” en las iniciativas de aplicar el impuesto mínimo global, gravar con IVA determinadas compras en el exterior y las ganancias que se generen en depósitos en el exterior realizados por personas residentes en Uruguay. “Alguien tiene depositado en Uruguay su dinero, paga impuestos, pero si lo tiene afuera no lo paga. Creemos que ahí hay cierta incoherencia que podría ser atendible”, sostuvo el dirigente.
Señaló que el IVA a las compras en el exterior –motivado por el impacto de la plataforma Temu en el comercio nacional– atiende una situación de “cierta injusticia”, “no puede quedar en un afán recaudatorio y nada más”. Planteó que lo recaudado por el tributo se pudiera volcar a mejorar la competitividad de la pequeña y mediana empresa nacional. Una vía para hacerlo, explicó, podría ser exonerar el monto recaudado por el IVA a un conjunto de las empresas en determinados pagos que hoy hagan. No obstante, sostuvo que el tributo no va a terminar con el problema, ya que “la gente va a seguir comprando, por más que tenga que pagar el 22%; si a veces están comprando cosas que valen cuatro veces menos que lo que valen acá en plaza”.
Con respecto al impuesto mínimo global –que gravaría a las empresas multinacionales instaladas en Uruguay con ingresos anuales iguales o superiores a 750 millones de euros–, Manini sostuvo que, a priori, su partido entiende que “tiene su lógica” y no se opone a él, aunque se debe “analizar con seriedad” sus efectos y “tener mucho cuidado de no pegarnos un tiro en el pie” ante la posibilidad de desincentivar la radicación de inversiones.