Este 1° de mayo, además de conmemorarse el Día Internacional de los Trabajadores, será el día en que entre en vigencia –al menos de forma provisional– el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). El presidente de la República, Yamandú Orsi, participará este viernes a las 10.30 en una reunión virtual protocolar con sus pares del Mercosur, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para dar el puntapié inicial al tratado.

Tras más de 25 años de negociación, el acuerdo se concreta en un contexto de profunda fragmentación geopolítica. Este miércoles, al firmar el decreto que promulga el acuerdo en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que “llega para reforzar la idea del multilateralismo” y hacer frente a las políticas proteccionistas del gobierno estadounidense de Donald Trump. “Después de que Trump tomó medidas unilaterales contra el mundo entero, la respuesta que la UE y Brasil dieron al mundo es que no existe nada mejor que el ejercicio de la democracia, que el multilateralismo y que la relación cordial entre las naciones”, dijo Lula.

En diálogo con la diaria, Nicolás Albertoni, vicecanciller entre 2022 y 2025, consideró que la entrada en vigor “significa, ante todo, que cambió el contexto internacional”. “Lo que destrabó el acuerdo fue una ventana geopolítica: Europa necesitaba resultados, diversificar cadenas de suministro y reposicionarse en un mundo fragmentado, y eso aceleró decisiones”, señaló. Recalcó que no responde a que “el Mercosur haya resuelto sus problemas”, ya que “basta con ver que cuando ahora hay que acordar dentro del Mercosur para coordinar las cuotas, volvemos a ser un bloque altamente ineficiente para acordar internamente”, dijo en referencia a la negociación intrabloque por la distribución de las cuotas de acceso al mercado europeo.

En teoría, el viernes es la fecha límite que tienen los países del Mercosur para establecer cómo se repartirán las cuotas y comunicárselo a la UE. Los equipos técnicos han estado negociando desde hace semanas, “pero todavía sin resultados”, afirmó una fuente de la cancillería a la diaria. En una rueda de prensa este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló que “muy probablemente no se alcance un acuerdo reglado” antes del fin del plazo. A partir de la entrada en vigor, el Mercosur tendrá un nuevo plazo de tres meses para informar cómo dividirá las cuotas. “Así que, para setiembre, máximo, hay que informar y tener un acuerdo”, indicaron desde la cancillería.

La consecuencia para lo que resta de 2026 es que se aplicará la “ley de la selva”, como graficó la vicecanciller, Valeria Csukasi, en una reciente entrevista con la diaria Radio. “Eso quiere decir que el primer barco que llegue a la Unión Europea con un certificado que diga ‘vengo del Mercosur y quiero entrar con la cuota’, entra”, señaló. La dinámica será la del “first come, first served”, que se traduce como “primero que llega, primero que se sirve”. Oddone sostuvo que Uruguay no está “mal” bajo ese mecanismo, pero “podríamos estar mejor si negociáramos lo que queremos”. “Nosotros somos partidarios de que ese camino no se recorra, preferiríamos ir por un camino de negociación, pero tampoco esta situación nos perjudica generalmente”, aseguró.

“Siempre va a salir favorecido Brasil” con el “primero que llega, primero que se sirve”, dijo a la diaria el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Consideró, no obstante, que “no tiene demasiado sentido cerrar un mal acuerdo”. Aseguró que están “alineados” con la cancillería e “informados”, “teniendo claro que no vale la pena hacer un mal acuerdo por apurarse”. Csukasi explicó que Uruguay y Argentina han tratado de jugar “con números y metodologías tratando de ser justos” en la negociación, mientras que Brasil mantiene una postura “maximalista” y Paraguay una “lógica de dividir todo entre cuatro”.

El acuerdo contempla alrededor de 20 cuotas sobre productos sensibles para ambos bloques. Entre ellos, carne vacuna, de cerdo y aviar, leche en polvo, quesos, azúcar, maíz, huevos, etanol, arroz, miel, fórmula infantil, ron y biodiésel. La UE empleará dos modalidades para administrar los contingentes arancelarios: bajo licencia y “primero que llega, primero que se sirve”. Por otro lado, cerca del 70% de los aranceles de la UE serán eliminados inmediatamente, una vez que el acuerdo entre en vigor.

En el Mercosur, la cuota de carne vacuna es uno de los principales nudos de la negociación, ya que se trata de una prioridad para los cuatro países. El Mercosur tiene una cuota de 99.000 toneladas de carne bovina –54.450 de carne fresca y 44.550 de carne congelada– con un arancel de 7,5%. En primera instancia, esa cuota será de 9.075 toneladas e irá progresivamente en aumento, hasta alcanzar el máximo previsto en 2031. A su vez, se eliminará el arancel para el volumen de cuota Hilton, con la que Uruguay paga actualmente un arancel de 20%.

Uruguay también tiene especial interés por las cuotas sin aranceles de arroz (60.000 toneladas) y miel (45.000 toneladas), ambas a implementarse a cinco años.

Para Albertoni, “es claramente una señal de debilidad” que el Mercosur no haya acordado la distribución de las cuotas. “Si el bloque no logra ordenarse, corre el riesgo de que un acuerdo histórico se implemente sin coordinación, diluyendo beneficios inmediatos”, advirtió. El exvicecanciller fue contratado por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) para “acompañar a nuestras empresas en el proceso de implementación del acuerdo”, dijo a la diaria el director de Comercio Exterior y Certificaciones de la CIU, César Bourdiel.

Dudas de algunas cámaras sobre aspectos de la implementación del acuerdo

Hace unos días, la CIU, la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara Mercantil de Productos del País enviaron una nota a la Dirección General para Asuntos de Integración Regional y Mercosur de la cancillería y a la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. En la nota conjunta, a la que accedió la diaria, hacen una serie de consultas técnicas relativas a los contingentes arancelarios y a la certificación de origen de los bienes.

El acuerdo incorpora la autocertificación de origen, por lo que será el propio exportador quien declarará que su producto cumple los requisitos de origen establecidos. Para los países del Mercosur se estableció un plazo de transición de cinco años durante el cual se podrá continuar utilizando el sistema de certificación a través de entidades. Bourdiel explicó que la certificación es “algo muy importante y necesario” en el marco de un acuerdo en el que las partes conceden tratamiento arancelario preferencial “sobre los bienes que son originarios de esos países y que respetan las normas de origen que esos países acordaron aplicarse”.

La postura de la CIU ha sido contraria a la autocertificación, ya que “creemos en un sistema de certificación diferente, en el que está acostumbrado y ejercitado Uruguay desde hace décadas, que es que exista una entidad certificadora del origen”, dijo Bourdiel. En la nota, las cámaras solicitaron información sobre los nuevos procedimientos para “saber cómo proceder en adelante”.

Respecto de los contingentes arancelarios, Bourdiel señaló que, “hasta donde vamos entendiendo”, sería la UE la que “les diría a sus importadores cuánto pueden importar al amparo de ese cupo que la UE le concedió al Mercosur”, por lo tanto, no sería el país exportador quien lo administre “aplicando nuestros criterios de distribución”. “Eso, para nosotros, en sí mismo ya significa un gran desafío, porque entendemos que no es el exportador el que tiene la certeza previa de saber de cuánto cupo dispongo”, señaló.

Albertoni prevé que la fase de implementación será “tan o más importante que la negociación”. En la etapa que comenzará el viernes, señaló, “el diálogo activo y la capacitación del sector privado son centrales para que las empresas entiendan dónde están las oportunidades y cómo capturarlas”.

¿Por qué la aplicación provisional?

Tras algunas postergaciones, el acuerdo entre el Mercosur y la UE se firmó el 17 de enero en Asunción. Apenas cuatro días después, enfrentó un nuevo traspié en Europa: el Parlamento Europeo, que debía comenzar el tratamiento del acuerdo interino de comercio –como lo hicieron sus contrapartes del Mercosur–, aprobó solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una revisión jurídica del texto, lo que puso en duda la pronta entrada en vigor del acuerdo.

En los países del Mercosur el acuerdo continuó por la vía legislativa, mientras que en Europa, la Comisión Europea evaluaba activar la aplicación provisional una vez que uno de los estados signatarios del Mercosur lo ratificara, como lo había previsto el Consejo Europeo a comienzos de enero cuando autorizó la firma. El 27 de febrero, con la ratificación de Uruguay y Argentina, la Comisión Europea anunció que aplicaría provisionalmente el acuerdo.