En un verano marcado por cuatro fallecimientos de menores bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), entre el 31 de diciembre y el 6 de febrero, este jueves la diaria Radio recibió a Luis Pedernera, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU: “Uno no percibe que el país levante la cabeza en algo tan sensible como es la situación de niñas y niños en Uruguay”, lamentó. Desde su trabajo en la institución examinó la situación en cientos de países y, a la luz de la “escala” que tienen los problemas locales, el hecho de que Uruguay lleve “décadas sin resolverlos entristece y da bronca”, ya que deberían ser “de fácil resolución”.

“Pese a los discursos que colocan a la infancia como tema de primer orden en la agenda, los niños en Uruguay importan poco”, afirmó. Cuestionó que, aunque el sistema político “se puso de acuerdo” para aprobar la Ley de Garantías para las Infancias hace más de un año –que promovió la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en su rol como senadora–, la iniciativa “demoró en reglamentarse” y “recién hoy va a ocurrir la primera reunión”, ya que está en agenda un encuentro del gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia este jueves en Torre Ejecutiva, tras el filicidio de Jonathan Correa. “Ya tenemos un año y meses desde que ese gabinete debería estar en funcionamiento”, advirtió.

Sobre casos como el de Jonathan Correa, indicó que “estos niños son una isla rodeada de omisiones del mundo adulto y del Estado”. Dijo que, “si es que existe”, la política pública para las infancias uruguayas funciona “de manera espasmódica y en un permanente simulacro”, porque lo hace con base en “hechos tristes, lamentables, catástrofes en la vida de los niños, pero también con grandes anuncios”. A su vez, detectó el “uso político” sobre la problemática en función de los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) sobre los hogares del INAU: “La institución no comenzó a decirlo ahora. En el período pasado se ‘carpetearon’ informes de la INDDHH. No salieron a la luz pública como están saliendo ahora, y se tomaron tiempos políticos”, aseguró. Agregó que el directorio anterior del INAU acusó a la INDDHH “de elaborar informes antojadizos”.

INAU es “el mismo perro con diferente collar”

Precisamente sobre el INAU, Pedernera se mostró crítico. Señaló que no funciona como “una matriz institucional nueva”, sino que en 2004, tras el Código de la Niñez y la Adolescencia, se “cambió el nombre a una institución que viene existiendo desde 1934 para que suene al tiempo de los derechos del niño”, a pesar de que el centro de su actividad sigue “en el niño problema-abandonado”.

“Yo había escrito un artículo con el título ‘El mismo perro con diferente collar’. Es más o menos eso. Uruguay necesita dar un debate fuerte sobre una institucionalidad protectora de los derechos del niño”, advirtió. Sin embargo, en sentido opuesto, valoró que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente “es un ejemplo de madurez del proceso institucional de la política pública en materia de justicia penal juvenil”.

En lo que respecta a cambios puertas adentro para el INAU, un primer señalamiento fue que Uruguay “sigue internando mucho”, y hay consenso en que “la familia es el mejor lugar para el crecimiento de los niños”, ya que “un bebé, por cada tres meses institucionalizado, pierde tres meses de desarrollo”. Además, en las puertas de entrada a los dispositivos, la intervención técnica tiene “un fuerte componente etnocéntrico”, y hay “una idea preconcebida de familia en el técnico que opera sobre el niño”, con criterios para definir la vulnerabilidad que están “bastante sesgados”.

La respuesta estatal

En línea con lo anterior, pero con el eje en el caso de Jonathan Correa, identificó que “hay un llamado fuerte a que la acción del INAU, por sí sola, no basta” frente a la “negligencia del Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. A la luz de la falla en la articulación entre las distintas dependencias del Estado, apuntó contra el gabinete que se reunirá hoy y dijo que “debería generar expectativas” puesto que la idea es que “las instituciones se sienten, articulen, para que un niño no muera por olvido estatal”.

“Hicimos la mayor asignación presupuestal para la primera infancia en la historia de Uruguay con la aprobación del presupuesto”, dijo el presidente Yamandú Orsi durante su discurso ante la Asamblea General. Pedernera resaltó el hecho pero reparó en que “la cuestión es cómo se gasta”: “Si uno invierte para sostener la vieja estructura, basada en la institucionalización como primera respuesta, no vamos bien en términos de inversión”, acotó. De esta manera, si los recursos se vuelcan en “más funcionarios para puertas de entrada”, resulta “obvio” que la apuesta es por institucionalizar.

Para habilitar insumos, una alternativa que maneja el sector sindical radica en establecer una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas. Aunque estuvo por fuera de la discusión, afirmó que “las políticas redistributivas e impositivas tienen que discutirse con criterio de justicia social”, y subrayó no ubicar la carga impositiva “siempre sobre las espaldas de los sectores menos favorecidos”. “Conozco lo que son los países nórdicos, que tienen una carga impositiva muy alta, pero eso después se nota en los servicios a los que accede la población. Hay una apuesta en términos de desarrollo de todo, uno lo ve después desde el barrio a la ciudad”, cerró.

¿Prohibir que adolescentes accedan a redes sociales?

Hace una semana, el tema se planteó enmarcado en el conversatorio “Prohibición en redes sociales a los 16 años, ¿sí o no? Miradas desde América Latina”, que organizó el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Para Pedernera la discusión prohibicionista “termina invisibilizando dónde están los verdaderos problemas de las redes sociales y la conectividad”, además de trasladar la carga “sobre los hombros del niño”.

Planteó que en el entorno digital “hay mecanismos que roban información, anticipan y conducen al niño a que su experiencia sea totalmente guiada e inmersiva”. Calificó lo anterior como “un fenómeno transnacional” en el que “las familias, de ojos cerrados, están entregando información a las empresas para que lucren”, y que los estados “tienen la obligación de regular y exigir a las empresas marcos regulatorios y los más altos estándares de ética y transparencia sobre su actividad”, aseguró.