Apenas se conoció que la Fiscalía resolvió archivar la causa contra el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, del Partido Nacional (PN), en filas blancas empezaron a desplegarse expresiones de “alegría” y de que se hizo “justicia”.
Uno de los primeros en reaccionar públicamente fue el excandidato Álvaro Delgado, presidente del directorio del PN. En su cuenta de X expresó su “profunda alegría por el intendente Besozzi, su equipo, su familia y el PN”. “La Fiscalía pidió su sobreseimiento y el de su equipo. Casi un año después, la Justicia se impone. Hay que cuidar el honor de las personas, en política no vale todo”, agregó. A su vez, en la misma red social, el senador Javier García, líder de Alianza País –el sector al que pertenece Besozzi–, también expresó su “alegría” porque se hizo “justicia” con el intendente “y el resto de su equipo, que estuvo cuestionado”. “Como siempre lo sostuvimos: un proceso iniciado con clara intencionalidad y motivación política. Se hizo Justicia”, insistió.
A su vez, el diputado blanco Pablo Abdala escribió en su cuenta de X que es una “gran noticia, en la perspectiva del valor de la Justicia”. “Dijimos desde el inicio que Besozzi fue víctima de una trama infame. Con evidente mala intención, en tiempo de elecciones. Como suele decirse para reivindicar a los magistrados honestos, ‘quedan jueces en Berlín’”, agregó. En diálogo con la diaria, Abdala sostuvo que la actuación de la fiscal que intervino en el tema en primera instancia (Stella Alciaturi) “claramente fue con intencionalidad política, y por eso terminó siendo apartada de la causa, en la medida en que no daba las garantías de imparcialidad y de neutralidad que tienen que dar los magistrados”. Abdala aseguró que la fiscal tenía “una clara simpatía hacia el Frente Amplio [FA], expresada en las redes sociales”.
“Hubo decisiones que tomó en aquel momento, absolutamente incomprensibles, que se terminan comprendiendo a la luz de estos vínculos políticos que tenía. Como haber conducido al intendente Besozzi por la fuerza pública de una forma desmedida e innecesaria, cuando estaba declarando como testigo, simplemente para someterlo a una especie de humillación ante los ciudadanos de Soriano, a dos o tres meses de las elecciones”, sostuvo.
Por su parte, el senador blanco y exintendente de Cerro Largo Sergio Botana le dijo a la diaria que el archivo de la causa es “un acto de justicia frente a un atropello indebido”, que fue “un abuso de poder de Fiscalía derrotado por la razón”. Según Botana, buscaron “dañar la imagen de uno de los hombres más íntegros de la política uruguaya y también dañar la imagen de los intendentes”. “No existe otra razón que lo explique. Si fueran a poner presa a la gente por las cosas que no son ni delito ni falta, sino mal intencionado pensamiento, iríamos todos presos”, sostuvo.
En tanto, el directorio del PN emitió un comunicado sobre el tema, en el que “reafirma la trayectoria personal y pública de Besozzi”, en especial como integrante de esa colectividad política, “cuyo directorio oportunamente lo respaldó”. “Confirmar la confianza en el Poder Judicial y el resto del sistema de justicia, sus pronunciamientos, en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear sin elementos ajenos al orden jurídico”, señaló el directorio en el segundo punto del comunicado.
Por último, el PN exhorta “a cuidar el preciado honor de las personas y evitar, por tanto, toda intencionalidad y motivación política en estas causas; porque en democracia, la verdad, la justicia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier interés circunstancial”.
Por otro lado, Javier Siniestro, edil del FA de Soriano, dijo a la diaria que le sorprendía la decisión de Fiscalía y añadió que no sabe “cuáles son los elementos que manejan realmente para juzgar a las personas, porque elementos tenían”. “No sé qué pasó, realmente nos tiene sorprendidos. Lo único que sabemos es que si mañana pasa una gallina y vos te la robás, te pasan para adentro, te sacan la foto y te procesaron”, finalizó.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta, en tanto, comentó en X sobre la decisión judicial: “Lo grave de este caso es que se perdió la cadena de custodia del 90% de los audios (pruebas claves de esta investigación). Tratándose de escuchas telefónicas, debieron estar debidamente encriptados y registrados bajo los protocolos correspondientes para garantizar su integridad y evitar cualquier manipulación”.