“Mi actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un mandato recibido bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de las competencias y orientaciones impartidas por esa Secretaría de Estado”, afirmó la economista María Noel Sanguinetti Vezzoso en su carta de renuncia a su cargo como delegada oficialista de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), días después de que trascendiera que el directorio de la paraestatal votó una partida compensatoria de 131.500 pesos para los directores que asumen.

Esta afirmación de Sanguinetti fue negada el martes por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien en diálogo con la diaria aseguró que no tuvo ninguna participación en la resolución aprobada por la economista y por el otro delegado oficialista que también renunció, Gustavo Rodríguez Azcué. El titular de la cartera dijo que le consultó al director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico —el nexo entre el ministerio y los delegados del Poder Ejecutivo en la CJPPU—, y que este no tenía conocimiento de la partida mensual, aunque “sí estaba enterado, y fue motivo varias veces de discusión, de la posibilidad de analizar algún mecanismo de viático”.

La contradicción entre la afirmación de la exdelegada y las declaraciones de Castillo fue señalada por el diputado colorado Adrián Juri, quien, en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social que sesionó el miércoles, solicitó que se convoque a las autoridades de la cartera de trabajo para “aclarar cuál es la situación”. El legislador dijo a la diaria que la solicitud se aprobó por unanimidad, y esperan que la comparecencia sea la próxima semana, cuando se cite nuevamente a la comisión.

Más temprano, Juri dijo en rueda de prensa que, a su parecer, “más arriba tiene que haber responsabilidades”, ya que “los mismos directores del [Poder] Ejecutivo ya se dieron cuenta de que fue irresponsable lo que hicieron y pusieron su cargo a disposición y presentaron la renuncia”. Consultado por este medio sobre esta afirmación, el diputado advirtió que con la citación no pretende que “un director del ministerio renuncie por esto”, pero sí espera que se les diga y se les explique lo que sucedió.

“Capaz que nos dan una explicación y nos dicen: ‘Miren, nosotros consideramos que esto era lo más razonable’. Pero que al menos alguien se haga cargo, pero no que uno diga “yo no tengo nada que ver” y el otro se lave las manos, y no aparezca nadie haciéndose cargo”, sostuvo. “Queremos saber quién fue el que les dio las directivas y que se hagan cargo, que se hagan responsables”.

Sobre el asunto de fondo, que es la votación de la partida, que puede contravenir la Ley 20.130 que dispone que los cargos del directorio de la paraestatal serán honorarios, Juri dijo que “si alguien dice que cree que los directores tienen que tener una remuneración”, en ese caso, está la ley y se podría presentar una modificación para que sea discutida en el Parlamento. “Lo que no podemos hacer es violar la ley. Con la situación legal que hay hoy [en la Caja], los directores tendrían que ser honorarios, eso es así, no podemos desconocer una ley que está votada desde el año 2023”, apuntó.

La partida votada se suma a “la larga lista de horrores protagonizados por quienes mal nos representan”

Por otra parte, la agrupación Profesionales Independientes, liderada por el odontólogo Sergio Bedrossian, que cobró más relevancia el año pasado con la votación de la ley de salvataje y que logró entrar al próximo directorio en las elecciones pasadas, emitió un comunicado en rechazo a la partida votada.

En primer lugar, aclaran que “no fue el nuevo directorio de la Caja, sino el todavía en funciones, el responsable de la presentación, tratamiento y posterior aprobación” de la resolución que “contraviene lo resuelto” en la Ley 20.130, en su artículo 289.

Aseveran que haber aprobado la partida “se suma a la ya larga lista de horrores protagonizados por quienes mal nos representan, abonando irresponsablemente la instalada campaña de desprestigio de los profesionales y de nuestra Caja como institución de seguridad social”.

“Rechazamos de plano las conductas de los directores y de las organizaciones que practican una manera de hacer política que es la responsable en gran parte del severo daño que explica la crisis de nuestra Caja Profesional”, afirman.

En ese sentido, señalan que Profesionales Independientes “se desmarca totalmente de todo vicio de politiquería instalada”, lo cual llevó a la agrupación a marcar, en las últimas elecciones, “su firme postura de no hacer alianzas electorales y mucho menos electoreras con quienes nos brindaban las mínimas garantías necesarias en la defensa de principios y valores no negociables para nosotros”.

Por último, resaltan que, “siendo la organización de afiliados que obtuvo recientemente el mayor respaldo electoral”, aseguran a los afiliados de todo el país que, “fieles a lo actuado” desde el nacimiento del colectivo, darán, desde el directorio y la Comisión Asesora y de Contralor, “la más seria respuesta a las expectativas de ese afiliado de a pie al que algunos insisten en seguir castigando”.

La Federación Médica del Interior (FEMI) también publicó un comunicado en sus redes sociales en referencia a la resolución. Apuntan que, teniendo en cuenta la existencia de la Ley 20.130 y el artículo que establece los cargos honorarios, es “imprescindible que toda resolución adoptada por los órganos de conducción se ajuste estrictamente a la normativa vigente y cuente con respaldo jurídico claro”.

A su vez, indican que FEMI “no fue consultada previamente respecto a esta decisión”, y que “sin perjuicio” de lo mencionado sobre la normativa, la organización sostiene “con convicción” que la conducción de una paraestatal como la CJPPU “requiere dedicación efectiva, idoneidad técnica y compromiso sostenido”. “Resulta poco realista pretender que estas funciones se ejerzan sin ningún tipo de compensación, si lo que se busca es garantizar una gestión profesional, transparente y responsable, ejercida por personas verdaderamente capacitadas y con disponibilidad de tiempo acorde a las exigencias del cargo”, plantean.

Aún así, consideran que en el contexto actual “de extrema sensibilidad social y de profunda crisis financiera” de la Caja, la forma en que la resolución fue adoptada y comunicada “no fue oportuna ni adecuada, y afecta la confianza que necesariamente debe reconstruirse con los profesionales aportantes y con la sociedad en su conjunto”.

“FEMI entiende que cualquier mecanismo de compensación para las autoridades de la CJPPU debe: encuadrarse inequívocamente dentro de la legalidad; ser transparente, estar debidamente fundamentado; y formar parte de una discusión institucional más amplia, acompañada de medidas claras orientadas a la sostenibilidad y recuperación de la Caja”, señalan.

“Reafirmamos nuestra disposición a contribuir a un debate serio, responsable y técnico sobre el modelo de gobierno de la CJPPU, incluyendo el régimen de dedicación y compensación de sus autoridades, siempre con el objetivo de fortalecer a la institución y proteger el sistema previsional de los profesionales”, concluyen.