El departamento de Treinta y Tres fue el primero en tener un Circuito de Memoria, por el que se pueden recorrer seis puntos señalizados en espacios públicos que recuerdan a personas asesinadas, desaparecidas, detenidas y torturadas -entre ellos, estudiantes, docentes, militantes y ciudadanos- en el marco de la dictadura cívico-militar y el Plan Cóndor. Este sábado, dicho circuito se completará con la colocación de una placa en el Batallón N° 10 de Infantería, donde se mantuvo presas a 50 mujeres, nacieron cinco niños en cuativerio y se secuestró y torturó a 39 adolescentes y jóvenes, la mayoría de ellos militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
El circuito comienza con una placa en la plaza 19 de Abril en homenaje al estudiante de 20 años y militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Mario Eguren, quien fue detenido y asesinado por efectivos policiales y civiles. Nibia Díaz, profesora de Biología jubilada y ex presa política del Batallón N° 10, contó a la diaria que en el lugar donde mataron a Eguren “está marcada la pisada en la vereda”.
El circuito sigue por la avenida Brasil, donde hay tres placas que rinden homenaje a jóvenes nacidos en el departamento, que fueron secuestrados y desaparecidos: Arazatí López, Modesto Machado y Júpiter del Pino. En el Liceo Departamental N° 1 hay una placa que recuerda al maestro y profesor de matemáticas asesinado por la dictadura Manuel Toledo, y también hay una señalización que recuerda a los estudiantes y docentes del liceo que fueron detenidos el 12 de abril de 1975 y torturados en el cuartel por oponerse a la dictadura.
En el Batallón N° 10 hay una señalización que recuerda a Luis Carlos Nucho Batalla Piedrabuena, quien fue asesinado en ese cuartel el 25 de mayo de 1972, y se convirtió en el primer muerto por torturas en una unidad militar.
En ese momento, su muerte motivó una interpelación al entonces ministro de Defensa Nacional, Enrique Magnani. Asimismo, en una sesión del Senado, según consta en los registros taquigráficos de la época, el frenteamplista Juan Pablo Terra expresó: “Nos han matado a un muchacho de nuestro partido, torturándolo hasta morir. Se trata de Luis Carlos Batalla, un obrero de 32 años, casado y con dos hijitas, una de tres años y medio y otra de dos años y medio”.
Díaz consideró que, “por su significado”, la placa que se colocará este sábado es “de las más importantes del departamento”, porque es una de las “cárceles olvidadas”, junto a la de Paso de los Toros en Tacuarembó. Hay “mucha gente no sabía” lo que había sucedido hasta que los ex presos comenzaron a hablar, señaló.
También resaltó que Treinta y Tres “es un departamento muy particular donde la gente hasta el día de hoy niega [la dictadura], no saben lo que sucedió, te discuten, incluso gente militante de izquierda te discute que no, que eso no es cierto”.
Por otro lado, Díaz resaltó la importancia de la placa, así como del Circuito de la Memoria, para las nuevas generaciones, que algún día, cuando los protagonistas de esas historias ya no estén, “van a preguntar por qué es esa placa y va a averiguar qué fue lo que pasó”.
“Esto es un acto de reparación. El colocar la placa, el estar ahí, el mostrarle a la ciudad, a los habitantes de la ciudad de Treinta y Tres que eso es así; es un acto de reconocimiento a todas aquellas personas que pasaron por ahí”, subrayó.
Entre el 12 y el 15 de abril de 1975, los militares detuvieron a 39 adolescentes pertenecientes a la UJC, en su mayoría estudiantes del liceo Nº 1 de Treinta y Tres, que tenían entre 13 y 19 años. Los jóvenes fueron secuestrados en sus casas con órdenes de la Justicia militar y retenidos durante 20 días bajo torturas, que incluyeron plantones, golpes, submarino, quemaduras y descargas eléctricas; en el caso de las mujeres, fueron víctimas de tocamientos. La Justicia militar les quitó la patria potestad a los padres e impidió a los adolescentes continuar con sus estudios.
En 2024, la jueza letrada de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, condenó a los militares retirados Juan Luis Álvez, Héctor Rombys y Mohacir Leite en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra los 39 adolescentes en el Batallón Nº 10.
Díaz, que tenía 29 años y estaba embarazada cuando la detuvieron, contó que hubo cinco mujeres que dieron a luz en cautiverio a lo largo del 72 y a principios del 73. “Y ahí empezó nuestro periplo con los niños, un montón de mujeres juntas, algunas muy jovencitas de 18, 20, 22 años, casi todas primerizas”.
Díaz estuvo presa desde 1972 hasta 1980. Su hija estuvo con ella por dos años, después se hizo cargo su familia, y luego de eso la trasladaron a ella y a otras mujeres a Punta de Rieles. “Fue difícil el traslado porque nos separaron de los chiquilines”, recordó.
Sobre si tuvo miedo en algún momento de no volver a ver a su hija, Díaz dijo que desde que nació y estaba en el Hospital Militar fue necesario que le pusieran guardia. Los militares “me la pidieron y me dijeron que yo no la iba a poder criar, que se las dejara, que ellos me la iban a criar. Hasta que una nurse me avisó que había un oficial que iba todos los días y la miraba. Tuve que hablar con el director del hospital, que era un médico; le planteé la situación y me dijo que él iba a poner guardia”. A más de medio siglo de lo sucedido, Díaz dice que lo que hacían los militares con esas amenazas “era más que nada una forma de torturar psicológicamente”.
