“La falta de inversión y de personal en UTE tiene consecuencias”, se lee en la primera línea del comunicado que divulgó este fin de semana la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE). El sindicato enumera una serie de “eventos de enorme impacto público” vinculados a la empresa estatal, que no son “producto del azar ni de hechos excepcionales”, sino la “consecuencia directa” de la falta de recursos.
En el comunicado, AUTE mencionó la explosión y el incendio en la subestación MVJ de Barrio Sur el pasado 7 de diciembre, el “aumento exponencial” de las fallas en la red eléctrica debido a la alta demanda en los últimos días del año pasado y los “severos daños” provocados por el ciclón extratropical del 10 de enero. Todo esto, se sostiene, forma parte de “una política sostenida de recortes, desinversión y vaciamiento de áreas clave de la empresa”.
Según el sindicato, los servicios fueron restablecidos “gracias al compromiso y al esfuerzo extraordinario de los trabajadores”, en jornadas “de hasta 16 horas diarias”, con personal “trasladándose desde distintos puntos del país para cubrir las zonas más afectadas” bajo “condiciones climáticas adversas y asumiendo riesgos”.
“Estos episodios generaron múltiples cortes de energía en todo el país, afectando a miles de usuarios y usuarias durante horas, exponiendo a la población a situaciones de riesgo eléctrico en la vía pública y perjudicando seriamente la actividad de comercios e industrias”, se resalta en el comunicado.
Para AUTE, estos hechos “no son una sorpresa”, sino una confirmación de las “advertencias” que los trabajadores hacen “de forma sistemática desde hace más de diez años”, las cuales “han sido sistemáticamente ignoradas”. El sindicato señala que “el incremento de las fallas y las demoras en la reposición del servicio no son responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras”, sino el resultado de “decisiones políticas y de gestión que priorizaron el ajuste por sobre la calidad y la seguridad del servicio”.
A modo de repaso, AUTE señaló que en 2018 y 2020 el sindicato advirtió sobre los “recortes presupuestales” y su impacto, que derivó en “falta de personal, menos obras, menos materiales, peores condiciones de trabajo”. Más adelante, en 2023, se denunció “la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de la plantilla, la falta de ingreso de personal y el avance de las tercerizaciones”, cuyas “consecuencias están a la vista”.
“Las maestrías en gestión, los indicadores forzados y las ganancias económicas a costo del desmantelamiento se derrumban y dejan en evidencia cómo las políticas de recortes presupuestales desmedidas impactan directamente en el funcionamiento de la empresa, las y los trabajadores y usuarios del servicio”, se agrega en el comunicado.
Bajo la premisa de que el acceso a la energía eléctrica es “un derecho”, AUTE exigió el cumplimiento de tres puntos: un “aumento real del presupuesto y de la inversión pública para renovar y fortalecer el sistema eléctrico”; una cantidad de recursos “que garanticen condiciones de trabajo seguras y adecuadas”; y “el ingreso inmediato de personal para cubrir la enorme cantidad de vacantes”. “Si no se cambia el rumbo, estos episodios no serán excepcionales, sino cada vez más frecuentes, y las consecuencias las seguirá pagando la población”, afirmó el sindicato.
UTE fue “una caja de donde nada más se sacó ganancia y se invirtió poco”, según el presidente del sindicato
El presidente de AUTE, Jhony Saldivia, insistió en que los planteos se reiteran “hace ya más de una década” y dijo a la diaria que si bien en 2015 “empezó una merma de ingreso de personal, de algunos recursos y de algunas obras de infraestructura que empezaron a no hacerlas y otras a privatizarlas”, en 2020 “se vio mucho más acentuado” y la empresa pública se utilizó como “una caja de donde nada más se sacó ganancia y se invirtió poco”.
También cuestionó que se hable de una “crisis energética”: “Por suerte no es el problema que teníamos cerca de 2005, cuando estábamos en una crisis en la que no había energía. Hoy energía hay, estamos teniendo problemas en la falla en el sistema de las redes de distribución por falta de presupuesto”, aseveró.
Consultado particularmente por el incendio de la subestación a principios de diciembre, dijo que se debió a una falla en transformadores “que realmente están cumpliendo su ciclo de vida”. “Una cosa es que se incendie una subestación en el medio del campo, que también está mal, pero otra cosa es cuando tenemos un riesgo como un complejo de viviendas al lado”, reflexionó sobre el episodio.
Sobre el ingreso de personal, recordó que en 2018 se planteó “que se jubilaran tres compañeros e ingresaran dos nuevos” y tras un conflicto se mantuvo el “uno por uno”. Por otro lado, en 2020, “se jubilaban tres y entraba uno”, por lo que nuevamente realizaron una huelga y por eso afirmó que se encuentran “sosteniendo la plantilla de 6.200 trabajadores en base a conflictos que se vienen dando en estos años”.
Saldivia también dijo que en 2010, enmarcado en el llamado Plan Bambú, “se contrató a una consultora” que, tras el análisis, “planteaba que se necesitaban 8.500 trabajadores propios de UTE para poder mantener el servicio”. Señaló que ya en 2015 tenían “un desfasaje de casi 2.000 puestos” y, en 2020, con “una plantilla objetivo de 6.800 trabajadores”, la empresa “terminó en 6.200 y perdimos 600 posibles vacantes que estaban para cubrirse dentro de la empresa”.
“Con este directorio, hace unos meses nos reunimos e hicimos el planteo de que sabemos que el ingreso de 2.500 personas no es tan sencillo –necesidades tenemos todos y todos lo vemos–, pero sí iniciar un proceso de decir ‘necesitamos por lo menos volver a lo que era 2020 con esas 600 vacantes más’ y entonces rondar los 6.800 funcionarios”, expresó.