El lunes de la semana pasada, días después del discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, lanzó la propuesta de habilitar “la participación de pequeños accionistas” en las empresas públicas, en el marco de una entrevista con la diaria Radio.
En declaraciones a Telemundo, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, dijo el martes que el planteo la “sorprendió”. “Para mí fue una sorpresa, no conocía para nada la propuesta, [pero] cada uno es libre de proponer lo que quiera, obviamente, la libertad es libre”, expresó. Y agregó: “Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse, porque estamos hablando ni más ni menos que de las empresas públicas”.
El planteo de Sánchez fue recibido con cautela en algunos sectores del Frente Amplio. El senador socialista Gustavo González, por ejemplo, consideró que el tema debió ser previamente conversado con los trabajadores de las empresas estatales y señaló que se trata de algo que “no está en el programa del Frente Amplio”. “No quita que se pueda discutir, pero no sé si es la urgencia hoy”, afirmó.
En respuesta, el diputado del MPP Joaquín Sequeira señaló que las bases programáticas del FA establecen que “para que las empresas públicas puedan cumplir su rol clave para el país es necesario implementar transformaciones que las potencien en sus capacidades”.
El domingo, Sánchez profundizó en su planteo a través de una transmisión en Youtube: “Lo que estamos proponiendo nosotros no es lo que algunos ansían, que es vender las empresas públicas”, ya que “no se pueden vender acciones de las empresas públicas, porque no tienen acciones”, expresó. La propuesta, señaló, consiste en generar “fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas propiedad de nuestras empresas públicas” que coticen en bolsa, como ya sucedió en el caso de la energía eléctrica.
Cosse dijo que “con el correr de los días” Sánchez “ha explicado un poco mejor” el planteo inicial. No obstante, reiteró que, a su modo de ver, “lo mejor sería que se usaran ámbitos colectivos para desarrollar ideas de este tipo, más allá de que todos somos libres de hacer propuestas y después profundizarlas”.
La expresidenta de Antel y exministra de Industria sostuvo que “hay una cantidad de cosas para poner en agenda” con relación a las empresas públicas. A modo de ejemplo, mencionó “todo lo que tiene que ver con la política de energía”, es decir, “qué lugar le vamos a dar al hidrógeno, qué posición vamos a tener con respecto a la búsqueda de hidrocarburos”; así como también “el papel de las telecomunicaciones en el mundo actual, cómo vamos a seguir, qué rol van a tener los contenidos, qué rol va a tener la ciencia en su relacionamiento con las empresas públicas, y al revés”. “Hay una gran cantidad de cuestiones en agenda que me parecen importantes que hay que discutirlas en colectivo como lo que son”, subrayó.
El fin de semana, el Comité Central del Partido Comunista manifestó en una declaración que la discusión sobre las empresas estatales “debe darse sobre la base de respetar los pronunciamientos ciudadanos sobre ellas, garantizando la propiedad estatal de las mismas”. Asimismo, el sector propuso revertir algunas asimetrías que “otorgan ventajas a las empresas privadas” que compiten con las empresas públicas.