El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) examinará el martes y miércoles la situación de Uruguay. Una delegación del gobierno de Yamandú Orsi ya está en Ginebra para responder a las preguntas del comité y a los informes presentados por la sociedad civil y por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) sobre el cumplimiento del Estado de sus compromisos internacionales en materia de derechos. También tendrán que responder representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Uruguay forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en este marco, debe someterse a revisiones periódicas de un comité de 18 expertos internacionales independientes sobre cómo está implementando el pacto.

La última reunión de este tipo se realizó en 2017. En esta ocasión, el CDESC considerará un informe elaborado por el Estado en 2022, que tuvo su respuesta por parte del Comité en 2023, y una nueva réplica del Estado en abril de 2025. La falta de presupuesto de Naciones Unidas en general y del comité en particular ha hecho que el proceso se enlentezca, y eso “dificulta un poco” el trabajo, ya que los Estados tienen que estar respondiendo cuestiones “muy anteriores, que algunas reflejan todavía los rezagos de la pandemia”, señalaron a la diaria desde la delegación uruguaya.

Las últimas preguntas del CDESC están centradas en los impactos en materia de DDHH de los acuerdos de libre comercio, en particular del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, la mitigación del cambio climático, la discriminación racial, las medidas adoptadas para reconocer a los pueblos indígenas, la desigualdad y la pobreza, género, políticas de empleo y seguridad social, vivienda, situación de calle, agua potable, salud mental y los impactos de la reforma educativa.

El informe de la INDDHH

La Institución Nacional de Derechos Humanos remitió en enero de este año al CDESC de las Naciones Unidas su informe sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en Uruguay, centrado particularmente en los derechos de las infancias y adolescencias.

En primer lugar, recuerda que en Uruguay la pobreza “se concentra mayoritariamente en los hogares con más niños, niñas y adolescentes”, y advierte que esta escasez de recursos “afecta las posibilidades (de las infancias y adolescencias) de acceder a un nivel de vida adecuado, que incluye sus derechos a la alimentación, la vivienda y la educación”. Además, señalan que las viviendas en las que residen niños y niñas de 0 a 5 años son las que muestran mayores niveles de hacinamiento, seguidas de las viviendas en las que residen niños y niñas de 6 a 12.

“Preocupa a la INDDHH esta situación de las infancias, que converge con otras vulneraciones de derechos y no ha sido revertida a pesar de los esfuerzos estatales”, subraya la institución.

La INDDHH también señala los “altos índices de institucionalización de niñas, niños y adolescentes” en Uruguay: es el país con la tercera tasa más elevada de América Latina (321 cada 100.000). El monitoreo realizado por la institución en los centros de atención del sistema de protección especial “evidenció vulneraciones de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes bajo la protección del Estado”, en particular los vinculados a salud mental. Se constató que el 56% de los centros de protección había tenido en el último mes una niña, niño o adolescente hospitalizado por razones de salud mental, y en el 53% de los centros del país se registraron situaciones de intento de autoeliminación. A esto se suma que, en promedio, las infancias y adolescencias deben esperar nueve meses para que se concrete el traslado a centros de atención integral en salud mental, “y en algunas situaciones se han superado los dieciocho meses”. “La INDDHH exhorta al Estado uruguayo a tomar medidas rápidas y efectivas en esta materia”, remarca el informe.

También se constató en el monitoreo que el 28% de las niñas, niños y adolescentes del sistema de protección estatal que se encontraban en centros para atención a episodios de crisis agudas permanecían internados a pesar de poseer el alta médica.

La INDDHH señala además la falta de una ley marco sobre el derecho a la alimentación, y recuerda que el 13,7% de los hogares en Uruguay padecen inseguridad alimentaria moderada o grave.

Señalamientos de Amnistía Internacional

El informe de Amnistía Internacional pone foco en las carencias del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC): “La población beneficiaria del SNIC no puede acceder a la atención estipulada por la ley, lo que vulnera su derecho a la atención y otros derechos conexos, en particular el derecho a la salud. Es urgente e imperativo que el Estado uruguayo garantice a la población en situación de dependencia severa el acceso inmediato a la atención y la posibilidad de contar con asistentes personales”, señala el documento. Añade que el Estado uruguayo no garantiza a los niños, niñas y adolescentes con dependencia severa el acceso al programa de asistentes personales que “podría facilitar su inclusión educativa”, al tiempo que reclaman la expansión del programa. Indican que la cobertura en esta materia para menores de 6 años es solo del 36%.

Amnistía advierte que si no hay una implementación efectiva del SNIC, “no solo se vulnerarán los derechos de las personas en situación de dependencia, sino también los de las mujeres y niñas, quienes dedican tiempo en forma desproporcionada al trabajo de cuidados no remunerado y, por lo tanto, son las principales afectadas por la inaceptable situación actual”.

Además, Uruguay continúa siendo un “país hostil para las mujeres y las niñas que viven en su territorio”, sostiene Amnistía, y en particular menciona que los reportes sobre violencia doméstica y basada en género han aumentado 19% en los últimos 10 años, mientras que en 2024 los casos de explotación sexual comercial aumentaron 24%.

Por otra parte, Amnistía advierte sobre el problema de la salud mental: “El acceso a los servicios de salud mental en Uruguay sigue enfrentando obstáculos para las personas que los necesitan, lo que repercute directamente en el aumento de las tasas de suicidio”, indica la organización, y agrega que ha habido avances escasos en materia de implementación de la ley de salud mental.

Las respuestas del Estado

El Estado uruguayo responderá sobre estos puntos y otros a consideración del comité, con la participación de representantes de los tres poderes. En el caso del Poder Ejecutivo, intervendrán los organismos responsables en cada una de las áreas. Se abordarán temas vinculados a educación, salud, ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, políticas de empleo y no discriminación, entre otros.

“¿Cuál sería el punto fuerte que nosotros tenemos para presentar? La nueva ley de presupuesto y el foco que pone justamente en tratar de alcanzar progresivamente los derechos. El foco claro que tiene el presupuesto en infancia y en los aspectos sociales es lo que nos abre margen para poder avanzar en el goce efectivo de estos derechos”, dijo a la diaria una fuente del Poder Ejecutivo. El gobierno buscará enumerar los logros en cada una de las áreas y “también escuchar al comité en las observaciones que nos quiera realizar de las cosas en las que aún debemos seguir trabajando”.