La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el viernes su informe anual sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo. El documento analiza la situación de varios países, entre ellos, Uruguay, sobre el que evalúa en particular la aplicación del convenio sobre libertad sindical -específicamente, lo referente a las ocupaciones de los lugares de trabajo- y del convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Esto, fundamentalmente, a partir de las observaciones que remitieron al organismo en agosto de 2025 la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, la Cámara de Industrias del Uruguay y la Organización Internacional de Empleadores, que a su vez motivó una respuesta del gobierno uruguayo, que el informe recoge.

Sobre la cuestión de las ocupaciones, los expertos de la OIT toman nota “con interés” de la aprobación de la ley de urgente consideración (LUC), que en su artículo 392 establece que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”, así como del decreto reglamentario 281/2020, que dispone que, en caso de ocupaciones, el empleador puede solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que podrá convocar a una instancia de conciliación y, en cualquier momento, intimar la desocupación inmediata del establecimiento y proceder al desalojo.

Las cámaras cuestionaron al gobierno de Yamandú Orsi porque entienden que “ha adoptado una postura de no injerencia frente a las ocupaciones, evitando ordenar desalojos mediante la fuerza pública y privilegiando la negociación”. Entienden que esta situación “podría incrementar la conflictividad y las ocupaciones de lugares de trabajo, obligando a los empleadores a recurrir a acciones de amparo para ingresar a la empresa”. En cambio, el gobierno sostiene que “se limita a fomentar la negociación y que, hasta el momento, ha logrado evitar la desocupación mediante el uso de la fuerza policial”.

El subsecretario del MTSS, Hugo Barretto, evaluó en diálogo con la diaria que la conducta del gobierno en esta materia ha sido “muy exitosa” y “ejemplar”, ya que ha cumplido con la LUC y su decreto reglamentario, pero lo ha hecho promoviendo “instancias rápidas de negociación en lugar de (proceder a) la desocupación inmediata”.

Respecto de este punto, la comisión de expertos se limita a alentar a las partes a que sigan proporcionando información sobre el tema.

Se mantiene la observación sobre el funcionamiento de la negociación colectiva

La comisión de expertos recuerda en su informe que “desde hace varios años” la OIT está solicitando al gobierno uruguayo que revise la ley de negociación colectiva de 2009, “con miras a asegurar su plena conformidad con los principios de la negociación colectiva y los convenios ratificados por Uruguay en la materia”. En particular, la comisión entiende que la negociación colectiva debe tener un “carácter libre y voluntario”; cuestiona en ese sentido que los consejos de salarios resuelvan sobre ajustes en las remuneraciones y condiciones laborales, porque entiende que deberían limitar su actuación a la fijación de salarios mínimos.

“Al tiempo que saluda la muy alta tasa de cobertura de la negociación colectiva señalada por el gobierno, la comisión lamenta observar que, a pesar de sus reiterados comentarios, así como de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical”, no ha habido “modificaciones ni esclarecimientos acerca de la competencia de los consejos de salarios en materia de ajustes a las remuneraciones que estén por encima de los mínimos por categoría y de condiciones de trabajo”, indica el informe. La comisión insta por tanto al gobierno a revisar el artículo 12 de la ley de negociación colectiva, que dispone que los consejos de salarios tendrán como cometido “fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada”, así como “establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo”.

Barretto: “El principio de libertad en Uruguay se respeta a rajatabla”

Barretto dijo a la diaria que la OIT “tiene una concepción de siempre, esperable”, de que la negociación colectiva tripartita debe limitarse a la fijación de salarios mínimos. Pero apuntó que en Uruguay, desde la década del 40, la negociación en los consejos de salarios incluye ajustes de remuneraciones y discusión sobre condiciones laborales, y que lo que hizo la ley de negociación colectiva de 2009 fue formalizar esta situación que ya se daba de hecho. Aclaró que en el caso de la fijación de condiciones laborales, para aprobarse debe haber acuerdo entre empleadores y trabajadores.

“Ese principio de libertad en Uruguay se respeta a rajatabla”, aseguró. Y destacó la alta cobertura y el alto porcentaje de acuerdos logrados en la última ronda de los Consejos de Salarios. Puntualizó que esta situación “no se compadece” con las críticas de las cámaras empresariales: “Si hay afectación al principio de libertad, ¿por qué ese grado de adhesión al sistema?”, inquirió.

Sobre las observaciones realizadas por la OIT, Barretto consideró que en el organismo “no hay una comprensión cabal de las formas de negociación colectiva que existen en Uruguay”. Dijo que el gobierno “en principio” no se plantea realizar ajustes normativos para salvar las objeciones.

En cuanto a las consecuencias que estas observaciones pueden tener para Uruguay, Barretto indicó que los comentarios del organismo internacional apuntan a “generar un diálogo entre el país observado y el resto” de los Estados que integran la OIT, diálogo que podría eventualmnente darse en una audiencia que se realizará en junio de este año. Es una instancia en la que el país “está expuesto, tiene que dar explicaciones”, y por lo tanto es “una situación que los países tratan de evitar”, aunque no tiene “consecuencias económicas” o de otro tipo, detalló.