Este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, al que accedió la diaria.
La CIDH indicó que al 18 de enero pudo confirmar la liberación de 143 presos políticos en ese país, pero que al mismo tiempo ha recibido información que indica la continuidad del funcionamiento de centros clandestinos de detención. Exigió al gobierno venezolano que se aclare el número de personas detenidas y su paradero, así como que se informe de manera “transparente, actualizada y verificable sobre las condiciones de liberación de los presos políticos”. “Esto incluye claridad sobre las medidas cautelares o restrictivas impuestas, cualquier limitación a la libertad de movimiento o de expresión, su estatus legal actual y el acceso a atención médica y psicológica para las personas liberadas y sus familias”, advirtió la comisión en su informe.
En ese marco, el embajador uruguayo ante la OEA, Edison Lanza, remarcó en su discurso ante el Consejo Permanente la “alta prioridad” que le asigna el país a “la promoción y protección de los derechos humanos, así como al respeto irrestricto del derecho internacional y de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la OEA”. Reiteró la posición del gobierno uruguayo de que la situación en Venezuela “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, a través del diálogo y la negociación”, y que estos procesos “deben ser liderados por las y los venezolanos”.
Al mismo tiempo, Lanza señaló que Uruguay aboga por “la apertura de un proceso de transición hacia el restablecimiento pleno de la democracia representativa y participativa en Venezuela, sin presos políticos, conforme a los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Este proceso hacia el restablecimiento democrático, advirtió el embajador, “debe incluir el llamado a las autoridades a cargo para la pronta liberación de todas las personas injusta y arbitrariamente detenidas por motivos políticos y el restablecimiento del ejercicio de la libertad de opinión y expresión, elemento central para sentar las bases de un diálogo político genuino y constructivo”.
Lanza saludó la liberación de aproximadamente 150 personas —entre ellas 20 periodistas y más de 80 activistas, líderes sociales y dirigentes políticos— que dispuso el gobierno venezolano tras el bombardeo y secuestro de su presidente por parte de Estados Unidos el 3 de enero, pero advirtió que las excarcelaciones “derivadas de detenciones arbitrarias e ilegales” deben continuar para avanzar hacia “el pleno ejercicio de las libertades, la reconciliación nacional y la búsqueda de soluciones duraderas en beneficio del pueblo venezolano”.
El embajador de Uruguay ante la OEA advirtió que la información compartida por la CIDH da cuenta de que aún permanecen en Venezuela “centenares de personas detenidas” y “restricciones para el ejercicio pleno de las libertades fundamentales”. Uruguay se mostró dispuesto a contribuir a los esfuerzos “orientados a la recuperación de la institucionalidad y al pleno respeto al pluralismo político y a los derechos humanos” en Venezuela.