El caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre en Flor de Maroñas hace un mes, se trató este martes en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Diputados. La comisión recibió a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para recabar información sobre qué falló y por qué no se intervino a tiempo. La convocatoria al INAU fue realizada por los diputados colorados Felipe Schipani y Conrado Rodríguez.
Semanas atrás, las autoridades del organismo señalaron que, si bien hubo una indicación de la Fiscalía para dar cuenta de la denuncia por violencia doméstica presentada por la UTU a la que asistía Jonathan, la notificación nunca llegó al INAU.
La presidenta del INAU, Claudia Romero, reiteró esto en la comisión y afirmó en una rueda de prensa que el organismo “no recibió ninguna denuncia”. “Nosotros iniciamos una investigación administrativa, que está en curso, pero de la información de urgencia no resulta que haya denuncias vinculadas a la institución o el período en el que Jonathan se vinculó a la institución”, apuntó la jerarca.
Romero dijo que este martes en la comisión se conversó con los legisladores sobre la posibilidad de mejorar la comunicación a través de los sistemas de información. Sostuvo que se trata de un punto de “vital importancia” para las actuales autoridades del INAU. Señaló que el organismo tiene un convenio con Unicef que está vinculado con esto; también mencionó la ley de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia –recientemente reglamentada–, que “permite” la vinculación con otras instituciones y de este modo “pensar en un sistema de información a disposición de la trayectoria de la vida de los gurises, de la protección, de la generación de alarmas”.
Consultada sobre si el sistema está preparado para dar respuestas más rápidas y evitar casos como el de Jonathan, Romero dijo que el sistema “se está preparando, mejorando y fortaleciendo”. “De hecho, la instalación de la ley [de garantías] nos permite tener una comisión especial de seguimiento donde la idea es construir fortalezas y construir saberes para llegar en el tiempo que tenemos que llegar”, resaltó.
Luego del fallecimiento de Jonathan, el colectivo Mesa de Coordinación Zonal Flor de Maroñas había manifestado preocupación por la situación de su hermana, de 9 años. La madre de ambos fue golpeada por vecinos, quienes la acusaron de encubrir la violencia hacia Jonathan, y fue internada en un centro de salud. En ese contexto, la niña quedó al amparo del INAU. Desde el organismo señalaron a la diaria que la hermana de Jonathan ya fue trasladada a un hogar definitivo para niños de 0 a 12 años.
Legisladores colorados citaron a comisión al resto de los organismos involucrados
En una rueda de prensa, Schipani transmitió lo que informó Romero en la comisión, esto es, que la no intervención del INAU fue “por un error en el Ministerio del Interior, un error de comunicación de una decisión de la Justicia al INAU”, debido a “un policía que aparentemente entendió mal”.
la diaria informó días atrás que la denuncia radicada por la UTU fue tomada por la Fiscalía de Violencia Doméstica de 2° turno, a cargo de Luis Pacheco. La información que recibió el fiscal fue que Jonathan tenía raspaduras en las rodillas. A partir de eso, se pidió a la Policía que indagara a la familia: el adolescente dijo que se había lastimado jugando al fútbol, la madre declaró no saber cómo se había lastimado y el padre no fue interrogado. Con base en estos testimonios, y como no se registraban denuncias por violencia doméstica contra Jonathan, el fiscal entendió que no había elementos para tomar otras medidas.
Sin embargo, la denuncia fue abordada también por el Juzgado de Familia, y desde el Poder Judicial informaron a este medio que existe un acta, elaborada por la Policía, en la que consta que en noviembre de 2025 se avisó telefónicamente a la jueza letrada de Familia Especializada de 4° turno, Rossana Re Fraschini, quien dispuso que el INAU “aborde la situación”, se dé cuenta a Fiscalía y se eleven los antecedentes.
El error al que se refirió Schipani surgió cuando, tras recibir el llamado de la jueza, la funcionaria policial que realizó anotaciones sobre el caso escribió que la Justicia dispuso que se “aguarde” para dar cuenta de la situación al INAU, en vez de que se “aborde” la situación, como había dicho la jueza, lo que podría explicar por qué la Policía no se comunicó con el instituto, según señalaron desde el Ministerio del Interior.
El diputado colorado remarcó que la intención de la comisión es “echar luz” para “evitar que haya nuevos Jonathan”. Schipani dijo que las autoridades del INAU dieron un dato que a los legisladores les “preocupa muchísimo”: “No existe un sistema de información interinstitucional de todos los organismos que intervienen en los temas de violencia”. “La Fiscalía no sabe lo que hace el INAU, el INAU no sabe lo que hace la ANEP, la ANEP no sabe lo que hace Salud Pública. La actuación es por organismo, por chacra, no es por la vida de ese niño y de esa persona”, expresó, y sostuvo que mejorar este aspecto “es el cambio fundamental en el que hay que trabajar”.
Para Schipani, “lo primero es tener un sistema informático –en pleno siglo XXI, en plena era informática de la inteligencia artificial– que detecte determinadas alarmas”, para que “cuando un organismo tenga que intervenir ante una situación de violencia les salga un cartel rojo que diga que hay 14 denuncias, como aparentemente hay en este caso”.
El diputado colorado adelantó a la diaria que, con el objetivo de seguir profundizando sobre por qué el Estado no intervino en el caso de Jonathan, la comisión citará a las autoridades del Ministerio del Interior, la ANEP, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Social.